Hazel Feigenblatt. 18 septiembre, 2018

Verificar datos, lo mínimo que deberían hacer bien los representantes de ciudadanos y trabajadores.

Con el país en medio de una huelga y una crisis fiscal, sería de esperarse que personas a quienes se les paga para representar los intereses de los ciudadanos y los trabajadores hagan por lo menos una cosa bien: Verificar los datos antes de hacerlos públicos.

Sin embargo, en el contexto de noticias falsas y de ciertos segmentos del público dispuestos a creer información carente de evidencia, pareciera estarse dando lo contrario.

Así, vemos a una diputada criticando con grandes ademanes la supuesta compra de camionetas por parte del gobierno en momentos de presupuestos tallados, pero resulta que la “compra” era una donación y ni siquiera ocurrió en la presente administración. Cuando la prensa pidió explicaciones, la respuesta fue que la diputada “no se referirá hasta tener toda la documentación sobre el caso”. ¿Qué tal si esa fuera la actitud siempre, y no solo cuando los datos verdaderos no apoyan sus posiciones?

También vemos publicaciones cuestionando el incremento del 277% en el presupuesto de la Presidencia de la República propuesto para el 2019. “Es mentira que esos fondos no tienen un destino específico y que se destinarán al pago de ‘propaganda y sobresueldos’, como se afirma o insinúa en posteos y videos, como el que circula, vía WhatsApp, del diputado Dragos Dolanescu, del partido Republicano Social Cristiano,” según La Nación. Uno se imaginaría que, con los cientos de mociones que el diputado ha presentado contra el plan fiscal, tendría material de sobra para diseminar su posición sin compartir información falsa.

Por otra parte, tenemos un sindicato publicando información falsa en su página de Facebook, sobre la afectación que tendría el sector agropecuario si se aprueba el nuevo impuesto sobre el valor agregado. De acuerdo con la publicación sindical, los “grandes productores” estarían exentos del impuesto mientras que quienes producen para la canasta básica pagarían hasta 10% y los demás hasta 60%. Sin embargo, lo cierto es que los productos de exportación no están gravados, sin importar el tamaño de las empresas que los producen. ¿Descuido inocente de verificación del texto o elección deliberada de lenguaje para generar una reacción fuerte en la audiencia meta?

En algunos casos, la información no intenta presentarse como cierta sino abiertamente como una especulación, con la excusa que suele usarse para compartir información sin verificar: ¿Y qué tal si fuera cierto? Ese es el caso de este tuit publicado por un sindicalista sobre supuestas negociaciones en las que el país recibiría extranjeros a cambio de fondos para mitigar la crisis fiscal. A juzgar por las críticas, burlas y ofensas con que fue recibido ese mensaje en Twitter, al menos queda claro que el público entiende que esparcir información especulativa es dañino para un debate público sano.

Todos estos casos ocurrieron en apenas unos cuantos días y si miramos hacia atrás encontramos más. Es decir, en momentos en que el país atraviesa discusiones delicadas y enfrenta una ola de noticias falsas y discursos de odio, figuras públicas que deberían dar el ejemplo de verificar datos y liderar una discusión seria y bien fundada, más bien se dan licencia para hacer lo contrario, contribuyendo a profundizar el ambiente de desconfianza y discusiones improductivas que impera en el país.

Quizá olvidan que al final de cuentas no es frente a sus detractores ante quienes quedan expuestos, sino más bien frente a quienes confiaron en ellos y pueden preguntarse qué tan bien representados pueden estar sus intereses por alguien que actúa sobre la base de información que podría ser cierta, o no.