Washington. Con una larga estela de sangre, cárteles más poderosos y un abuso de drogas desbordante, México y Estados Unidos tienen ante sí el desafío de reformular su cooperación contra el narcotráfico cuando el demócrata Joe Biden asuma el poder.

La estrategia que implicó a los militares mexicanos en esta lucha en 2006 luce agotada: el país latinoamericano acumula desde entonces 300.000 homicidios, la mayoría atribuidos al crimen organizado, mientras toneladas de droga siguen entrando a Estados Unidos por la frontera de 3.169 kilómetros.

En paralelo, las muertes por sobredosis superaron el medio millón en la última década en el país vecino, según un informe de una comisión del Congreso estadounidense publicado hace un mes.

“No queremos la llamada Iniciativa Mérida (...), no queremos helicópteros artillados”, dijo el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, sobre el tratado que articula la cooperación antidrogas desde 2008.

Dicho acuerdo constituyó un esfuerzo "sin precedentes", pero sus objetivos no se han cumplido y necesita revisión "urgente", concluyó la Comisión del Hemisferio Occidental para la Política de Drogas.

Mediante ese plan, Estados Unidos ha entregado a México unos $3.000 millones para capacitación policial y equipamiento como helicópteros Black Hawk.

Se redujo a “una creciente militarización de las acciones contra la delincuencia organizada”, señala Falko Ernst, de The International Crisis Group, quien destaca hechos como la extradición a Estados Unidos de Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua.

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El propio Biden optaría por replantear la cooperación, que México espera ayude por fin a detener el flujo de armas ilegales desde Estados Unidos.

"Los demócratas están más preocupados" por la militarización y las "violaciones de derechos humanos que a menudo resultan", opina Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

Shifter cree que Biden no solo se centrará en el tráfico de drogas, en el que participan una decena de cárteles, sino en un nuevo enfoque para contener la migración ilegal de centroamericanos y mexicanos.

De hecho, la cuestión migratoria dominó un diálogo telefónico entre Biden y López Obrador el 19 de diciembre, donde el tema de las drogas estuvo ausente, según reportes de ambas partes.

El narcotráfico “es la mayor incógnita del futuro inmediato de la relación y de cómo se despeje esa interrogante dependerá el tono y forma de la relación Estados Unidos– México”, estima Ricardo Alday, exdiplomático mexicano.

Reconstrucción de confianza

Ambas administraciones también encaran el reto de reconstruir la confianza tras la captura del exministro mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, el pasado 15 de octubre en Los Ángeles por presunto narcotráfico.

México protestó por no haber sido informado sobre la investigación de la agencia antidrogas DEA contra el general, ministro entre 2012 y 2018.

Cienfuegos fue repatriado el 18 de noviembre, luego de que una jueza de Nueva York aceptara un inusual pedido del gobierno de Donald Trump de desestimar los cargos y dejar el caso a la justicia mexicana.

Debido a ese episodio "podríamos ver menos actividad de servicios estadounidenses en México y menos detenciones", advierte Ernst.

La suerte de Cienfuegos fue muy distinta a la de Genaro García Luna, exministro mexicano de Seguridad Pública (2006– 2012) y uno de los gestores de la Iniciativa Mérida, preso en Estados Unidos desde diciembre del 2019 por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa.

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Tras la liberación del general, López Obrador logró además que el Congreso aprobara una reforma que deja sin inmunidad a los agentes extranjeros, cuyo tiempo de permanencia será fijado por el gobierno mexicano. También obliga a funcionarios locales a entregar informes sobre cualquier contacto con ellos.

"¿Quién va a querer estar haciendo un informe por cada comunicación que tengan con un agente de la DEA?", cuestiona Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de esa agencia.

López Obrador rechaza operativos como una entrega controlada de armas que terminaron en manos de criminales mexicanos, orquestada por autoridades estadounidenses entre 2006 y 2011, alegando que violaron la soberanía nacional.

El exembajador Alday no descarta que el mandatario aproveche las restricciones a los agentes para “obtener concesiones del gobierno demócrata en otras áreas a cambio de ajustes a la legislación”.