Natasha Cambronero. 16 octubre, 2018
El excandidato presidencial del PLN, Antonio Alvarez Desanti, dice que continuará luchando en los estrados judiciales de Panamá. Foto: José Cordero
El excandidato presidencial del PLN, Antonio Alvarez Desanti, dice que continuará luchando en los estrados judiciales de Panamá. Foto: José Cordero

El excandidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, perdió ante el Estado de Panamá un arbitraje internacional en el que reclamaba una indemnización de unos $100 millones, por una supuesta violación a la seguridad jurídica de una de sus empresas.

Álvarez cuestionaba el cambio en la ubicación registral de dos fincas, adquiridas por el consorcio Desarrollo Ecoturístico Cañaveral S. A. (Decsa) –del cual él es presidente– en la costa del Caribe panameño, para construir un hotel con énfasis ecológico.

Sin embargo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, negó tener jurisdicción para conocer el caso y desestimó los reclamos de Decsa.

Por mayoría, ese tribunal concluyó que el consorcio incurrió en "incumplimientos graves” en la obtención de cuatro fincas, que suman 685 hectáreas. En específico, habló de “ilegalidades y violaciones” al artículo 10 de la Ley Comarcal y la Constitución Política panameña. Así lo consignó el diario La Prensa, de Panamá.

Los jueces adujeron que las personas que le vendieron las tierras al Consorcio Cañaveral infringieron el derecho panameño cuando las adquirieron y que esa violación impide al demandante obtener la protección de los tratados internacionales.

Al respecto, Antonio Álvarez adujo que “esa violación consistió en haber reportado en las escrituras de compraventa un valor menor al realmente negociado y pagado en su momento –tristemente es una costumbre en nuestros países–”, y que en la compra sí se declaró el precio real y que se pagaron “correctamente todos los impuestos”.

Añadió que continuará luchando en los tribunales de Panamá, en donde tiene cuatro procesos abiertos. Al tiempo que argumentó que al día de hoy continúan "siendo los legítimos propietarios de las fincas y así consta ente el Registro Público de Panamá”.

Mientras, Daniel E. González, del bufete Hogan Lovells, el cual llevó la defensa de Panamá, dijo sentirse satisfecho y calificó el fallo como histórico: “Decir que nos complace es un eufemismo, y estamos agradecidos de que el Tribunal le haya otorgado a nuestro cliente una audiencia tan justa”.

Según la publicación de La Prensa, aunque el Ciadi no condenó a Panamá, el proceso judicial le costó a ese país $7,2 millones, monto que no será reembolsable porque en el fallo se consignó que cada parte se debe hacer cargo de sus propios gastos de defensa. A la vez que debe asumir cada uno la mitad de los costos del proceso legal, que ascienden a más de un $1 millón.

¿Qué reclamaba Antonio Álvarez?

El excandidato de Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez, alegó ante el Ciadi que, en enero del 2009, de previo a que él adquiriera las propiedades en la costa caribeña, un juez las situó en el distrito Kusapín, en la comarca indígena Ngäbe Buglé (provincia de Chiriquí).

Cuando esa comarca se creó en 1997, entre otras medidas, se acordó establecer una zona de desarrollo turístico sostenible, para lo cual se le otorgó a empresas privadas la posibilidad de invertir en la región.

Bajo esa lógica, fue que Decsa adquirió las tierras, distribuidas a lo largo de 12 kilómetros de playa, e incluso, a principios del 2013, la cadena hotelera Six Senses Resorts and Spas Group mostró su interés en participar en el proyecto Cañaveral.

No obstante, pocos meses después, a mediados del 2013, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras de Panamá emitió un informe en el cual ubicó a dos de las cuatro fincas fuera de la comarca y propiamente en Bocas del Toro y Chiriquí.

Ese cambio en la ubicación registral es el que Decsa reclamó, pues alega que “desencadenó una serie de efectos nocivos, como la invasión de las fincas por algunos indígenas y la solicitud de Six Senses de poner fin al management agreement (acuerdo de gestión)”.

De esa forma se consignó en una resolución del Ciadi, de enero del 2016, sobre las excepciones preliminares de Panamá con base en las reglas de arbitraje.

En ese documento se agregó: “Según los demandantes, el proyecto Cañaveral quedó frustrado y vacío de valor como consecuencia de la “reubicación ilegal” de las fincas fuera de la comarca”.

La dudosa adquisición de tierras en el Caribe panameño

A mediados del 2013, el diario La Prensa reveló que una abogada logró comprar las 685 hectáreas en cuestión, en menos de $200.000 a tres habitantes del territorio indígena, para luego venderlas al político costarricense en “varios millones de dólares”.

De acuerdo con la publicación de ese diario, en julio del 2009 Antonio Álvarez empezó a negociar con la abogada Evisilda Martínez para adquirir las propiedades, cuya opción de compraventa se firmó en enero del 2010.

No obstante, para esa época Martínez no era la propietaria de las tierras, sino tres indígenas que reclamaban en los tribunales –con la asesoría de su bufete–, la posesión de las mismas, bajo el argumento de que las habían ocupado por más de diez años de manera “pacífica e ininterrumpida”, luego de jurar que desconocían el paradero de su verdadero dueño.

Una vez que los jueces otorgaron los títulos de esas fincas, tras un trámite expedito de cuatro meses, inusual en Panamá, los indígenas vendieron las tierras a Decsa en $197.000 en julio del 2010, sociedad hasta ese momento controlaba Evisilda Martínez.

Inmediatamente, la jurista vendió la empresa a la firma Álvarez & Marín Overseas, Inc., negocio familiar de Antonio Álvarez Desanti y a otros cuatro grupos de inversionistas (tres de ellos holandeses y un costarricense) en “varios millones de dólares”.

La empresa Álvarez & Marín posee el 48% de las acciones; Cornelis Willem van Noordenne, a través de la sociedad Inversiones Demafe del Sur, el 40%; Bartus van Noordenne, el 2,9%; Stichting Administratiekantoor Anbadi, el 5,1%; y Estudios Tributarios AP S. A., posee 4%.

El desglose de los accionistas también consta en el documento del Ciadi de enero del 2016.