Los salarios de 120 empleados del Poder Judicial que ganan más de ¢4 millones mensuales serían congelados por dos años, si entra a regir la reforma fiscal que impulsa el gobierno de Carlos Alvarado. Entre esos sueldos, algunos superan los ¢9 millones, al mes.
Ese sería el número de funcionarios de la Corte a los que se les aplicaría el transitorio XLIX del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En ese apartado, se establece que, durante 24 meses, no se autorizará ningún incremento salarial para los funcionarios públicos que ganen ese monto o más, mensualmente.
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De esa manera, los altos salarios de la Corte no podrían crecer ni siquiera por la creación de un nuevo plus, como ha sucedido en el pasado, pues la reforma impide otorgarse nuevos incentivos a menos de que se apruebe una ley para ello.
Entre el 2008 y el 2010, por ejemplo, los magistrados aprobaron un plus denominado índice gerencial que incrementó hasta en un 96% los salarios de 46 altos rangos del Poder Judicial, ellos incluidos.
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El mismo congelamiento de salarios, incluido en la reforma fiscal, se le aplicaría al presidente de la República, sus vicepresidentes, diputados, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos y gerentes del sector público descentralizado, sin importar que ganen menos de ¢4 millones.
No obstante, desde el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), los sueldos del gabinete y la formula presidencial permanecen congelados, vía decretos.
Ese grupo de 120 empleados judiciales representa el 0,87% de la planilla del Poder Judicial, según un análisis que realizó este medio con base en la planilla del mes de julio, la cual suministró el Departamento de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia.
En ese nicho se encuentra la cúpula del Poder Judicial, incluyendo a 23 magistrados titulares y suplentes, entre ellos su presidente, Fernando Cruz.
También, están la fiscala general, Emilia Navas, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, así como una serie de jueces, fiscales, médicos, directores y subdirectores de departamento.
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Segunda medida para salarios de lujo
Una vez cumplido ese congelamiento de dos años, los sueldos superiores a ¢5,3 millones —diez salarios base—, solo sufrirían incrementos por inflación.
Así lo establece el transitorio XXXIX del proyecto de ley, el cual se aprobó en primer debate en el Congreso y el cual actualmente se encuentre en consulta ante la Sala IV, en donde se analizará la constitucionalidad tanto de la forma en que se tramitó la iniciativa en Cuesta de Moras, como el contenido del texto.
Si la reforma entrase a regir hoy, la medida aplicaría a 27 funcionarios judiciales, todos altos mandos de la Corte.
El martes pasado, por mayoría, los magistrados de la Corte Plena acordaron oponerse a la reforma fiscal mientras esta imponga medidas de contención de gasto sobre los salarios del Poder Judicial y sobre el gasto público en general.
El pronunciamiento tiende a eximir a los funcionarios judiciales de las acciones de contención planteadas en el proyecto para todos los funcionarios públicos. Tal es el caso de la transformación de las anualidades en un monto fijo en lugar de un porcentaje del salario, para evitar el crecimiento exponencial del gasto.
Otra de las medidas a las que se oponen es la reducción de los porcentajes de los pluses dedicación exclusiva y prohibición para nuevos funcionarios.
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