Esteban Ramírez. 25 febrero
2/4/18/. Es cierto que los estudiantes de centros educativos públicos estuvieron entre los más perjudicados en este trance. Sin embargo, es necesario reconocer que todos perdimos algo y que lo razonable es evitar que esta historia se repita en el futuro inmediato. Foto con fines ilustrativos.
2/4/18/. Es cierto que los estudiantes de centros educativos públicos estuvieron entre los más perjudicados en este trance. Sin embargo, es necesario reconocer que todos perdimos algo y que lo razonable es evitar que esta historia se repita en el futuro inmediato. Foto con fines ilustrativos.

Los tribunales de justicia declararon legal la huelga de 89 días que protagonizaron, el año pasado, los maestros. Luego de conocer este fallo, el ministro de Educación, Édgar Mora, hizo un llamado a cerrar la discusión, aunque interpreto que se refería a poner punto final al debate sobre la legalidad del paro de labores, pues en ámbitos como el económico, el recuento de daños apenas se inicia.

La huelga, que comenzó el 10 de setiembre y finalizó el 7 de diciembre, y donde participaron, además de maestros, funcionarios de otras instituciones públicas, afectó la producción interna, la confianza de los hogares y los mercados financieros, así como el empleo, con secuelas que son evidentes hoy, y lo serán durante los próximos meses.

El Banco Central estimó que el movimiento huelguista se comió 0,4 puntos porcentuales del crecimiento económico del 2018, que más o menos equivalen a ¢138.700 millones (unos $227 millones). Sectores como el de servicios de enseñanza y salud sufrieron una fuerte desaceleración el año pasado (aumentaron tan solo 0,3% respecto al 2017), un impacto que se reflejó con mayor claridad en la educación y la salud proveídas por el Estado, donde se registró una contracción de 1,6% en comparación con el 2017.

La huelga también incidió en el desempeño de la manufactura, donde se afectó el crecimiento de esta actividad, principalmente en la segunda mitad del año, debido al efecto de las protestas sobre las cadenas de distribución, aunque las empresas locales resintieron también el conflicto interno en Nicaragua.

El desempleo se disparó a 12% en el último trimestre del 2018 (9,3% en el mismo periodo del 2017), impulsado, en parte, por un aumento de los jóvenes que buscaron trabajo pero no encontraron. Aquí es importante afinar mejor el lápiz, pues el deterioro pudo ser por varias razones. La desaceleración económica es una; pero otra hipótesis es que algunos jóvenes optaran por buscar empleo en vista de que no tenían que asistir a clases, y aunque el mercado laboral pudo absorber a varios, otros no lograron colocarse.

El movimiento de huelga también entró a restar en el índice de confianza del consumidor (ICC), que elabora la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. En noviembre, el dato cayó a 28,2 puntos de 100, su nivel más bajo desde que se comenzó a calcular el ICC (2002), y en el reporte de esta encuesta se destaca que la discusión de la reforma fiscal y las protestas en torno a ella atizaron más el pesimismo en los hogares.

La protesta no tardó en llegar a oídos de las calificadoras de riesgo internacionales, y a los pocos días de iniciada la paralización, el 20 de setiembre, Moody’s envió una comunicación a los inversionistas sobre cómo la efervescencia social podría impactar en forma negativa los esfuerzos del Gobierno para llevar adelante el proceso de consolidación fiscal (el 18 de octubre esta agencia colocó la nota del Gobierno en revisión para una posible degradación y el 5 de diciembre la rebajó). Por esas fechas, el banco londinense Barclay’s también emitió una recomendación de trasladar las inversiones en bonos de Costa Rica hacia otra clase de activos.

En ambos casos las dudas sobre el alcance de la reforma fiscal que se estaba tramitando, junto con la activación de la huelga, fueron común denominador del mensaje hacia los mercados externos, que añadieron ruido en momentos muy delicados para el país, pues hacia finales de año se avecinaban grandes necesidades de liquidez para el Gobierno y para satisfacerlas era necesario pedir prestados los recursos.

Es cierto que los estudiantes de centros educativos públicos estuvieron entre los más perjudicados en este trance. Sin embargo, es necesario reconocer que todos perdimos algo y que lo razonable es evitar que esta historia se repita en el futuro inmediato.