El proyecto para crear un embalse en el río Piedras y llevar agua a Guanacaste tiene 91 carencias en su estudio de impacto ambiental.
Así lo señaló la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en una resolución del 19 de febrero, que puso freno al avance de esta iniciativa que pretende abastecer a unas 500.000 personas en Sardinal, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya.
Esta entidad pidió corregir los defectos al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), institución encargada del proyecto que también permitiría el riego de 18.800 hectáreas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya.
Entre otras cosas, le pide demostrar que no se afectarán nacientes de la zona, tomar medidas ante los daños en los canales que provocarían las inundaciones e indicar el área de bosque protegido que se perdería por el embalse de 113 hectáreas.
Senara también deberá presentar un análisis de la ley que permite modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y de la declaratoria de conveniencia nacional firmada por el expresidente Óscar Arias.
De esta forma, Setena analizará los alcances de estos documentos legales para la intervención de zonas de protección y patrimonio natural del Estado.
Estos son apenas algunas de las decenas de factores sociales, ambientales y legales que impiden que el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume) reciba la viabilidad ambiental definitiva.
A esto se suma la acción de inconstitucionalidad presentada por dos finqueros, quienes afirman verse afectados por la ampliación de los límites de Lomas de Barbudal, proyecto aprobado el año anterior en la Asamblea Legislativa para reponer las 113 hectáreas de área protegida que se usarán para el embalse.
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Optimismo en Senara
A pesar de las trabas que enfrenta Paacume, la gerente general de Senara, Patricia Quirós, confía en que el plan avanzará con fluidez.
“Nosotros esperamos en el corto plazo poder subsanar las observaciones que ellos nos hacen. Hay temas que son un poquito complicados, pero tampoco es que requieran mucho tiempo para poder resolverlo”, dijo Quirós.
“Consideramos que lo vamos a sacar adelante, no lo vemos como un obstáculo. Lo vemos como algo normal, parte de las acciones que tiene la Setena con respecto a un proyecto tan complejo”, añadió.
Quirós explicó que desconocen cuáles requisitos tomarán más tiempo en cumplir, pues el Servicio de Aguas aún analiza la resolución de Setena.
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Esta lista de 91 puntos, incluso, podría volverse más extensa, afirmó Celeste López, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Esto debido a que las consideraciones de la Universidad de Costa Rica (UCR), una de las instituciones a las que Setena consultó en el análisis, no llegaron antes de la publicación del documento, lo que no impide que las observaciones se incluyan luego en la resolución.
Sin embargo, Setena sí otorgó, el mismo 19 de febrero, la viabilidad ambiental potencial, un permiso para gestionar trámites y gestiones crediticias ante entidades públicas y privadas mientras se revisan las correcciones.
“La viabilidad ambiental potencial no significa que la obra tenga viabilidad definitiva. La viabilidad potencial es una especie de venia que se otorga para que el desarrollador continúe los trámites requeridos”, apuntó López.
Antes de dar una resolución final, Setena deberá esperar que la Sala IV resuelva la acción de inconstitucionalidad que se tramita desde el 23 de enero.