Corrillos Políticos

Estado atrapa a contribuyentes en un ciclo perjudicial

Los contribuyentes pagan impuestos para que el Gobierno les transfiera dinero a numerosas instituciones públicas. Sin embargo, una vez que exigieron los recursos, muchas de estas entidades no gastan buena parte del dinero, sino que lo acumulan en superávits. Luego, como el Gobierno siempre anda en busca de fondos para cumplir esta y otras obligaciones, las mismas instituciones le prestan el dinero guardado a cambio del pago de intereses, mediante la compra de bonos de deuda pública.

En síntesis, los contribuyentes primero pagan impuestos para que el Poder Ejecutivo cumpla con las transferencias a las instituciones y, después, para pagarles los intereses por el dinero que colocaron en bonos.

Acto seguido, el Gobierno necesita más dinero para seguir haciendo las transferencias anuales y, a la vez, para seguir cubriendo el precio del financiamiento, de manera que el proceso se repetirá una y otra vez.

Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación (eoviedo@nacion.com), para informarle de que este ciclo fue claramente identificado por la Contraloría General de la República, la cual planteó un proyecto de ley para atacar el problema y ahorrar a los contribuyentes alrededor de ¢380.000 millones anuales.

Esta cantidad de dinero equivale a casi el 7% de los ingresos corrientes del Gobierno. Se trata de un 1% del producto interno bruto (PIB).

Es evidente que no todo el endeudamiento se debe a este fenómeno; también influyen un gasto excesivo frente a la disponibilidad de ingresos, así como ineficiencia en la recaudación y en el gasto. Para muestra, un botón: el 47% del Presupuesto Nacional del 2022, unos ¢5,4 billones, se financiará con endeudamiento.

Sin embargo, liberar un 1% del PIB en tiempos de crisis es una gran ganancia.

La propuesta de la Contraloría, contenida en el expediente 22.661, consiste en centralizar las cuentas de las instituciones públicas en el Banco Central (BCCR), en vez de que las entidades tengan sus recursos dispersos en numerosas cuentas de bancos comerciales, como ocurre hoy.

Con reglas de transparencia en la información, el Gobierno podría saber de cuánto dinero dispone cada institución y si realmente necesita más recursos en determinado momento.

Si no existe una necesidad apremiante de pasar fondos, el Gobierno vería reducida la presión sobre el gasto en transferencias.

En el programa Nuestra Voz, la contralora general, Marta Acosta, lo explicó de forma muy sencilla: ”Con este sistema, buscaríamos eliminar esa práctica donde la Tesorería Nacional busca fondos, se endeuda para que las instituciones puedan operar, pero en muchas ocasiones no los están operando (los fondos), sino que la plata la tienen guardada y compran bonos del Gobierno.

“Entonces, el Gobierno, primero se endeuda para darles la plata, pero luego les tiene que pagar intereses (por esa misma plata). Esa práctica hay que erradicarla para hacer un manejo eficiente”.

El BCCR solo ejercería funciones de cajero del Estado, cobrando un costo mínimo por las operaciones. La administración de la plataforma la tendría la Tesorería Nacional. Todas las instituciones estarían obligadas a depositar su dinero en el Sistema de Cuentas del Sector Público, excepto las empresas en competencia, los fondos de pensiones y la seguridad social.

El plan traería ahorros tanto por reducción en el pago de intereses (0,5% del PIB), como en costos operativos (0,4%) y comisiones bancarias (0,1%).

Este plan lo acogieron y lo introdujeron en la corriente legislativa diputados de PLN, PUSC, Restauración, PIN y Republicano, así como el bloque fabricista y el diputado independiente Erick Rodríguez.

Llama la atención que no lo haya firmado el partido en el poder, el PAC, y que, en la Comisión de Hacendarios, haya presentado una moción para aumentar de 40 a 75 el número de instituciones que serán consultadas para empezar a discutir el proyecto.

La oposición le pide al presidente Carlos Alvarado convocar el plan en las sesiones extraordinarias que empezarán en noviembre próximo, pero la respuesta de la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, fue esta: “Estamos a la espera de los insumos técnicos de las instituciones”.

A muchas instituciones no les gustará la idea. De hecho, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, trató de instaurar un procedimiento similar al pedir a las instituciones guardar sus recursos en la Caja Única del Estado. Lo logró en algunos casos, pero topó con cerca, por ejemplo, con las universidades públicas, las cuales alegaron que la ley no las obliga a ello. Vendrá ese tipo de discusiones.

