Bruselas. A solo 11 días de la salida definitiva, el Reino Unido y la Unión Europea mantenían este domingo un complicado pulso sobre los derechos de pesca, que bloquea cualquier perspectiva de un acuerdo comercial posbrexit.
“Respetamos la soberanía del Reino Unido. Y esperamos lo mismo” por parte de los británicos, subrayó en un tuit el negociador europeo, el francés Michel Barnier, mientras Londres considera que las peticiones de la UE son “irracionales”.
“En este momento crucial de las negociaciones, seguimos trabajando duro con David Frost [el negociador británico] y su equipo”, añadió, sin hacer alusión a eventuales progresos.
Estas interminables negociaciones prosiguen en momentos en que la pandemia del covid-19 acapara la atención de los británicos: el gobierno acaba de anunciar el reconfinamiento de Londres y el sureste de Inglaterra para atajar un repunte de los contagios debido a una nueva cepa.
Bélgica, donde se están llevando a cabo las discusiones, anunció que suspendía los vuelos y trenes procedentes del Reino Unido a partir del domingo a medianoche a causa de esa nueva variante del virus.
“Estoy seguro de que se puede llegar a un acuerdo, pero evidentemente es necesario un movimiento por parte de la UE”, declaró el ministro británico de la Salud, Matt Hancock, el domingo en Sky News. “Lamentablemente, la UE ha formulado exigencias irrazonables”, agregó.
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Se tiene que llegar a un compromiso rápidamente, antes de que el Reino Unido -que dejó el bloque oficialmente el 31 de enero- salga del mercado único europeo el 31 de diciembre.
Sin un tratado de libre comercio, las relaciones entre ambas partes se regirán por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un escenario de consecuencias económicas imprevisibles que conlleva aranceles y cuotas.
A la presión del calendario, se suma para los europeos la fecha límite del Parlamento Europeo: los eurodiputados reclaman un texto de aquí a medianoche del domingo, para examinarlo y ratificarlo y que pueda entrar en vigor el 1.° de enero.
Para evitar la temida ruptura sin acuerdo, cuyo impacto económico sería todavía peor, esta fecha límite tiene todos los números para ser postergada, como tantas otras en la saga del brexit.
Un pacto alcanzado in extremis podría entrar en vigor de forma provisional, una opción con la que parece que están de acuerdo los países miembros, con una ratificación posterior del Parlamento Europeo.
‘Quiebra estructural’
Los europeos supeditan el acceso sin derechos de aduana ni cuotas a su inmenso mercado a un acuerdo sobre la cuestión pesquera. Se trata de un tema clave para los británicos, puesto que la UE es su principal socio comercial.
Para varios países europeos, como Francia y Holanda, la pesca tiene una gran importancia política y social, pese a que representa un peso económico pequeño.
Del lado británico, el control de sus aguas simboliza la recuperación de la soberanía gracias al brexit.
En el centro del debate están los 650 millones de euros ($800 millones) en pesca capturados cada año por las flotas europeas en aguas británicas, y la duración del periodo que permitiría a los pescadores europeos adaptarse a las nuevas condiciones. Para los británicos, los productos de pesca en aguas europeas representan alrededor de 110 millones de euros ($135 millones).
Bruselas propondría renunciar a cerca del 20% de los 650 millones de euros en un periodo de siete años. Los británicos reivindican 60% en un plazo de adaptación de tres años, según fuentes europeas.
“La UE ha indicado claramente este fin de semana que está dispuesta a hacer concesiones”, declaró el domingo un diplomático europeo. “Pero no aceptará llevar a sus pescadores a una situación de quiebra estructural”, añadió.
“La estrecha vía hacia un acuerdo se ha convertido ahora en la única vía”, advirtió.
Sobre las otras cuestiones que bloqueaban las negociaciones -normas de competición y el futuro mecanismo de solución de controversias-, las posiciones se han ido acercando en esta última semana.
La UE exige garantías de Londres para proteger a su mercado de una economía británica sin regulación que no respetaría las normas medioambientales, sociales, fiscales o su estricto régimen de ayudas públicas.