Once personas ligadas a cacería, extracción de oro y tala ilegal en la zona del Parque Nacional Corcovado fueron detenidas, en la última semana, por autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La información fue confirmada por Carlos Manuel Rodríguez, jerarca del Minae.

Durante el operativo, las autoridades incluso cerraron dos aserraderos clandestinos con gran cantidad de madera y equipos como un aserradero portátil, una sierra de mesa, una machimbradora y una cepilladora de mesa.

La intervención, realizada entre el 20 al 28 de mayo, incluyó una primera fase de inteligencia para identificar actividades, sitios y personas, y una segunda etapa de operaciones en campo para desmantelar campamentos de grupos organizados y ejecutar detenciones.

Los delitos fueron cometidos tanto en la Reserva Forestal Golfo Dulce como en el parque nacional, localizado en la península de Osa, en la provincia de Puntarenas.

Estas bandas, precisaron las autoridades, tenían montada una operación constante de extracción de madera procesada por más de 7.000 pulgadas de diferentes especies de árboles.

Los grupos vendían la madera de forma ilegal en La Palma de Puerto Jiménez, a donde llevaban especies como cedro, cristobal, fruta dorada y Manguille.

Por adquisición ilegal de esta madera, se detuvo a tres hombres de apellidos Sánchez González, Rodríguez Gutiérrez y Valverde Granados.

En cuanto al delito de orería ilegal, se detuvo a cinco personas de apellidos Lobo García, Cerdas Solórzano, Vásquez Cedeño, Mora Vargas y Naravarrete Rojas. A ellos se les decomisaron barras, palas, catiadoras, canoas, y chupacabras (frasco con manguera para sacar oro).

Por cacería ilegal y tenencia y portación ilegal de armas se detuvo a dos individuos de apellidos Vargas Delgado y Vargas Delgado (en apariencia familiares); uno de los cuales tenía orden captura.

A ellos se les decomisaron, además de armas, varios machetes y los cuerpos decapitados de dos monos arañas.

También se capturó a un sujeto de apellidos Arguijo Arroyo, por invasión a área de protección con naciente y por cambio de uso de suelo en patrimonio natural del Estado.

Además de estas acciones, se realizaron inspecciones en cámaras de refrigeración en diferentes establecimientos comerciales en busca de carne de animales silvestres.

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Según expresó Miguel Madrigal, jefe del Grupo Operativo Ambiental del Minae, no hallaron irregularidades, pero seguirán vigilantes debido a denuncias ciudadanas de venta de carne de dantas y chanchos de monte en varios comercios.

Al parecer, explicó Madrigal, existe una red de matanza y comercialización de estos animales.

Fruto del operativo, se presentaron ocho informes a la Fiscalía Penal Ambiental de la Zona Sur por los delitos de cacería ilegal, tala en zonas protegidas y minería. Según el tipo de infracción, los detenidos (algunos con citatorios pendientes) podrían enfrentar penas de 1 a 5 años de prisión.

La intervención de las autoridades sobrevino pocos días después de que un reportaje de La Nación divulgara que la emergencia sanitaria por el covid-19 estaba agravando el saqueo de recursos naturales del parque nacional y alrededores.

Carlos Manuel Rodríguez, jerarca del Minae, admitió que la situación en Corcovado se deterioró en los últimos meses, debido a la decisión de cerrar el parque como parte de las medidas para enfrentar la pandemia de covid-19 y a la falta de personal para vigilar la zona.

Terrenos invadidos

Como parte del operativo, los oficiales también detectaron terrenos invadidos que son propiedad del Estado o que se ubican en diversas zonas del Parque Nacional Corcovado.

Ante ello, y en conjunto con el Ministerio Público, se levantaron actas de notificación para el desalojo.

Se localizaron, además, varias estructuras de alojamiento conocidas como “champas”, en donde oreros o cazadores suelen pasar la noche y se identificaron sectores en donde el cauce del río fue alterado con la finalidad de extraer oro.

En el operativo participaron 27 oficiales del Minae y el OIJ, además de 12 agentes del Grupo Operacional Ambiental (GOA).

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Pedido a presidente

El grupo Frente por las Áreas Silvestres Protegidas urgió al presidente de la República, Carlos Alvarado, a girar instrucciones para que el Minae y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reciban los fondos necesarios para adquirir materiales y equipos que permitan darle un adecuado cuido a los parques nacionales y reservas.

En una carta dirigida el pasado18 de mayo, el Frente pidió a Alvarado mediar para que el Ministerio Público pueda coordinar con el Minae la asignación de policías como apoyo adicional en los sitios con mayor incidencia de delitos ambientales, como el Parque Nacional Corcovado.

“Consideramos que el señor ministro del Ambiente y Energía, don Carlos Manuel Rodríguez, es la persona indicada para definir los apoyos humanos, materiales e institucionales que se requieran para este propósito”, agrega el documento.

Entre los firmantes de la misia, figura Mario A. Boza Loría, considerado el padre de los parques nacional de Costa Rica y quien en noviembre del 2017 reclamó públicamente el abandono general sufrido por estas zonas protegidas.

En aquella ocasión, Boza advirtió de que Costa Rica estaba estafando a los turistas en general que iban a los parques nacionales en referencia al grado de abandono por falta de recursos y personal que, desde entonces, los aqueja.