Esteban Ramírez. 12 enero

Las ventas atadas o condicionadas son mecanismos comerciales totalmente inaceptables. Esta práctica ocurre cuando el proveedor de un bien o servicio supedita la venta a que el cliente adquiera otro producto no deseado (o no solicitado), e incluso el comercio puede tratar de empaquetarlo dentro del precio final de un artículo, sin consultar si la persona lo quiere comprar.

En el sistema financiero estas prácticas también son prohibidas. Pese a ello, ocurren.

Marchamo mal pegado.
Marchamo mal pegado.

A inicios de año un familiar contó que a la hora de pagar el marchamo de su vehículo en la caja de un banco, el monto final que debía cancelar era ligeramente superior al que había consultado días atrás en la página web del Instituto Nacional de Seguros. Cuando preguntó la razón de este aumento al ejecutivo que atendía en la plataforma este le indicó que el precio final incluía el costo de un seguro autoexpedible, pero que si quería lo podía eliminar.

Si ese cliente no hubiera consultado antes el monto a cancelar por el derecho de circulación o no hubiera puesto atención al desglose final del cobro, es muy posible que hubiera pagado por una cobertura que no solicitó, y cuyos beneficios tampoco habría conocido pues jamás recibió información sobre las ventajas de adquirir el producto.

Me temo, incluso, que el vendedor de esta póliza ni siquiera estaba claro de que su proceder podría estar en conflicto con varias leyes y reglamentos sobre protección y defensa del consumidor, y normativa más específica del mercado de seguros.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) tiene la potestad de sancionar estas prácticas, y las superintendencias (sean financieras o la de telecomunicaciones), el deber de denunciarlas cuando sean de su conocimiento.

Los seguros autoexpedibles no son el único caso donde se puede tratar de consumar ventas atadas. Como consumidores tenemos que prestar atención si a la hora de suscribir créditos bancario nos exigen contratar los seguros a empresas específicas, o a trasladar ciertos servicios financieros (como la administración de la pensión complementaria).

En telecomunicaciones, no se permite condicionar unos servicios a otros, como electricidad a telefonía, Internet o televisión, aunque las empresas sí pueden ofrecer paquetes.