Hay datos del Registro Civil, del Ministerio de Educación, de las instituciones que brindan ayudas sociales y del Expediente Digital Único en Salud (Edus) de la CCSS.
Con toda esta información, el Estado costarricense está en capacidad de saber con detalle cómo viven sus ciudadanos y cuáles de ellos requieren ayuda para salir de la pobreza.
“Hoy no podemos decir que no sabemos dónde están los pobres”, aseveró Juan Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
Con una base de datos que actualmente tiene información de 4,2 millones de personas, aseguró, es posible realizar una política social “de precisión”.
Para hacerlo, actualmente hay unos ¢700.000 millones entre los recursos del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el IMAS, a lo que habría que sumar, por ejemplo, la seguridad social.
¿Es suficiente? Posiblemente no, por eso ahora buscan nuevas estrategias.