La Procuraduría General de la República (PGR) negocia una posible conciliación con tres de los nueve imputados en el caso contra el PLN, por una supuesta estafa en perjuicio del TSE, en las elecciones del 2010.
En esa causa, la Fiscalía persigue el cobro de ¢17 millones que el Partido Liberación Nacional (PLN) le hizo al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por contratos de alquiler de vehículos, aparentemente falsos.
Esos contratos se incluyeron en la liquidación de gastos de los comicios de hace ocho años, como parte de la organización del cantón central de San José.
El Ministerio Público señaló al exdiputado verdiblanco Óscar Alfaro (2010-2014) y al extesorero del PLN, Jorge Wálter Bolaños, como los presuntos artífices y creadores de la estafa. Bolaños también fue representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el gobierno de Laura Chinchilla.
Si bien la Fiscalía imputó una presunta estafa de ¢17 millones, la Procuraduría se sumó a la acusación con la presentación de una querella y una acción civil resarcitoria en la que solo reclama el pago de ¢12,5 millones por concepto del monto de la estafa, así como ¢4 millones por daño social e intereses.
El abogado del Estado estudia una medida alterna para los imputados de apellidos Pol Araya, Calderón Mayorga y Abarca Meléndez, a les atribuye un delito de estafa mayor junto a otras cinco personas —incluyendo a Óscar Alfaro y Jorge Wálter Bolaños—.
"Actualmente, la Procuraduría General de la República se encuentra analizando la viabilidad de concretar una negociación con tres de los encartados que no eran dirigentes políticos, la cual consiste en una fase de negociación en la cual se valoran diferentes componentes que no están totalmente definidos, precisamente en ello consisten las labores de concreción de obligaciones", detalló la oficina de prensa de la PGR en un correo electrónico.
Según la acusación, ellos tres insertaron datos falsos en los recibos de dinero que el PLN le entregó al TSE, a pesar de que sabían que no habían brindado el servicio de transporte, ni recibido los cheques girados a su nombre y tampoco obtenido ningún tipo de pago a cambio.
Por ejemplo, pusieron el monto supuestamente recibido y que era por el alquiler de un vehículo, aunque se presume que todo era falso.
"Óscar Alfaro les explicó a estos imputados que se confeccionarían contratos ficticios con el objetivo de generar dinero para la campaña electoral, agregándoles que ellos no iban a brindar el servicio de alquiler de vehículos y que no recibirían pago alguno por el citado servicio, aún cuando se emitiesen cheques a favor de estos por parte del PLN.
"Asímismo, solicitándoles aportar la documentación necesaria para aprobar los contratos, sea copia de su cédula de identidad, licencia de conducir, marchamos, revisión técnica vehicular al día y título de propiedad del vehículo, con lo cual estos acordaron brindarla y firmar el contrato de alquiler respectivo (...), a pesar de que nunca recibirían pago alguno y que no prestarían el servicio de alquiler de vehículo supuestamente contratado con el PLN", señala la acusación presentada el 14 de diciembre del 2017.
A Pol Araya se le imputa una presunta estafa de ¢1 millón, a Calderón Mayorga de ¢1,5 millones y a Abarca Meléndez de ¢2,5 millones, para un total de ¢5 millones.
Por el delito de estafa, el Código Penal establece sanciones de prisión que van desde los dos meses hasta los diez años.
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'Es mejor un mal arreglo que un buen pleito'
Edgardo García, abogado de los tres imputados, aseguró a La Nación que todavía no existe una negociación en firme con la Procuraduría, pero que él cree que la medida alterna es la mejor salida para sus clientes, porque no serían condenados y, por el contrario, serían sobreseídos, es decir, que se pondría fin al procedimiento penal sin llegar a una resolución sobre el fondo.
"Si hay la posibilidad, dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito y, si la conciliación nos permite llegar a una cuestión..., acuérdese que la conciliación no implica que seamos culpables de nada, no se discute el fondo".
