Esteban Oviedo. 18 octubre
El presidente Carlos Alvarado (último a la derecha) se reunió este martes con los jefes de fracción para presentarles el plan del Gobierno para el sobreendeudamiento. De izquierda a derecha: Wálter Muñoz, del PIN; Pedro Muñoz y María Inés Solís, del PUSC; Laura Guido, del PAC, y Carlos Ricardo Benavides, del PLN y presidente del Congreso.
El presidente Carlos Alvarado (último a la derecha) se reunió este martes con los jefes de fracción para presentarles el plan del Gobierno para el sobreendeudamiento. De izquierda a derecha: Wálter Muñoz, del PIN; Pedro Muñoz y María Inés Solís, del PUSC; Laura Guido, del PAC, y Carlos Ricardo Benavides, del PLN y presidente del Congreso.

En tiempos de estrechez económica, el gobierno lanzó sobre la mesa un plan de salvamento para las personas altamente endeudadas; la oposición se mostró bastante escéptica ante la idea y le reclama al Ejecutivo mayor atención a sus proyectos.

Y esa es solo una de las brasas que deben resolver los políticos en las próximas semanas. Restauración Nacional demanda apoyo a la reactivación de la pesca de arrastre para reactivar Puntarenas, pero el Ejecutivo decidió poner en firme su oposición por razones ambientales, por salvar a la fauna marina.

En tanto, los diputados decidieron congelar el proyecto de reforma al empleo público. No reanudarán su trámite mientras el gobierno no presente una propuesta más agresiva para controlar el gasto. Sin embargo, Zapote se muestra cauteloso.

Y, en la más reciente medición de la pobreza, Guanacaste sorprende con un fenómeno, aunque los números nacionales siguen siendo preocupantes.

Estos son los hechos políticos más relevantes de la semana. Al final, todos quieren una tabla de salvamento.

Salvamento a deudores

Según el Banco Central, los costarricenses viven un nivel de endeudamiento histórico.

Esta situación estrecha la liquidez de las personas y, por lo tanto, incide en la desaceleración del consumo y de la economía en general.

En el 2018, los préstamos solicitados por las personas representaron el 35,3% del producto interno bruto (PIB), con el inconveniente de que la gente está pagando más créditos por consumo (autos, viajes, tarjetas de crédito) que por vivienda.

El gobierno presentó un proyecto de ley y emitió una directriz con el objetivo de que los bancos puedan otorgar lo que denominó "créditos de salvamento".

Se trata de préstamos para que las personas altamente endeudadas puedan cancelar sus créditos de consumo, con una tasa más baja, a fin de mejorar su disponibilidad mensual de dinero.

Así, por un préstamo de unos ¢10 millones las personas pagarían ¢115.000 mensuales, más el costo de los seguros, a un plazo de 15 años. El monto es ventajoso si se compara con una tasa del 20% y un plazo de ocho años, lo que exige una cuota de ¢210.000.

El proyecto de ley también pretende castigar la usura, así como una autorización para que los bancos obtengan más financiamiento en el entorno internacional.

El lunes 14 de octubre, el presidente Carlos Alvarado invitó a los jefes de fracción para presentarles el proyecto en Casa Presidencial. A la salida de la reunión, el PLN y el PUSC expresaron numerosas dudas.

El socialcristiano Pedro Muñoz lanzó críticas al decir que el proyecto no cubre a todos los endeudados: "No va a la causa del problema, altos precios de combustibles y electricidad. El PUSC ha hecho propuestas que han sido ignoradas, se está poniendo una cortina de humo para quedar bien con grupo de personas que están endeudadas. No se han cuantificado los costos. ¿Quién va a pagar esto? ¿Lo terminaremos pagando con impuestos?".

En tanto, la liberacionista Silvia Hernández, citando una reunión con el jerarca de la Sugef, Bernardo Alfaro, alegó que el proyecto beneficiaría principalmente a funcionarios del sector público, al tiempo que mencionó la posibilidad de que termine perjudicando a la banca y a las familias.

Ese mismo día, al ser consultado por la prensa en un corrillo del Congreso, el propio superintendente general de Entidades Financieras, Bernardo Alfaro, se mostró sorprendido por las declaraciones de los diputados.

Afirmó que los bancos "están llenos de liquidez" y tienen "dinero muy abundante" que pueden destinar, sin ningún problema, a los créditos de salvamento.

También aclaró que la iniciativa no conlleva ningún costo para el Estado, pues se desarrollará con fondos de la banca. "Los bancos no tienen ninguna relación con lo que recauda el gobierno", aclaró.

A la vez, negó que el plan ponga en peligro la estabilidad bancaria o que esté destinado a beneficiar a empleados públicos, pues esta primera etapa se dirige tanto a asalariados estatales como privados.

