Por: Natasha Cambronero.   28 julio
Oficinas centrales del Banco Popular sobre la avenida segunda, en el centro de San José. Foto: Diana Méndez

El Banco Popular (BP) procura que la multa de ¢279 millones que la Sugef le impuso hace nueve años por violar la ley que previene el lavado de dinero, no salga a la luz pública ahora que el Conassif dejó en firme la sanción.

El BP acudió al Tribunal Contencioso-Administrativo a pedir una medida cautelar, con el objetivo de frenar el cobro de esa suma y declarar confidencial el caso, petitorias que fueron aceptadas por el juez.

En específico, ese órgano impidió “cualquier tipo de publicidad e información al público” relacionada con las resoluciones sancionatorias de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif).

“Que se le ordene a la Sugef, Conassif y/o Banco Central de Costa Rica, que se suspenda toda publicación e información al público, relacionada con los puntos uno y dos antes mencionados (resoluciones de la Sugef y Conassif), esto por cuanto se dañaría en forma irreparable e irreversible la imagen de este banco”, formuló el Popular.

Así consta en el expediente N.° 16-008225-1027-CA, del cual La Nación tiene una copia.

El Banco presentó la solicitud el 26 de agosto del 2016 y ese mismo día acogió las medidas de manera provisionalísima y quedó en firme nueve meses después, el 9 de mayo del año pasado y rige hasta la fecha.

El BP alega que perderá poco más de ¢16.000 millones si la sanción sale a la luz pública. Reproducción
Escenario catastrófico

Ante el Contencioso, el Banco argumenta que si la sanción sale a la luz pública, la entidad tendría una pérdida económica de ¢16.283 millones. Ese fue el cálculo que hizo Maurilio Aguilar Rojas, entonces director de Riesgo Corporativo del BP.

El ahora exgerente general del Popular, Geovanni Garro, es quien suscribió la petitoria de medidas cautelares. En el documento, él insiste en que la revelación del castigo podía generar una “percepción errada respecto de la situación real acaecida", pues se trata de un caso del 2006 y 2007, hace más de diez años.

Garro explicó que el 64% de la captación del banco en colones proviene de la colocación de ahorros a plazo de personas jurídicas, ya sea a través de la bolsa o por ventanilla del banco.

En su criterio, bajo un escenario “conservador”, el 50% de esas captaciones no se renovarían a su vencimiento: “Ante una incertidumbre sobre el tratamiento de la normativa de cumplimiento en el BP, estarían siendo retirados por los clientes, ya sea que por política institucional de ellos o que por normativa se vean limitados a tener sus inversiones en un intermediario sancionado”.

Otros alegatos del banco es que va a haber una caída de las captaciones en dólares (también en un 50%) y en las captaciones de emisiones estandarizadas en Panamá, así como los recursos captados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

En término generales, el BP prevé una reducción de sus activos en un 4,94% y una caída de más del 50% en la utilidad proyectada a un año, es decir, los ¢16.283 millones.

A la vez que gestionó la medida cautelar, el Popular también planteó a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) la posibilidad de que la sanción no se hiciera pública en un “hecho relevante”.

“Las sanciones a la Ley 8204 suelen ser de impacto negativo, por la materia que regula, y es factible llevar a confusión a nuestros clientes e inversionistas, al revelar algo que a fecha no se ha materializado, ello pues, el banco no ha pagado aún la multa endilgada.

“Es por ello, que en virtud de los hechos descritos, solicito su criterio en relación con la posición expuesta de no revelar como “hecho relevante” un tema que se está discutiendo en sede administrativa y en sede judicial, que a la fecha no se ha materializado”, redactó Geovanny Garro, en el oficio GGC-1053-2016, del 30 de agosto del 2016.

‘Fruto de la imaginación del autor’

La Sugef refutó los argumento del Popular cuando respondió a la solicitud de medidas cautelares. El entonces superintendente, Javier Cascante cuestionó: "¿Cuáles son los elementos verificables, técnicos, objetivos que permitan tener ese escenario como un escenario real y no como fruto de la imaginación del autor?

"Lo cierto es que el análisis de la información sobre los posibles impactos expuestos por el banco no contiene respaldos que lo sustenten e, inclusive, no se ejemplifica con algún evento grave en la historia del banco que haya mostrado un impacto de esa magnitud.

“En esa misma línea, cabe indicar que los supuestos no tienen respaldo técnico o histórico del propio banco o de otro similar y es un escenario que no se ha observado en el Sistema Financiero Nacional para una entidad en estado normal”, redactó Cascante en el oficio SGF-2870-2016-SGF Confidencial, del 5 de setiembre del 2016.

Allí también menciona que este caso fue difundido por medios de comunicación masiva en el 2008, 2009 y 2011 y que “no se ha observado que esa exposición afectara la solvencia, rentabilidad o liquidez del BP, como tampoco la calificación global, la cual mantuvo en condición normal”.