Esta semana, los actores políticos debieron encarar tentaciones sobre meterle la mano a las reservas del Banco Central, obligar a una “renegociación” de deuda pública con los fondos de pensiones y darle vía libre a las municipalidades para que aumenten su gasto.
Dos de esas ideas se debatieron en el diálogo entablado entre Gobierno y sectores.
La primera es tomar un 20% de las reservas del Banco Central (BCCR) para adquirir bonos de deuda interna y financiar los gastos operativos del Gobierno Central.
La idea la plantearon sindicatos públicos y organizaciones de mujeres en el diálogo multisectorial, el miércoles 11 de noviembre. En principio, suena tentador. Se trataría de tomar unos $1.600 millones para financiar parte del faltante del Gobierno en vez de pedirle $1.750 millones al FMI a cambio de emprender reformas de fondo.
Los proponentes alegaron que el BCCR tiene $8.000 millones en reservas (unos ¢4,8 billones) y que puede prescindir de un porcentaje dada la emergencia económica y fiscal. Agregaron que la propuesta surgió de la Universidad Nacional (UNA).
“No entiendo por qué no podemos usar nuestros recursos, que son solo un 20% de las reservas del Banco, antes que ir a pedirle prestado al primo millonario”, dijo Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).
En contraposición, se opusieron la Asociación de Aseguradoras Privadas, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
El debate se tornó acalorado y el presidente Carlos Alvarado debió intervenir: “Pónganse en mi posición. Uno dice, ¿así no más? En primer instancia, suena; qué más quisiera yo, como presidente, que eso se solucionara así, pero yo pregunto, ¿y cuáles son los potenciales riesgos?”
“¿Qué le pasa a un país pequeño que usa sus reservas? ¿Qué pasa con los costarricenses que tienen préstamos en dólares, de casas y carros?”.
“Pero no es solo eso. Digamos que es un monto pequeño, digamos que no impacta. ¿Cuál es la señal afuera? ¿Cuál es la señal a los mercados? ¿Qué va a pasar con los tenedores de bonos de Costa Rica? Lo estoy diciendo como riesgos, no certezas, porque estoy abierto a tener la discusión.
“¿Qué pasa si esos riesgos se materializan? Ahí sí van a decir, 'don Carlos, qué torta, se paseó en todo, en todo Costa Rica. Es una cuestión delicada”, dijo Alvarado.
A su vez, Elian Villegas, ministro de Hacienda, puso las cosas en blanco y negro. Primero, aclaró que, de los $8.000 millones de las reservas del Central, $3.000 no le pertenecen al BCCR, sino que son encajes que otros bancos comerciales están obligados a depositar allí.
Con ello, la cifra de dinero disponible baja de $8.000 millones a $5.000 millones.
Otros $3.000 millones, dijo, constituyen un respaldo de los colones que circulan en el país.
“Al final vemos que lo que le queda al Banco Central son $2.000 millones o $3.000 millones, pero ese dinero lo necesitamos para que, si se generan choques en el tipo de cambio, el Banco pueda responder. Y shockear el mercado no es tan difícil, una operación de compra de $20 millones ya mueve el mercado”, explicó el jerarca.
Este año, el BCCR ha aumentado sus intervenciones para moderar el alza en el precio del dólar con el dinero de sus reservas, las divisas que la entidad tiene para hacer frente a dificultades en las cuentas externas.
Entre el 4 de setiembre y el 4 de octubre, las reservas bajaron en $374 millones. Si se ve la variación desde inicios de año, la reducción fue de $163 millones, según publicó La Nación el 7 de octubre.
Otro artículo de este medio expuso, de manera muy sencilla, los riesgos de utilizar las reservas. Lo puede consultar aquí.
En este artículo, el economista Olman Segura, uno de los autores de la propuesta de la UNA, indicó que la idea de usar las reservas del BCCR en realidad es una tercera opción.
“En mi caso, yo prefiero no utilizar las reservas monetarias internacionales del Banco Central, para evitar bajas calificaciones internacionales a nuestro país y porque gran parte de ellos son encaje mínimo legal de los bancos comerciales y depósitos de Gobierno, y por esa razón creo que es mucho más conveniente firmar un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y luego, con el sello de garantía de disciplina fiscal, poder conseguir otros recursos y renegociar la deuda”, explicó Segura.
Al final, en el diálogo, acordaron pedirle criterio al presidente del BCCR, Rodrigo Cubero.
¿Sacrificar las pensiones?
En el mismo foro, otro tema de debate fue el manejo de la deuda pública.
El Gobierno, apoyado con una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), planteó una reforma legal para permitir que inversionistas extranjeros puedan venir a comprar bonos de deuda interna en el mercado local.
La OCDE detectó que el país necesita aumentar la base de inversionistas para la deuda pública costarricense, en particular de los bonos en colones. El fin es aumentar la competencia, lo que podría derivar en menores costos de intereses y plazos.