Se rompió el ciclo del aumento del gasto en salarios

Sería extraño que este Gobierno no apoye una reforma estructural de este tipo después de comerse el costo político de reformas que hoy empiezan a dar resultados.

No hay que ser mezquino. Un análisis de la misma Contraloría confirmó que, para el 2022, el gasto en salarios del Gobierno Central tendrá una histórica disminución, contraria a la tendencia de la última década en que las remuneraciones crecían a un ritmo del 5,5% anual, presionando el déficit.

Esta contención no habría sido posible de no ser por la reforma fiscal del 2018, que nominalizó los pluses salariales y que introdujo la regla fiscal para frenar el crecimiento del gasto en periodos de crisis fiscal.

Adicionalmente, sin el apoyo de algunos partidos de oposición que exigen recortes de gasto, la administración actual y diputados del PLN, Restauración y el fabricismo sacaron adelante la reforma al empleo público, la cual ya está en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para ser ajustada al fallo de la Sala IV.

El examen no fue fácil. El PUSC llevó el proyecto a la Sala IV alegando, entre otras cosas, que un transitorio violaría el principio constitucional de igualdad y no discriminación (nada menos que semejante artículo). Se trata del artículo que regularía el traslado de los funcionarios públicos actuales del régimen de salario compuesto al de salario global.

El transitorio establece que los funcionarios con sueldos inferiores al futuro salario global seguirán en el esquema actual, en el que reciben un salario base más incentivos como las anualidades, hasta que alcancen el nivel salarial del nuevo esquema.

Para el PUSC, fue cómodo alegar que se violaría el principio de igualdad. Sin embargo, la Sala IV, con base en su jurisprudencia, sentenció que el mal estado de las finanzas públicas es una justificación objetiva y razonable para evitar un incremento salarial inmediato para estos 28.000 funcionarios.

Según el Tribunal Constitucional, una diferencia de trato excepcional debe estar basada “en objetivos constitucionalmente legítimos”, siempre y cuando se respeten los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y la medida sea necesaria.

En este caso, la Sala encontró que “el cumplimiento del principio de equilibrio financiero o presupuestario es una justificación objetiva y razonable para concluir que la normativa transitoria es conforme con el derecho de la Constitución, máxime si se toma en cuenta la situación fiscal tan deteriorada que tiene el Gobierno Central, que pone en peligro la viabilidad del Estado Social de Derecho y de la economía costarricense en su conjunto”.

Esta semana, los diputados también dictaminaron positivamente un proyecto para eliminar el sobresueldo que Recope desembolsa para el fondo de ahorro de sus funcionarios, el cual es cargado a las tarifas que pagan los consumidores de combustibles. Sin embargo, el PUSC evalúa extender la vida del beneficio por tres años más alegando, de nuevo, que el sobresueldo está incluido en la convención colectiva de la Refinadora firmada para el periodo 2021-2024.

Así de conflictivo sería el 2026 en las finanzas públicas

Por cierto, un análisis de la Contraloría nos mostró cómo serán las finanzas públicas en el 2026, de no haber ajustes fiscales adicionales.

El mal estado de las finanzas públicas seguirá estrechando la inversión en obras y las funciones esenciales del Estado. Aunque los intereses de la deuda pública continuarían consumiendo gran parte de los recursos cobrados a los contribuyentes, será más que necesario recurrir a nuevos endeudamientos para financiar el gasto público, lo que a su vez afecta el financiamiento del sector privado.

La recuperación fiscal será lenta y obligará a una prolongada contención del gasto. Serían cada vez más recurrentes conflictos por dinero como el que ocurrió con la Fuerza Pública, este año, cuando advirtió que se quedaba sin dinero para los uniformes de los policías.

Además, la CGR señaló que el Gobierno incumple la regla fiscal en el gasto corriente del Presupuesto del 2022. El ministro de Hacienda alega que el plan de gastos cumple la regla en la globalidad y que, por cumplir la regla en el gasto corriente, no podría dejar de pagar los intereses de la deuda que consumen gran parte de los fondos públicos.

Todos estos conflictos seguirán si no se ataca el origen de los problemas. Para solucionarlos, está la política.

Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Editor de Política. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005 y en el 2007 recibió el premio Jorge Vargas Gené.