Las consecuencias de la obsolescencia programada

Se le hace familiar la frase: “ya no los hacen como antes”? Hay quienes la usan para referirse a los carros más viejitos, que todavía hoy siguen rodando, con la carrocería gruesa y resistente y manteniéndose resistentes al paso del tiempo. Se escucha también para hablar de productos de línea blanca, esas lavadoras o refrigeradoras que parece que tienen una eternidad en la casa y que siguen como si nada.

La frase tiene sentido cuando se observa que computadoras, impresoras, celulares y neveras modernas, entre otros productos, tienen una vida útil reducida. Esto tiene razón de ser, y se debe a la planificación de la vida útil de estos aparatos, lo que se conoce como obsolescencia programada, la cual está establecida por los mismos fabricantes para obligar a los compradores a renovar el producto.

No necesariamente los productos se estropean de manera natural, sino que fueron diseñados para fallar al cabo de ese periodo. El sitio de información financiera MarketWatch determinó que un consumidor promedio cambia de celular cada 15 meses, mientras que la vida útil de estos dispositivos tiene, en promedio, entre 18 y 24 meses.

Otra investigación realizada por tecnólogos españoles determinó que, sin la obsolescencia programada, un teléfono móvil podría durar de 10 a 12 años, tomando en cuenta los aspectos mecánicos y electrónicos.

La programación de la vida útil de los productos no es exactamente nueva. A mediados de la década de 1920 grandes fabricantes de bombillas comenzaron a producirlas sabiendo que serían útiles por hasta 1.000 horas, mientras que la bombilla fabricada por el ingenioso Thomas Alva Edison podía tener un funcionamiento de hasta 2.500 horas.

Otro producto cuya vida útil se redujo en contraste con los primeros modelos fueron las medias de nylon. Si bien, eran casi irrompibles en un inicio, esto provocaba que las ventas disminuyeran, pues las usuarias no requerían comprarlas muy seguido. Ante esto, se hicieron cambios en su fabricación, para que duraran menos. Entonces las ventas volvieron a repuntar.

La obsolescencia programada –especialmente la de productos tecnológicos– además de generar gastos recurrentes por parte de los consumidores, tiene un componente ambiental importante, por el incremento en la generación de desechos. Información de la ONU señala que, al año, se generan cerca de 50 millones de toneladas que terminan, en gran medida, en vertederos de países en desarrollo de Asia y África, principalmente.

La exportación de desechos electrónicos se realiza con la justificación de reducir la brecha digital en ciertos países, sin embargo, se calcula que entre un 25 y 75% de los equipos son inservibles. ¿Qué se puede hacer para frenar la muerte programada de diferentes dispositivos? Existen iniciativas internacionales como una Directiva de la Unión Europea, que da certificaciones sobre la prolongación de la vida útil.

La Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (FENISS) creó el Sello ISSOP, un distintivo que certifica a las empresas que se aseguran de crear productos sin obsolescencia programada, con sus componentes reparables y, a la vez, alineados a la protección del ambiente.

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Algunas iniciativas de organizaciones no gubernamentales buscan que se aumenten los tiempos de garantía de los productos y que se garantice la existencia de piezas de sustitución. Esto le permitiría a los compradores poder hacer reparaciones en lugar de sustituir los productos en su totalidad.

Otras ideas privadas en España, como Alargascencia, busca prolongar todo lo posible la vida útil de los productos, por medio de la compra, venta, alquiler y trueque de artículos de segunda mano. La organización sin fines de lucro Greenpeace, por su parte, también tiene una campaña informativa para fomentar la reparación de los dispositivos móviles, en lugar del cambio.

A nivel gubernamental, hay países que están dando el paso, incluso, de penalizar a las empresas que sigan implementando la obsolescencia programada.

En Francia, por ejemplo, los empresarios se exponen a penas de cárcel y a multas para sus compañías. La alternativa es fomentar el consumo de productos duraderos, cuya garantía pueda ser extensa y, que a la vez, tengan piezas sustituibles.