El proyecto de ley más controversial de 2019 podría ser la reforma al empleo público. Se trata de una suerte de medida de control de gastos* del Estado que promete cambios profundos en las reglas de juego para los funcionarios públicos, es decir, para el 15% de la fuerza laboral de Costa Rica.

Este proyecto, además de actualizar y mejorar la relación laboral Estado-funcionarios públicos, funcionará como una respuesta más al hondo déficit fiscal que sufre el Estado (gasta más de lo que gana), y también al bajón que han dado las finanzas ticas.

En un tweet, el plan lograría que el sector laboral público genere menos gasto al país, que haya salarios iguales para trabajos iguales y que todos los beneficios e incentivos laborales sean merecidos por los empleados. En la actualidad esto último no se da (ya te explicamos por qué).

Al plan lo adversan los sindicatos, sus seguidores, y el diputado José María Villalta, del Frente Amplio. Los primeros mencionados incluso ya hicieron marchas contra la iniciativa.

Al proyecto lo apoya el bloque de diputados del Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Restauración Nacional, quienes firmaron un acuerdo el pasado 1.° de mayo con el que pretenden enrumbar al nuevo Directorio Legislativo hacia proyectos económicos, sociales, de empleo, de ambiente, infraestructura, seguridad y reforma del Estado.

Por lo pronto se sabe que el proyecto de Ley Marco del Empleo Público, con número de expediente 21.336, fue asignado a la Comisión de Gobierno y Administración del Poder Legislativo.

A continuación te contamos los cambios que habrá en el sector público y cuánto se pretende ahorrar con esta medida. Bienvenidos a un nuevo Explicador.

Ojo: El proyecto fue presentado el pasado 8 de abril por María del Pilar Garrido, ministra de Planificación, ante la Asamblea Legislativa. Durante la examinación del proyecto en el Congreso, la comisión que estudiará la propuesta antes de pasarla a votación del plenario puede modificar los artículos que considere necesarios. O sea que la propuesta gubernamental podría sufrir cambios. Aquí exploramos el primer plan del Ejecutivo liderado por Carlos Alvarado, presidente del país.

*En el Ministerio de Planificación no ven este proyecto de ley como una medida de control de gastos (por más ahorro que pretende lograr la reforma laboral). Así lo describen en Mideplan:

“Es una medida para ordenar y regular las relaciones laborales entre el Estado y las personas servidoras públicas. El proyecto obedece a la necesidad de ordenar el empleo público en el país con un único régimen de empleo público, tal como indica la Constitución Política. Busca atraer el mejor talento al Estado, mantenerlo motivado y de esta forma garantizar eficiencia y eficacia en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía".

Cambios a nivel administrativo

El proyecto de ley tiene dos grandes ejes: lo administrativo y los salarios / beneficios para los empleados.

El Ministerio de Planificación comunicó que con las medidas del proyecto (que podés leer aquí) y a partir del año 18 de su puesta en vigor, el ahorro sería de ¢55.000 millones anuales.

Con esto, el acumulado del ahorro entre el año 18 y el 35, sería de ¢1 billón.

Estos son los grandes cambios a nivel de gestión:

1) De ser aprobado el plan, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) consolidaría su función como el rector del empleo en Costa Rica (la rectoría la obtuvo con la ley 9635 en diciembre pasado).

2) Esta institución contaría con el apoyo de un Consejo Consultivo de empleo público compuesto por 10 personas, que sería conformado por:

--Ministerio de Hacienda

--Ministerio de Trabajo

--Servicio Civil

--Poder Judicial

--Caja Costarricense de Seguro Social

--Consejo Nacional de Rectores

--Tres representantes de sindicatos.

3) También se formaría un observatorio que reuniría información para el funcionamiento del proyecto.

4) El proyecto SÍ incluiría a los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), al Tribunal Supremo de Elecciones, a la administración central y descentralizada (incluida la Caja Costarricense de Seguro Social; CCSS), a las universidades y las municipalidades.

5) El proyecto NO incluiría a entidades públicas no estatales y a personas que no participan de la gestión pública de la Administración ni a las que, sin relación de subordinación, reciban alguna remuneración.

Cambios a nivel de salario y beneficios

Actualmente, en Costa Rica, una secretaria del Poder Judicial puede ganar ¢1,2 millones mensuales, mientras que una secretaria del Gobierno central recibe un pago de ¢261.000 mensuales. Y ambas hacen exactamente el mismo trabajo.

Para que diferencias abismales como esa no proliferen más, el proyecto de ley busca que haya salarios uniformados en el sector público. El plan lo llama: “salario global”. La idea es ordenar las condiciones de empleo para todos los funcionarios públicos a través de la unificación de beneficios y remuneraciones.

Los sueldos de hoy, publicó recientemente La Nación, tienden a crecer con el tiempo gracias a incentivos como las anualidades. Antes de la reforma fiscal, un salario base de ¢500.000 podía subir a ¢5,3 millones en 40 años solo por anualidades. La reforma atenuó ese efecto a unos ¢2 millones, pero el aumento sigue siendo considerable.

