Costa Rica carece de una estructura, entre ello una entidad coordinadora y supervisora, para preservar y defender las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG) de productos locales cuando ya están en uso en el mercado.

Esa conclusión fue expuesta por las especialistas españolas Mónica de Santos Carretero y Mirian Molina, quienes recomendaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sea la entidad encargada en Costa Rica de administrar y supervisar la puesta en marcha en el mercado de las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG).

Aunque reconoció vacíos como la inexistencia de esa entidad encargada y de la reglamentación necesaria, el viceministro del MAG, Bernardo Jaén, aseveró que se debe analizar más a fondo la situación y sus alcances para definir a quién corresponde la administración de las DO y las IG en el mercado costarricense.

Una DO protege un producto por su origen, pues resguarda las características de suelo, agua, clima, altitud y otras condiciones del territorio, la especie o variedad de cultivo o de tipo animal utilizado para lograrlo, así como las prácticas culturales propias de la región para realizar las prácticas agropecuarias.

Hasta ahora, solo los productores de queso de Santa Cruz y Santa Teresita de Turrialba, y los artesanos de Guanacaste (cerámica chorotega) tienen una DO aprobada en el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Justicia, mientras que los productores de café de Los Santos (Dota, Tarrazú y León Cortés) están en la etapa final del proceso en el registro, de acuerdo con información solicitada a esa entidad.

La DO del queso Turrialba está registrada desde noviembre del 2012, pero todavía no se ha puesto en el mercado. Mientras, la del café Tarrazú está en la etapa en la revisión de un panel de especialistas autónomo, el cual recomendará al registro la decisión final. El plazo de este panel finalizó el 31 de octubre, pero pidió tres meses de prórroga, por lo que su informe estará el 31 de enero del 2019, detalló Roque Mata, presidente del Comité Regulador de la DO Tarrazú. Agregó que beneficiaría a unos 7.500 productores de café de la región, compuesta por tres cantones.

Mientras tanto, el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) tramita también denominaciones de origen para el grano de otras zonas, como Valle Central, Brunca, Valle Central Occidental y Orosi, detalló en un informe el Registro de la Propiedad Industrial.

El café de Costa Rica, en general, está protegido por una IG inscrita en el Registro y gestionada por el Icafé, lo mismo que el “banano de Costa Rica”, poseedor de una IG solicitada por la Corporación Bananera Nacional (Corbana) e inscrita también en el Registro.

Las especialistas españolas en DO e IG hicieron tal recomendación luego de que comprobaron aquí la existencia de un vacío legal y administrativo en la materia, en lo relativo a su supervisión en el mercado, aunque reconocieron una buena situación en la etapa previa, es decir, antes de inscribir en el registro público esas categorías de protección de marcas de productos por su origen geográfico y características propias.

De Santos y Molina afirmaron que no existe reglamentación en Costa Rica donde se determinen las reglas, el tipo de administración y las sanciones administrativas por eventuales incumplimientos.

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Las dos especialistas vinieron a Costa Rica luego de que el Consejo Administrador de la DO del queso Turrialba solicitara ayuda al gobierno español, por medio de la embajada de ese país en Costa Rica. España tiene más de 100 años de experiencia en la emisión y administración de DO y de IG.

La visita se financió con la ayuda de la cooperación de la Unión Europea (UE), mediante los fondos con ese fin contemplados en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (Aacue).

De Santos es subdirectora General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del Ministerio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, mientras que Molina es secretaria-gerente del Consejo Regulador de la DO del queso Idiazábal.

Las dos especialistas realizaron reuniones en Costa Rica, visitaron la región de Turrialba e impartieron un taller, con la colaboración del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat).

Los productos de otras regiones no pueden utilizar el nombre o marca de un artículo o alimento que posea denominación de origen, y si lo hacen, deberían ser sancionada en el mercado.

Según las españolas, en Costa Rica tampoco hay legislación clara acerca de las eventuales sanciones por el mal uso de una denominación de origen. En España, explicaron, hay un marco administrativo sancionatoria mediante el cual se resuelven más del 90% de los conflictos y solo los casos muy complejos llegan a los tribunales de justicia.

En busca de ayuda

Los productores de queso turrialbeños pidieron ayuda porque desde hace seis años, en noviembre del 2012, lograron que el Registro de la Propiedad reconociera la DO, pero hasta hoy no han logrado ponerla en el mercado. Sin embargo, y de acuerdo con las experiencias españolas, las dos expertas estiman que no es mucho tiempo de espera y más si se trata de la primera DO certificada en Costa Rica.

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En tanto, el viceministro Jaén reconoció el vacío legal en el área postregistro para esos modelos de protección de productos, pero señaló que el control tiene que ver con aspectos de salud, de etiquetas, de mercado y sancionatorios, por lo cual se debe analizar si es el MAG el organismo más idóneo para ejercer como coordinador.

Según el funcionario, podría ser mejor un órgano multidisciplinario e interinstitucional, como una comisión, por lo cual el país debe profundizar en el tema de manera conjunta. El MAG apoyó y estuvo en todo este proceso de la visita de las expertas españolas.

“Estamos conscientes de que nosotros en la institucionalidad nos falta normativa para el postregistro, porque la reglamentación tiene que ser muy especifica. En ese sentido hemos acudido a la embajada y al gobierno español para apoyarnos en la formulación de normativa y reglamentación y establecimiento de la autoridad de competencia”, detalló Jaén.

Según De Santos Carretero, dentro de las primeras etapas de un país en la formulación de denominaciones de origen se recomienda el “apoyo administrativo” para que las organizaciones logren poner su registro exitosamente en el mercado. Ese apoyo debería incluir la promoción de la marca, lo que significa una protección y que el consumidor esté consciente de las ventas o beneficios que tiene al recibir un producto con garantía de calidad y de la zona de procedencia, y no uno que incumpla con las regulaciones.