EscucharAnte la dificultad de controlar la pesca ilegal en el océano, los países centroamericanos –entre ellos, Costa Rica– apuestan a una mayor regulación en sus puertos a través de medidas para frenar la explotación de los recursos marinos y la distorsión de los mercados.
El medio para lograrlo es adoptar, este año, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“(Este acuerdo) implica una serie de medidas a tomar por todos los países para poder asegurar que la operación pesquera, tanto la que se hace en el barco como la que se descarga en puertos, sea hecha acorde a las leyes establecidas”, comentó Mario González, quien es director de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (Ospesca).
Eso dotaría a la región de una metodología única para monitorear y controlar la actividad pesquera desde los puertos.
“Aunque un país tenga normas y leyes muy bien hechas, si el país vecino no las tiene, esa es una puerta hacia la ilegalidad en la pesca. Todos los países aprovechamos los mismos recursos y tiene lógica que nos pongamos de acuerdo para que esos portillos se cierren”, explicó González.
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La pesca ilegal que ocurre en los océanos del mundo cuesta hasta $23.000 millones al año, según FAO. | ARCHIVO
Controles. Las Medidas del Estado Rector del Puerto (MEP), que entrarían en vigencia si se adopta el acuerdo, son requisitos que deben cumplir las embarcaciones para que se les autorice el acceso y uso de los puertos para descargar el producto pesquero.
Estas medidas incluyen, por ejemplo, un programa de inspecciones periódicas por parte de las autoridades e intercambio de información entre los países.
“Es más efectivo hacer el control en los puertos que en el mar, donde todo es más difícil y más caro porque se necesita más tecnología. En cambio, los barcos tienen que desembarcar en algún momento, especialmente aquellos que manejan grandes volúmenes de pescado”, dijo José Emilio Suadi, representante de FAO en Costa Rica.
El acuerdo de la FAO data del 2009, pero requiere ser adoptado por 25 países para que sea vinculante y obligatorio.
Según Suadi, 10 países ya lo adoptaron y 15 están en proceso de hacerlo, entre ellos Costa Rica.
En el país, el texto fue dictaminado positivamente por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa y ya pasó a plenario, donde se encuentra en el proceso de recepción de posibles mociones.
Ahora Centroamérica tiene una ventaja, y es que Ospesca ha implementado un modelo de gobernanza que establece que los acuerdos tomados en su seno son vinculantes para todos los países.
En el caso centroamericano, las MEP se adaptarían para incluir a la pesca artesanal, el sector más numeroso con 150.000 personas dedicadas a esta actividad en la zona.
“No todas las 36.000 embarcaciones de pequeña escala usan puerto. Hay una dispersión de nuestra pesca artesanal y la idea es aplicar esta disposición para no solo regularlos, sino darles facilidades para operar y hacer una pesca responsable”, dijo González.
