Ohio, Estados Unidos. Tres distribuidores farmacéuticos y un laboratorio responsabilizados por la mortal epidemia de adicción a los opioides en Estados Unidos alcanzaron este lunes un acuerdo con los demandantes, apenas horas antes del inicio de un gran juicio en su contra, anunció un juez federal.

El acuerdo, alcanzado con dos condados de Ohio que lideraban la demanda, se cerró en $260 millones pero podría traducirse en miles de millones de dólares para 2.700 comunidades devastadas por las adicciones y las muertes por sobredosis vinculadas a analgésicos de venta bajo prescripción.

La epidemia ha significado una alta carga para hospitales y servicios de emergencia, también para las familias que se hacen cargo de quienes sufren la adicción, niños que son hijos de adictos o que perdieron a sus padres como consecuencia del uso de estas sustancias.

Negociaciones por un paquete de $48.000 millones para todos los demandantes generaron diferencias el viernes, por disconformidad de algunos estados y comunidades con el monto y la forma en que se repartiría.

Están involucrados en este acuerdo tres de los principales distribuidores de medicamentos de Estados Unidos, Cardinal Health, Amerisource Bergen, y McKesson Corp., y el fabricante israelí de medicamentos genéricos Teva.

La cadena de farmacias Walgreens, por su parte, irá a juicio en una fecha posterior.

Aunque el acuerdo comprende solo a dos condados en Ohio, Cuyahoba y Summit, podría sentar un precedente y allanar el camino para otros estados, ciudades, condados y comunidades que también buscan indemnizaciones por la crisis de opioides.

A la larga, podrían llegar a obtener más $18.000 millones en efectivo y $30.000 millones en especie.

Muertes

El juicio que se evitó con este acuerdo hubiese examinado las denuncias de que los fabricantes de estos potentes analgésicos y sus distribuidores volcaron miles de millones de pastillas sin la precaución necesaria, facilitando de manera excesiva el acceso de los pacientes a esta medicación.

Las empresas amasaron miles de millones de dólares en ganancias, mientras que las muertes por sobredosis se dispararon y se estiman en más de 400.000 en 20 años. La cifra de muertes de 2017 se ubica en más de 70.000 casos.

Los demandantes lograron reunir pruebas que indican que las compañías estaban al tanto de la epidemia de adicción que estaban fomentando.

El acuerdo alcanzado este lunes, sin embargo, no requiere que las compañías admitan que cometieron una falta.

"Mientras que las compañías cuestionan fuertemente los alegatos que hacen los dos condados, creen que el acuerdo en este juicio barómetro es un importante escalón hacia el logro de una resolución global que produzca alivio significativo", dijeron los tres gigantes de la distribución en un comunicado.

Abogados de los demandantes dijeron que el acuerdo representará un importante avance en el esfuerzo que se realiza para acabar con la epidemia, y que los fondos obtenidos se volcarán directamente a programas de recuperación para adictos a los opioides.

Los abogados también aclararon que el anuncio no representa un "acuerdo global" y que el juicio colectivo, que representa a 2.700 comunidades, seguiría adelante.

Joe Rice, que representa al condado Summit, dijo que el acuerdo podía servir como modelo para otras comunidades involucradas en el juicio.

"Ahora sabemos cómo actuó esta industria", dijo. "Todavía es necesario un acuerdo global... creo que el modelo está ahí", dijo. "Pero estamos todavía lejos de haber terminado".

“Una resolución global arriba de la mesa distribuirá los fondos con ecuanimidad entre estados, condados y ciudades, asegurándose al mismo tiempo de que esas compañías modifiquen sus prácticas de negocios para impedir que una crisis de salud pública como esta no ocurra nunca más”, dijeron en tanto los fiscales generales de Carolina del Norte, Tennesse, Pensilvania y Texas.

Impacto económico de la crisis

El monto del acuerdo cerrado con los dos condados de Ohio solo cubre una fracción de los costos totales derivados de la epidemia, que según estimó un estudio de la Society of Actuaries, costó al menos $631.000 millones a la economía de Estados Unidos entre 2015 y 2018.

Solo este año, el costo podría oscilar entre $172.000 y $214.000 millones, según el informe.

Casi un tercio del costo para el período 2015-2018 se gastó en servicios de salud para adictos y sus hijos, y 40% representa los costos de muertes tempranas.

El resto corresponde a programas de cuidados a niños y familias, costos asociados a la justicia criminal y a la pérdida de productividad.

Las comunidades afectadas dicen estar bajo una gran presión financiera, y no quieren enfrentar largas batallas judiciales, que podrían extenderse por años. Esta voluntad de negociar podría darle cierta ventaja a los fabricantes y distribuidores de medicamentos.

Anteriormente, Johnson & Johnson negoció su propio acuerdo, por $20.400 millones con dos condados de Ohio, jurisdicciones en las que se ubican las ciudades de Cleveland y Akron.