EscucharCuando la Guardia Costera de Libia amenazó con derribar el avión de la organización humanitaria Sea-Watch que estaba monitoreando la ayuda a un barco de migrantes en el Mediterráneo, la doctora alemana Leona Blankenstein pensó inicialmente que había entendido mal.
"Manténganse alejados de las (aguas) territoriales libias, de lo contrario les dispararemos con misiles SAM (tierra-aire)", advirtió el barco Fezzan, uno de los patrulleros suministrados por Italia a Libia, mientras interceptaba a los migrantes que intentaban cruzar el Mediterráneo en busca de una vida mejor.
Italia y Libia firmaron un acuerdo patrocinado por la Unión Europea para evitar la oleada de migrantes ilegales que llegan por mar, un texto controvertido y criticado de nuevo tras la línea de mano dura adoptada por el gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.
"Había mucho ruido en el avión y pensé que había entendido mal", confesó a AFP Blankenstein, quien volaba sobre aguas maltesas el 25 de octubre.
La tripulación libia subió a bordo a los migrantes, sacó el motor del bote y luego le disparó hasta que se incendió, contó Blankenstein, lo que se puede ver en las imágenes del video publicado por Sea-Watch.
"Todo ocurrió en pocos segundos (...) Quedé preocupada. Es un comportamiento muy impredecible", dijo, por lo que decidió abandonar la zona rápidamente.
Según las organizaciones humanitarias, unas 100.000 personas han sido interceptadas desde la firma del acuerdo entre Italia y la Unión Europea con Libia del 2017 y que incluye formar y equipar a la guardia costera libia.
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Migrante rescatado el 10 de noviembre pasado por el ejército francés en aguas del mar Tirreno, entre Italia y la isla de Córcega. (VINCENZO CIRCOSTA/AFP)
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A pesar de los pedidos para que se anule ese acuerdo, se renovó automáticamente a principios de noviembre, pocos días después de que el gobierno liderado por Meloni asumiera el poder.
Antecedente del acuerdo
El acuerdo nació tras la oleada de migrantes y refugiados que huían a Europa de los conflictos en Siria, Irak y Libia y después de una serie de naufragios mortales en el 2016, con un récord de 5.000 muertos o desaparecidos, trasformando el Mediterráneo en un cementerio.
El objetivo era "prevenir la pérdida de vidas humanas en el Mediterráneo y al mismo tiempo reprimir las redes de tráfico de personas", según la Comisión Europea.
Unas 3.100 personas fueron consideradas muertas o desaparecidas en 2017, más que las 2.062 del 2018, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
"Trabajar con autoridades de países terceros para evitar que los migrantes lleguen a Europa ha sido uno de los ejes principales de la política europea", sostiene Luigi Scazzieri, de instituto Centre for European Reform.
El acuerdo Italia-Libia resultó inicialmente "muy eficaz" para reducir el número de llegadas.
Sin embargo, para las organizaciones humanitarias se legalizó una suerte de "salvaje oeste", con milicias armadas haciéndose pasar por guardacostas libios, uso de munición real contra embarcaciones de migrantes y mucha corrupción.
Los mayores críticos lamentan la falta de transparencia en las cuentas y sobre los beneficiarios de las subvenciones en Libia.
Mientras tanto, la mayoría de los interceptados en el mar terminan en centros de detención libios, que el papa Francisco calificó de campos de concentración.
Save the Children, Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional han denunciado en varias ocasiones las graves torturas sufridas así como la violencia sexual o esclavitud padecidas.
Pero las autoridades libias niegan ello. "Las detenciones se realizan de acuerdo con las normas vigentes", aseguró un funcionario de migración.
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Las organizaciones sostienen también que la agencia de la UE, Frontex, que utiliza aviones para detectar a los migrantes en peligro en medio al mar, suele ayudar a los libios.
Para Felix Weiss, portavoz del sector Seabird de Sea-Watch, "la guardia costera libia no tiene mucha profesionalidad, necesita vigilancia aérea y asesoramiento de la UE para detectar a los barcos de migrantes".
