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Diversos sectores se han manifestado, los últimos días, contra el mandatario. Foto: AFP. (JOHAN ORDONEZ/AFP)
Ciudad de Guatemala. Miles de indígenas mayas bloqueaban este lunes al menos seis importantes tramos de carreteras en el oeste de Guatemala, en la más reciente manifestación para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
“El presidente en su forma de expresar es muy prepotente y en el Congreso se guían más por sus bancadas y sus necesidades, (pero) no van acorde a las necesidades de nuestro país”, dijo a una radio local Santiago Cux, uno de los líderes de las protestas.
El Congreso, dominado por las fuerzas oficialistas, debió anular un controvertido presupuesto del país para 2021, el más alto de la historia, en medio de protestas de que beneficiaba a sectores empresariales en detrimento de financiamiento para la salud y contra la pobreza.
Las manifestaciones han continuado, con pedidos a que el presidente renuncie, al ser criticado también por una mala gestión de la pandemia del covid-19.
Cux aseguró que la convocatoria fue apoyada por las 83 comunidades del departamento de Sololá para “hacerle saber al gobierno central y a los diputados que las acciones que han tomado últimamente con el presupuesto 2021 dejan mucho que desear”.
Sololá, oeste, es un departamento con más de medio millón de habitantes donde cohabitan tres pueblos mayas y que alberga el turístico y paradisíaco Lago de Atitlán.
“Que todos se levanten y que nadie se quede atrás, por un Estado con democracia comunitaria, representativa y plurinacional”, había dicho antes en un comunicado de la municipalidad indígena de Sololá.
Según Cux, los centros comerciales y tiendas de barrio en Sololá cerraron, aunque funcionaban farmacias.
El vocero de la estatal Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Juan Carlos Aquino, dijo a periodistas que cuatro tramos de la carretera Interamericana están cerrados por los indígenas, con piedras o vehículos pesados. Pobladores cercanos de otras dos comunidades se unieron a la protesta.
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Al igual que las recientes protestas de los dos últimos fines de semana en la capital, los indígenas reclaman la “depuración” del Congreso, la renuncia del ministro de Gobernación (Interior, Gendri Reyes; de la Fiscal General, Consuelo Porras; y del director de la Policía, José Tzubán.
Sus peticiones fueron elevadas a través de una carta abierta dirigida al presidente Giammattei, en la que le reclaman por su “falta de respuesta” a peticiones para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
La propia Premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú criticó hace unos días que el gobierno no incluyera a los indígenas en el diálogo convocado para resolver la crisis que afronta el país.
Asentados principalmente en el occidente del país, los indígenas representan el 43% de los casi 17 millones de habitantes de Guatemala, pero suelen reclamar por ser discriminados y marginados. En algunas comunidades la pobreza supera el 80%, según cifras oficiales.
Además en los pueblos autóctonos se concentra la desnutrición crónica que afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años, el índice más alto de Latinoamérica.
Las manifestaciones para pedir la renuncia de Giammattei, un conservador de derecha que asumió el poder en enero, se iniciaron el sábado 21 de noviembre en la plaza ubicada frente a la antigua sede de gobierno en la capital. Si bien comenzaron pacíficamente, fueron incendiadas varias oficinas del Parlamento.
Los opositores responsabilizan a Giammattei de opacidad en la elaboración del presupuesto y afirman que el proyecto no atendía problemas como la pobreza, que afecta a casi el 60% de los guatemaltecos.
También acusan a Giammattei, médico de profesión, de una mala gestión frente a la pandemia del covid-19, que hasta este lunes registraba 4.171 muertos y 122.062 casos de contagio.
El sábado miles de guatemaltecos reanudaron sus protestas. Un grupo de personas con el rostro cubierto incendió un autobús.
El ministro Reyes dijo que la quema del autobús fue “un acto totalmente planificado y financiado por algún grupo de personas que intenta desestabilizar el orden institucional del país”.
Para el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, el gobierno intenta “criminalizar” las protestas, apoyándose en actos de violencia que ocurrieron al margen de las manifestaciones.