Es entendible que, políticamente, el PLN y el PUSC aspiren a tener protagonismo de cara a los intentos por reactivar la economía, pero en este caso un alto funcionario técnico desmontó muy rápido sus argumentos.

El afán de ambos partidos opositores, de mostrarse dubitativos o escépticos en Zapote, pareciera chocar con un proyecto que tiene buen ambiente incluso en la banca, aunque siempre permanecerá la duda de si es necesario premiar a quienes se sobreendeudaron y a las entidades que lo facilitaron.

Quizá el paso más difícil para implementar este plan está en la propia banca. El BN, el BCR y el BP ya se pusieron a trabajar en el tema, con base en una directriz del gobierno. Habrá que ver si sus productos crediticios salen como lo planea el gobierno.

El PUSC tiene proyectos importantes para la reactivación económica, sobre todo en el tema del aseguramiento. Una posible explicación a su reacción sería el reclamo por una mayor atención del gobierno a sus iniciativas.

El punto rescatable de las declaraciones de los opositores es que ambos llaman a pensar también en los trabajadores informales, los que la política pública suele ignorar: más de un millón de personas que no tienen un ingreso estable y que también sufren endeudamiento.

En una segunda etapa, dijo el superintendente, se diseñará una estrategia para trabajadores independientes.

Fenómeno en Guanacaste

Este año, la pobreza se mantuvo en un 21% a pesar de la desaceleración de la economía y del aumento en el desempleo, según la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) divulgada el 17 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por su parte, la pobreza extrema bajó de un 6,3% a un 5,8%.

Eddy Madrigal, coordinador de la Enaho, explicó a La Nación que, en el 2019, la pobreza no aumentó porque el ingreso de los hogares pobres aumentó más que la línea de pobreza, la cual hoy está en poco menos de ¢104.000 mensuales.

Según la Encuesta, el ingreso de los hogares más pobres subió un 4,9%, más que el resto de la población, mientras que la línea de pobreza nacional subió un 3%.

Todavía falta estudiar qué rubros explican dicha alza en el ingreso. En el caso de los hogares más pobres, pesan mucho los subsidios estatales, las transferencias y los ingresos autónomos. El ingreso por salario representa 40% del total.

"Todos los rubros de ingreso lograron aumentar, en general, en la Chorotega. Por ejemplo, los subsidios estatales en términos nacionales se redujeron, pero en la región Chorotega no, entonces todos los rubros de ingreso logran incrementar para aportar a que haya una captación de esos ingresos de los hogares que están en los primeros deciles", afirmó Pilar Ramos, coordinadora de la Divulgación Estadística del INEC.

En el Pacífico central, en la zona sur y el Caribe, la pobreza se mantiene en niveles alrededor del 30%, mientras que en la región central es del 17%.

Resultados 2019

Golpe en la ONU

A principios de octubre, con el respaldo de los expresidentes de la República, el mandatario Carlos Alvarado anunció la decisión de postular a Costa Rica para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el 2020, con el fin de evitar la llegada del régimen venezolano de Nicolás Maduro, el cual también se había postulado para uno de los dos espacios que tienen Latinoamérica y el Caribe.

El presidente afirmó que Costa Rica se propuso porque el régimen de Venezuela no es un candidato adecuado, en vista de los informes que han evidenciado violaciones a los derechos humanos.

La postulación fue acuerpada por los diputados, con excepción de los fabricistas, y por los expresidentes, los cuales achacaron cinismo y descalificación moral al régimen de Nicolás Maduro.

Posteriormente, el canciller Manuel Ventura anunció que lo ideal sería hacer una "candidatura dupla" con Brasil. "Que uno apoye al otro para salir de esto juntos", dijo.

No obstante, esta posición le valió al gobierno la crítica de sus propios garantes éticos, los cuales calificaron de inaceptable que Costa Rica se alíe con el gobierno de Jair Bolsonaro, al que acusaron de contradecir "los ideales de una democracia respetuosa, inclusiva y sin discriminación", por alabar la dictadura militar, la tortura y el terrorismo de Estado, así como promover la violación de derechos de las minorías en razón de su etnia, género o identidad sexual.

El 16 de octubre, el día antes de la votación en la ONU, el presidente alegó un malentendido; afirmó que lo único que había es un entendimiento en el sentido de que la candidatura de Costa Rica tenía por objetivo evitar la llegada de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos.

El día de la votación en la ONU, el jueves 17 de octubre, Brasil obtuvo 153 votos, Venezuela 105 y Costa Rica 96. No se cumplió el objetivo de evitar la llegada del régimen de Maduro.

El presidente afirmó que no puede haber derrota cuando se pelea por una causa justa y por principios. En tanto, los expresidentes Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez señalaron que, en 15 días, Costa Rica logró obtener 96 votos, mientras Venezuela llevaba años en campaña.