El abogado italiano y defensor de los derechos humanos Arturo Salerni aseguró a AFP que empujar a los migrantes de las zonas europeas de búsqueda y rescate hacia Libia, es según la legislación de la UE, "ilegal, más aún si los estados europeos son cómplices".
Italia recibe a decenas de miles de personas que intentan cruzar el Mediterráneo Central cada año, la ruta migratoria más mortífera del mundo.
El país firmó en la década de 2000 numerosos acuerdos para frenar las migraciones con el dictador Muammar Gaddafi, derrocado y asesinado en 2011.
La cooperación se suspendió tras el colapso del gobierno libio y la condena de Italia en 2012 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber interceptado y devuelto migrantes a Libia.
En 2017, Paolo Gentiloni, entonces primer ministro de centroizquierda de Italia, firmó un nuevo acuerdo con Fayez al-Sarraj, jefe del gobierno de unidad nacional de Libia respaldado por la ONU.
Desde entonces, las organizaciones humanitarias e incluso los encargados de la línea directa Alarm Phone, utilizada por los migrantes en peligro, recibieron la orden de "avisar primero a la guardia costera libia", explicó a AFP Chiara Denaro de Alarm Phone.
El nuevo acuerdo generó críticas de inmediato, y la ONU sancionó a varios libios en 2018 que estaban involucrados en la trata de personas.
Entre ellos, Ahmad Oumar al-Dabbashi, cuya milicia controlaba campamentos y barcos, el cual solía exponer a los migrantes, incluidos menores de edad, a "condiciones brutales de vida tanto en tierra como en el mar", según la ONU.
En 2019, el periodista italiano Nello Scavo reveló que el traficante de personas Abd Al Rahman Al-Milad, apodado Bija, había sido involucrado en conversaciones en Sicilia con funcionarios italianos para la redacción del acuerdo del 2017 sobre los migrantes.
Bija fue suspendido de la guardia costera libia en 2018, pero siguió trabajando el año siguiente en el "rescate de migrantes", según un informe de la ONU citado por Scavo.
Dos días después de la amenaza al avión, Sea-Watch anunció que tenía pruebas de que la Guardia Costera de Libia estaba colaborando con contrabandistas.
La ONG publicó las fotografías de una embarcación de migrantes de madera, matrícula 1688, tomadas por el Seabird a principios de octubre, durante una interceptación de la guardia costera.
El mismo barco fue fotografiado tres días después con varios migrantes a bordo, por lo que se deduce que fue hasta Libia para ser utilizado de nuevo en el tráfico de personas, estimó Sea-Watch.
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Imágenes del barco Ocean Viking, de la organización europea humanitaria "SOS Mediterranee", durante labores de rescate el pasado 11 de noviembre en el Mediterráneo. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)
La UE ha destinado unos 59 millones de euros ($61 millones) para aumentar la capacidad operativa de la Guardia Costera de Libia, incluida la formación de 500 miembros entre 2015 y 2020, fecha en que se detuvo la operación.
Se están llevando a cabo conversaciones con los libios para reanudar la formación, "con un enfoque de defensa de los derechos humanos y del derecho internacional", aseguró una portavoz de la UE.
La Comisión Europea encargó a un contratista independiente en 2019 para que monitoreara las operaciones en Libia, pero sus informes no son públicos por razones de seguridad, dijo.
Italia ha destinado 32,5 millones de euros para misiones de apoyo a la Guardia Costera de Libia desde 2017, según un informe de la organización Arci.
En octubre, el periodista de investigación Duccio Facchini reveló que Italia había gastado 6,65 millones de euros adicionales para 14 nuevas lanchas para la Guardia Costera de Libia.
Amnistía Internacional calificó el domingo de "vergonzoso" que Roma "siga ayudando a las autoridades libias a violar los derechos humanos".
Hace una semana, Italia se negó por días a conceder el derecho de desembarcar a cuatro barcos, hasta que finalmente autorizó a tres.
El cuarto atracó en Francia, desencadenando un conflicto diplomático.
Para el Consejo de Europa impedir las actividades de rescate de las ONG y negar de asignación de un puerto seguro son medidas que "parecen tener como objetivo, implícito o explícitamente, 'cerrar los ojos' ante las intervenciones de la Guardia Costera de Libia".