"(...) La solución alterna es básicamente que las partes concilien, independientemente del fondo que no se entra a discutir, de tal suerte que la sentencia que se dicta, si se cumple la conciliación, es un sobreseimiento, es una causa de extinción de la acción penal.
"Yo no lo he discutido con mis clientes, pero yo eso lo voy a agotar (la medida alterna) y se lo voy a plantear a ellos, porque el delito lo permite y si el Estado está de acuerdo, eso sería más beneficioso para todo el mundo, y eso no implica que yo esté aceptando que soy culpable de nada. Esa es la mejor salida del conflicto", explicó García.
El defensor insiste en que esa opción es viable en la medida que el monto que sus clientes tengan que pagar sea proporcional al dinero que se les achaca haber estafado al TSE.
"Yo no voy a pagar ¢25 millones (la suma de los ¢12,5 millones que reclama la PGR, y el cálculo que hizo el abogado por intereses y daño social), son tres viejos, yo digo cuánto es lo mío de esos ¢25 millones y yo pago lo que es mío, porque el Estado no va a hacer un enriquecimiento ilícito y le va a sacar a cada imputado ¢25 millones. Eso sería muy contradictorio, eso habría que dividirlo", declaró García.
Y por último, agregó que en su criterio si se logra la conciliación con el abogado del Estado, la acusación del Ministerio Público ya no tendría sentido, pues el daño a la persona afectada ya habría sido resarcido.
"Yo supongo que no hay un delito que perseguir, ¿si no hay víctima, cuál delito va a seguir persiguiendo?
"El Estado reclama una estafa, es un delito común, es un delito que comete cualquiera, es decir, me perjudicaron mi patrimonio. Si el Estado dice usted me paga por la vía de conciliación esto, esto y esto, y yo le pago lo que le perjudiqué, nos ponemos de acuerdo en la forma de conciliar, cumplo la conciliación y lo que dice el artículo 30 del Código Procesal Penal es que la conciliación cumplida a satisfacción de la víctima, se extingue el delito. Entonces, hasta ahí llegó la procesión, no sigo discutiendo un tema de fondo", expresó García.
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Caso salió a la luz en 2012
El caso se remonta a mayo del 2012, cuando el TSE emitió un informe con la relación de hechos ante la Fiscalía General y señaló a 90 dirigentes del PLN por cobrar contratos de transporte supuestamente falsos. Antes de eso, el caso ya había sido denunciado por Douglas Caamaño Quirós, un vecino de Desamparados.
Aunque el Tribunal de Elecciones había presentado una denuncia que abarcaba 81 cantones y sumaba contratos por ¢400 millones, esta acusación se redujo únicamente a ¢17 millones por hechos ocurridos en el cantón central de San José.
Según había denunciado el TSE, al parecer la dirigencia de Liberación habría ideado un mecanismo para transferirles recursos a sus comités cantonales, de manera expedita, mediante contratos simulados de alquiler de vehículos.
La agrupación habría facilitado contratos machote y le asignó a cada cantón un presupuesto que osciló entre ¢1 millón y ¢4 millones, para girarles cheques por ese concepto.
Sin embargo, posteriormente, los cheques habrían sido cambiados y utilizados para sufragar otro tipo de gastos, como alimentación, pago de secretarias y papelería.
Por estos hechos, la Fiscalía le atribuye a Manuel Antonio Pol Araya, Víctor Hugo Calderón Mayorga y Javier Enrique Abarca Meléndez y a otras tres personas de apellidos Madrigal Zeledón, Rodríguez Rojas y Chaves Rodríguez, una supuesta estafa mayor contra el TSE.
A un hombre de apellidos Vargas Rojas también se le achacan seis presuntos delitos de falsificación de documento equiparado con público.
Mientras, a Óscar Alfaro y Jorge Wálter Bolaños además de una aparente estafa, también los acusa de posibles violaciones al Código Electoral, que son penadas con cárcel.