Pesca de arrastre

El 1.° de julio, un amplio grupo de diputados votó a favor de tramitar mediante un procedimiento abreviado el proyecto de ley que reviviría la pesca de arrastre bajo ciertas condiciones.

Un total de 43 diputados se pronunció a favor, incluyendo legisladores del PLN, PAC, PUSC, Restauración, Nueva República, PIN, Republicano Social Cristiano y un independiente.

La iniciativa la lidera el restauracionista Melvin Núñez y el proyecto se basa en un experimento del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), según el cual es posible reducir el daño ambiental de la pesca de arrastre con un nuevo tipo de red.

¿Cuál es el problema de la pesca de arrastre? En el 2013, la Sala IV prohibió al Estado otorgar nuevas licencias para practicar este tipo de pesca al considerar que le causa un grave daño al ambiente.

Los barcos que emplean esta técnica lo que buscan es camarones y, para ello, sumergen hasta el suelo marino dos redes (una desde cada costado de la embarcación) que arrastran especies, a ras del suelo, conforme el barco avanza.

El problema es que las redes de estos barcos semiindustriales captura una enorme cantidad de especies distintas al camarón, lo que se denomina fauna de acompañamiento (FACA).

Con el método tradicional, hasta el 95% de cada tonelada extraída del fondo es FACA y solo el 5% es camarón, de acuerdo con estudios hechos en el 2008 y 2017 por Incopesca y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en el país.

Un experimento hecho por Incopesca sostiene que, con una nueva red denominada AA Costa Rica, la cual tiene dispositivos que excluyan las especies como peces y tortuga, es posible subir a un 75% la captura de camarón y bajar a un 25% la FACA.

El proyecto de ley se basa en otorgar nuevas licencias bajo esa modalidad. No obstante, la investigación fue fuertemente criticada por académicos y ambientalistas que alegan falta de rigor científico.Recibió, por ejemplo, los siguientes cuestionamientos:

-El tiempo de investigación es muy corto y no toma en cuenta el comportamiento de las especies en invierno, verano, con o sin fenómeno de El Niño

- Los experimentos se realizan solo en un punto del país y no se hace una caracterización de ellas

- Los experimentos son solo para dos especies de camarón, cuando en Costa Rica hay cerca de una decena

Durante su discusión en comisión, el proyecto recibió una advertencia de la Procuraduría General de la República, en el sentido de que texto podría ser inconstitucional porque se basa en un estudio insuficiente.

Luego, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, en declaraciones a La Nación en octubre, afirmó que el gobierno se opone a revivir la pesca de arrastre, con lo que pone el proyecto cuesta arriba.El diputado Melvin Núñez insiste en que el plan urge para solucionar la carencia de empleo en Puntarenas, pero el gobierno responde que esa no es la vía correcta y se deben buscar otras opciones.

El plazo para dictaminar el texto se vence el 29 de octubre.

Pesca de arrastre con barco tipo Florida

FUENTE: ESTUDIO DE INCOPESCA    || C.F. / LA NACIÓN.

Reforma insuficiente al empleo público

Por otra parte, los diputados congelaron el trámite del proyecto de empleo público, a fin de solicitarle al gobierno que presente un texto sustitutivo que sea más claro y que aclare cuál será el beneficio de la reforma para el Estado.

Consideran que la primera versión es insuficiente para contener el gasto público.

Este plan lo que pretende es introducir la modalidad de salario único para los nuevos funcionarios públicos de todo el Estado y ofrecer la opción de traspaso a los actuales.

El salario único consiste en un sueldo que sea competitivo por sí solo, sin necesidad de que tenga pluses que complementen el salario base. El problema de los pluses es que crecen exponencialmente conforme pasa el tiempo y termina siendo muy costosos.

No obstante, la Contraloría cuestionó que el gobierno propusiera la modalidad de salario único, pero mantenga ocho subregímenes en los que los salarios sean distintos.crea un régimen general de servidor público y siete subregímenes diferenciados los cuales son: trabajadores de la salud, policiales, de educación, del servicio exterior, de universidades públicas, del Poder Judicial y de confianza.

La Contraloría calificó la estructura propuesta como “incompleta”, “insuficiente” e “inconsistente” y añade que mantiene las desigualdades, al no lograr estandarizar la regulación jurídica de todo el sector de empleo en el Estado y tampoco logra equidad en los salarios, a pesar de que ese es el espíritu del texto.

El director del Servicio Civil y el gobierno defienden la idea de los subregímenes al considerar que crear un solo régimen provocaría un caos.

Por cierto, siempre hablando sobre orden en el empleo público, la CCSS logró que su sistema informático lograra ajustar en un mes el pago de pluses conforme lo establece la reforma fiscal, luego de que había dicho que su viejo sistema no le permitiría hacerlo antes del 2021.