La novela sobre Uber en Costa Rica, lejos de encaminarse hacia su desenlace esta semana, se puso más candente, toda vez que el Gobierno mantiene su posición de considerar ilegal esta plataforma para el transporte de pasajeros, pero también, se declara imposibilitado de ejecutar el bloqueo del servicio.
El pasado martes 21 de agosto finalizó la “tregua” de 45 días entre el Gobierno y los taxistas, sin que hubiera un cambio notable en el curso de acción para atender el conflicto. Esto deja el terreno despejado para que aparezcan, de nuevo, los bloqueos callejeros de los taxistas, e incluso puedan prosperar otros focos de tensión en frentes hasta ahora desconocidos.
Recapitulemos un poco. El Gobierno reafirmó que la operación de Uber es ilegal, que continuará con los operativos de Tránsito para detectar a los transportistas irregulares y, mientras esto ocurre, buscará una nueva legislación en materia de transporte remunerado.
Esta receta no agrega nada nuevo. Desde el año pasado el Poder Ejecutivo se comprometió a reforzar controles en carretera para sancionar a los choferes de Uber y decomisar sus automóviles. En noviembre del 2017, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), informó de que impuso la primera multa de ¢2 millones a uno de estos conductores, y de paso dijo tener abiertos otros 30 procesos de investigación similares.
Basta una rápida operación matemática para darse cuenta de que ni siquiera vale la pena mencionar aquí el decimal que representa la proporción choferes Uber sancionados hasta esa fecha, tomando en cuenta que la plataforma tiene actualmente una base de 22.000 socios conductores.
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Las sanciones podrían tener un efecto disuasivo en el mejor de los casos, pero esto no parece estar ocurriendo: la evidencia muestra que luego tres años de estar en Costa Rica la plataforma Uber goza de buena salud, opera sin contratiempos y la cantidad de choferes prácticamente se triplicó.
Entonces, los operativos de Tránsito quizás sirvan más para apaciguar los ánimos de los taxistas, pero este efecto pronto pasará a medida que las negociaciones con el Gobierno se extiendan y desgasten. Esto último es muy delicado, porque da cabida a formas de protesta y coersión fuera de los espacios formales.
Un caso extremo ocurrió en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), donde un juzgado local declaró ilegal la actividad, se limitaron los pagos en Uber con tarjeta de crédito y se ha tratado de bloquear la aplicación. También proliferaron los “caza-Uber” que identifican a los choferes privados para denunciarlos, y se convirtieron en grupos muy organizados en redes sociales que pueden agruparse para hostigar a conductores y funcionarios públicos favorables a la multinacional.
Sin embargo, la provincia de Mendoza, también en Argentina, se encuentra en el extremo opuesto. Ahí más bien se anunció la pronta incorporación del servicio de Uber, luego de una modificación reciente a las leyes de tránsito en el senado provincial. Así, compañías como Uber y Cabify podrán operar dentro de una modalidad llamada servicio de transporte privado por medio de plataformas electrónicas de interés público, mientras que los taxis lo harán como servicios de interés general.
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Para poder funcionar de esta forma, los propietarios de carros de Uber deberán registrarlos y pagar un monto de inscripción; además deberán abonar un impuesto (1% del viaje bruto) para alimentar un fondo que financie la adquisición de nuevas unidades de transporte público, y se pidió que los choferes de taxis también puedan ser parte de Uber, o sea, ofrecer ambos servicios.
Esto ocurrió aun sin haber iniciado las operaciones de Uber en dicha localidad, pero la empresa ya se alista para comenzar a funcionar en cualquier momento, y la decisión generó también el interés de otros operadores, como Cabify, por atraer a los pasajeros y choferes de Mendoza. Eso suena a mayor competencia en el mercado.
Uber como innovación disruptiva es difícil de encasillar dentro de las leyes vigentes, pero tampoco se puede dejar por la libre y hay que hacer ajustes decididos para propiciar una verdadera competencia en el transporte de pasajeros. Es vital que el Gobierno tome en sus manos la solución la situación de esta empresa en el país, y no se juegue el chance de darle largas, porque “el viaje” podría salir más caro de lo previsto.