Natasha Cambronero.   30 junio
26/06/2018, San José, fotografías de los edificios del Poder Judicial en el centro de San José. Fotografía José Cordero

El Poder Judicial se ahorrará unos ¢395 millones al año, solo con los recortes aplicados a las pensiones de 19 exmagistrados.

La Corte comenzó a cobrar una contribución solidaria a los jubilados que reciben más de ¢4,1 millones por mes. El gravamen oscila entre un 35% y un 55% del monto que se exceda sobre el tope.

Al mismo tiempo, elevó en un dos puntos porcentuales el aporte obligatorio que deben pagar todos los beneficiarios del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, independientemente de que sean asalariados o jubilados. Ese aporte paso de un 11% a un 13%.

El ahorro es la suma de esos dos rubros y es el resultado de la entrada en vigencia de la reforma aprobada por los diputados para ese sistema de retiro, la cual pretende cerrar un gigantesco déficit actuarial de ¢5,3 billones.

Con los ¢395 millones, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría financiar 1.384 jubilaciones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), tomando en cuenta que allí la pensión promedio es de poco más de ¢285.000.

La Nación realizó los cálculos de ahorro con base en las pensiones brutas que reciben los 19 magistrados que se jubilaron, entre diciembre del 2002 y mayo del 2018, según datos suministrados por la Dirección de Gestión Humana de la Corte.

Los recortes fueron impugnados, ante la Sala IV, por 12 de esos exjueces, 7 altos exjerarcas del Poder Judicial y una viuda, quienes presentaron recursos de amparo entre el 1.° y el 4 de junio.

La queja es contra el Consejo Superior del Poder Judicial, como órgano administrador del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, por emitir el acuerdo que ordena aplicar los rebajos.

De los 19, esos son los nueve exmagistrados que acudieron a la Sala IV: Anabelle León Feoli y Rodrigo Montenegro Trejos, de la Sala Primera; Eva Camacho Vargas y Rolando Vega Robert, de la Sala Segunda; Magda Pereira Villalobos y Alfonso Chaves Ramírez, de la Sala Tercera; y Adrián Vargas Benavides, Luis Fernando Solano Carrera y Ana Virginia Calzada Miranda, de la Sala Constitucional.

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Rebaja promedio de un 21%

Entre más alto es el monto que se sobrepase el tope de los ¢4,1 millones, mayor es el recorte, pues los porcentajes de reducción van en ascenso hasta llegar al 55%.

Por ejemplo, para la expresidenta de la Corte, Zarela Villanueva —quien se jubiló en mayo del 2017—, sus contribuciones solidarias significaron una reducción de ¢2,7 millones en un pensión de ¢9,9 millones, es decir, un 27% menos.

Al final, la pensión neta le quedó en ¢4,3 millones, pues también se le cobró el impuesto de renta, el 5,5% a la CCSS y 11% del aporte obligario al régimen que ya venía pagando. Ella reporta la jubilación más alta de los últimos 19 exmagistrados que se han retirado.

Caso contrario, entre más pequeño el exceso por encima de ¢4,1 millones, más pequeña es la reducción.

Eso ocurre con el exmagistrado de la Sala Segunda, Jorge Hernán Rojas (jubilado desde diciembre del 2002), quien reporta la pensión más baja de los 19 exmagistrados.

Para él, la reducción fue del 13%. Le descontaron ¢773.000 de su jubilación de ¢5,9 millones.

En promedio, a cada exmagistrado se le recortó la pensión en ¢1,7 millones al mes, es decir, unos ¢20,8 millones anuales.

Eso significa que, mensualmente, al Fondo de Pensiones regresarán unos ¢33 millones, para un total de ¢395 millones, al año.

El tope de ¢4,1 millones equivale a diez veces el salario base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial. A partir de mayo, ese monto quedó en ¢413.800, según el índice salarial de la Corte para el primer semestre del 2018.

Ese techo fue establecido en ley N.° 9544, Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la cual fue aprobada en segundo debate el 19 de abril anterior y entró en vigencia luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta, el 22 de mayo.

Antes de que eso ocurriera, a principios de abril, la Sala IV avaló el contenido de esa reforma y no halló inconstitucionalidades en las medidas, pues además de cobrar una contribución solidaria a las pensiones de lujo, se aumenta la edad de jubilación, se ajusta el cálculo del monto de pensión, se sube el porcentaje que deben cotizar los funcionarios y se pone un tope máximo a las jubilaciones.