El plan del Gobierno es recalcular los nuevos salarios tomando en cuenta estos tres factores:

Primero: cantidad de incentivos permanentes que recibe el cargo con el sistema actual.

Segundo: rango salarial que recibe ese mismo puesto laboral en el sector privado.

Tercero: el pago que recibe el cargo en alguna otra institución pública, con la intención de que haya equidad.

La situación es tan delicada en el sector público que en la actualidad los trabajadores nuevos únicamente entran por dos razones: reemplazos por pensión o renuncia y apertura de plazas congeladas.

Parte de lo que afecta a las finanzas actualmente son los salarios, pluses, beneficios e incentivos de funcionarios públicos de vieja data.

El plan establece dos reglas de oro para los nuevos funcionarios:

1) Ningún salario puede ser más alto que el del presidente de la República, de 6,6 millones al mes.

2) A igual trabajo, igual salario en condiciones de eficiencia idénticas.

Dentro del proyecto, ha detallado La Nación, habrá metodologías de cálculo para ciertos subregímenes.

En el caso de los docentes, por ejemplo, actualmente los de primaria ganan por jornadas y los de secundaria por lecciones. La propuesta es equiparar a todos a lecciones y que todos ganen lo mismo en condiciones similares.

En el caso de otras instancias, dependiendo de la especialidad del tema, cada subrégimen definirá las condiciones. Eso sí: el plan prevé reducir a ocho los 14 subregímenes que existen hoy.

Estos serían los ocho:

--Servicios públicos en general

--Policía

--Ciencias médicas

--Educadores

--Universidades

--Personal de confianza

--Servicio exterior

--Poder Judicial

En cuanto a incentivos, el plan gubernamental no toca los pluses que reciben los empleados actuales, aunque sí propone dos modalidades de nuevos incentivos: monetarios y no monetarios.

Estos incentivos estarán vinculados al cumplimiento de objetivos institucionales y variarán según la entidad donde trabaje el funcionario (en la actualidad solo 7 de 260 incentivos que paga el sector público a sus empleados están ligados a sistemas de evaluación, o sea que los beneficiarios reciben incentivos sin cumplir metas específicas).

Incentivos monetarios:

Serán un incentivo del 10% del salario del empleado con desempeño “excelente” o “sobresaliente”. que se dará una sola vez al año.

Solo el 30% de la planilla podría obtener este incentivo.

Incentivos no monetarios:

Lo ganarán los funcionarios públicos que alcancen calificaciones de desempeño “muy bueno” y se definirán de acuerdo con el tipo de puesto.

Otros beneficios que contempla el plan:

--Teletrabajo

--Horarios flexibles

--Permisos para cuidadores

--Licencias de paternidad

--Extensión de licencia por maternidad hasta por seis meses en casos calificados

Razones para el cambio

La finanzas de Costa Rica están mal. La aprobada reforma fiscal ayuda(rá) a paliar parte del problema, pero no es suficiente para enrumbar al país hacia una salida del déficit fiscal, según el Ejecutivo.

La reforma al empleo público que impulsa el Gobierno, con el ahorro al que apunta, responde a un hecho concreto muy discutido en el país: los funcionarios públicos, que son el 15% de la fuerza laboral de Costa Rica, han ganado beneficios económicos en las últimas décadas que hoy resultan anacrónicos con las condiciones de pago de un Estado que recauda menos dinero del que gasta.

No obstante, según Mideplan, este proyecto de ley no tiene una finalidad “fiscalista” sino que buscar “asegurar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos” (artículo 1 del proyecto de ley).

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¿Y ahora qué sigue?

En 2018, poco antes de que se aprobara la reforma fiscal, miles de funcionarios públicos liderados por sus sindicatos hicieron huelgas en las calles de San José para evitar que el proyecto para mejorar las finanzas públicas viera la luz. Las huelgas duraron varios meses y algunos funcionarios hasta aprovecharon para irse de vacaciones y salir del país.

El pasado 1.° de mayo, durante la tradicional marcha por el Día Internacional del Trabajador, los manifestantes aprovecharon para protestar en contra de este proyecto de reforma. Esta marcha sobresalió por sus ataques contra el presidente Carlos Alvarado, ministros y diputados.

En la Asamblea Legislativa este plan también ha generado opiniones compartidas.

En Restauración Nacional, cuando el proyecto fue presentado a comienzos de abril, el diputado Carlos Avendaño dijo que era un “tema país” y que el texto estaba en manos de sus asesores para leerlo. Sobre todo la parte del salario único.

El legislador Erwin Masís del PUSC dijo que le parece bien que comience la discusión sobre el empleo público.

En las filas del PLN, la congresista Silvia Hernández manifestó que le hace falta saber con más detalles cuánto va a ahorrar Costa Rica con esta medida.

Por su parte, el líder sindicalista Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo a La Nación que el proyecto presentado por Planificación no tiene “una sola sigla sindical” que haya legitimado lo propuesto.

¿Qué te parecen estas medidas? Danos tu opinión en comentarios para que esto se transforme en debate. ¿Creés que las finanzas ticas sanearán lo suficiente con proyectos como este o hace falta más?

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