Juan Fernando Lara Salas. 14 febrero
Vista de un vertido de aguas residuales en quebrada Cangrejal en Tibás en San José. El caso denunciado en Puntarenas se vincula a un derrame similar el cual provoca malos olores y riesgos a la salud (imagen con fines ilustrativos)/ Fotografía: Jorge Navarro
Vista de un vertido de aguas residuales en quebrada Cangrejal en Tibás en San José. El caso denunciado en Puntarenas se vincula a un derrame similar el cual provoca malos olores y riesgos a la salud (imagen con fines ilustrativos)/ Fotografía: Jorge Navarro

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por un ciudadano al que dependencias del Ministerio de Salud rechazaron tramitar una denuncia por contaminación ambiental porque no identificaba al posible responsable.

El Tribunal, de forma unánime, ordenó al Área Rectora de Salud Peninsular y al Área Rectora de Salud de Garabito (ambas del Ministerio de Salud) a realizar todas las acciones necesarias para atender la denuncia en el plazo de un mes.

Así lo expresaron los jueces constitucionales en la sentencia N° 2020-2957 emitida este viernes.

Según constató la Sala, el amparado (cuya identidad no trascendió) interpuso una denuncia sanitaria el 1.° de octubre del 2019 por la existencia de aguas residuales en la quebrada Danta, en Santa Teresa de Cóbano (Puntarenas), las que emanaban fuertes olores.

El quejoso incluso aportó un video como prueba del derrame de esas aguas.

No obstante, su pedido ni siquiera se tramitó porque las autoridades recurridas alegaron que esta persona no identificó al denunciado.

El tribunal consideró la omisión de tramitar por parte de los funcionarios de Salud como “lesiva de los derechos fundamentales a la salud, al ambiente y al derecho de recibir justicia administrativa pronta y cumplida”.

En su falla, los jueces explican que es lesiva toda vez que no corresponde al administrado investigar quién es el responsable de las contaminaciones ambientales denunciadas, pero sí es una obligación de la Administración verificar el problema denunciado, y atenderlo, de comprobarse.

La Sala también destacó que si las autoridades de Salud recurridas carecían de los datos suficientes, debieron de prevenir al denunciante en vez de ignorar la denuncia por una simple formalidad, “pues en este caso estaba claramente señalado el lugar objeto de la denuncia, y un eventual daño a la salud y al ambiente no podía quedar sin ser atendido”.

El tribunal lo conformaron Fernando Castillo Víquez, quien presidió, Paul Rueda Leal (magistrado instructor), Nancy Hernández López, Jorge Araya García, Luis Fernando Salazar Alvarado, Anamari Garro Vargas y la suplente Ana María Picado Brenes.