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En esta foto de archivo tomada el 24 de febrero de 2015, se muestra un altar retráctil (Klappaltaerchen) del llamado "Welfenschatz" (Tesoro de Guelph) en el Kunstgewerbemuseum (Museo de Artes Decorativas) de Berlín. AFP (TOBIAS SCHWARZ/AFP)
Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos revisó el lunes en una audiencia el destino de una importante colección de arte medieval que la Alemania nazi compró a comerciantes judíos.
Los jueces escucharon argumentos relacionados con un reclamo sobre la propiedad de las cruces de oro, joyas y otras obras religiosas de los siglos XI al XIV que componen el histórico Tesoro de Guelph.
Los vendedores se vieron obligados a ofrecer la colección a precios reducidos en 1935 a Prusia, que luego fue liderada por el fundador de la Gestapo, Hermann Goering, según dicen sus herederos, mientras los nazis amenazaban cada vez más a los judíos.
El tesoro terminó después de la guerra en exhibición en un museo en Berlín.
Estados Unidos se ha mostrado firme en su apoyo a la restitución de los tesoros artísticos arrebatados a los judíos por los nazis en las décadas de 1930 y 1940 mientras llevaban a cabo una campaña genocida contra los judíos.
Pero el caso del Tesoro de Guelphe es más complicado.
Los descendientes de los comerciantes han acudido a los tribunales de Estados Unidos para recuperar el tesoro, que aseguran tiene un valor de al menos $250 millones.
Alemania no lo ve de esta manera y dice que el caso corresponde a tribunales alemanes, no a jueces estadounidenses.
"La venta del Tesoro de Guelph en 1935 no fue una venta forzada debido a la persecución nazi", dijo la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, que posee la colección.
La fundación cita la conclusión de un comité independiente que dictaminó que las obras se vendieron en 1935 a precios de mercado y no hubo evidencia de presión nazi.
El caso ante los nueve jueces, que se espera que se pronuncien en junio del próximo año, se centró en si los demandantes tienen derecho a demandar en un tribunal de Estados Unidos.
Desde 1976 la legislación estadounidense ha dado a los gobiernos extranjeros inmunidad en caso de demandas en cortes de Estados Unidos, salvo cuando versan sobre propiedades tomadas en violación de leyes internacionales.