En ese marco, también se discutió la idea de emprender una “renegociación” con los acreedores de la deuda interna. No obstante, eso no es tan sencillo.
Lo primero que debemos entender es quiénes son los acreedores. Resulta que los principales acreedores de deuda costarricense son las mismas instituciones públicas y las operadoras de pensiones.
Uno de los principales es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que administra las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
También están el Magisterio Nacional, que maneja las pensiones de los docentes; y las operadoras de pensiones de los bancos Nacional y de Costa Rica, que manejan pensiones complementarias y voluntarias.
Estas instituciones compran bonos de deuda del Gobierno para recibir el pago de intereses y, así, garantizar la sostenibilidad de las pensiones de los trabajadores en el futuro.
Entre los acreedores están desde fondos de pensiones solidarios, como el IVM, hasta los de capitalización individual.
A lo largo de los años, el Gobierno requirió de dinero prestado para cubrir su gasto excesivo, con respecto a sus ingresos, y estas instituciones le prestaron al ver la posibilidad de invertir y obtener rendimientos para las pensiones en un mercado local que, de por sí, es muy pequeño.
De nuevo, el ministro de Hacienda les pidió a los participantes del foro comprender las implicaciones de hablar de una “renegociación” de la deuda, y por qué ese es un término que se debe evitar.
“Sí les pido que tengamos mucha prudencia sobre este tipo de temas y con el término renegociación, porque es una palabra que no es bien vista en mercados internacionales y, aunque muchos de ustedes quieran ayudar, podría generarse un problema”, les advirtió.
Villegas reveló que Hacienda tenía una reunión agendada hace 22 días con los principales tenedores de deuda interna, pero el encuentro se canceló horas antes porque la convocatoria se filtró a la prensa.
Según dijo, decisiones o mensajes equivocados pueden desfinanciar los fondos de pensiones e impedir al país acceder al financiamiento que necesita, porque se podría entender que el país cayó en default, o impago.
El ministro explicó por qué no es factible simplemente renegociar los términos en que los tenedores adquirieron bonos de deuda, como algunos sectores piden que se haga.
“Los bonos que tienen los fondos de pensiones les pertenecen a ustedes. Todos ustedes tienen fondos de pensiones en los distintos operadores, independientemente de si esa operadora es pública o privada”.
“Entonces, no podemos pensar que, porque esa deuda está en un fondo de pensiones, porque es manejado por una entidad pública, va a darse la magia de que el Gobierno le diga ‘usted tiene que bajar esa tasa de interés en 2%’, porque eso no ocurre así ni debería ocurrir así”, explicó Villegas.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, forzar una rebaja en los rendimientos que esperan los fondos de pensiones pone en riesgo el financiamiento de las jubilaciones. En el caso de las aseguradoras que también tienen bonos de deuda, dijo, no se trata de utilidades, sino de dinero que se necesita a mano para pagar pólizas de accidentes y terremotos, por ejemplo.
“Si lo hacemos de esa manera ocurriría un default técnico, significa que de inmediato nos dicen ‘aquí forzaron una baja artificial en las tasas de interés’, y nos tiran a la triple C (calificación de riesgo). En el momento que eso ocurra, los bonos que tienen los demás caen totalmente de precio porque para financiar al Gobierno nos van a pedir tasas muchísimo más altas”.
“Aquí quisiera hacerles un llamado de atención a que este tema se trabaje con muchísima prudencia”, pidió Villegas.
Según el jerarca, Hacienda sí está trabajando en diseñar títulos de deuda con tasas de interés más bajas, pero insistió en que esa estrategia no se puede forzar.
Otra idea planteada en el diálogo es entregar a los acreedores públicos acciones de empresas públicas como Kölbi, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el BCR.
No a la fiesta municipal
También, el miércoles 11 de noviembre, los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales rechazaron un proyecto de ley que les habría otorgado a las municipalidades una exoneración total de la regla fiscal.
Enhorabuena, el proyecto fue archivado, pues habría sido una nueva pésima señal, para los mercados, sobre el compromiso de Costa Rica con el control del gasto público.
La regla fiscal es un mecanismo que le pone un límite al crecimiento del gasto corriente de las instituciones públicas.
Ya en mayo, los diputados y el presidente Carlos Alvarado habían eximido a las municipalidades de la regla fiscal en el uso de recursos que generan con ingresos propios, como los provenientes del cobro de patentes y del impuesto sobre bienes inmuebles.
En aquella ocasión, al menos mantuvieron la aplicación de la regla fiscal en cuanto al empleo de los recursos provenientes del Gobierno.
Esa aprobación fue uno de los detonantes de la renuncia del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien le había pedido al presidente Alvarado vetar el proyecto.
Además, fue una de las razones por las que la calificadora internacional, Standard & Poor’s, rebajó el 9 de junio la calificación de riesgo de Costa Rica a “B”, lo que lo pone como un país “más vulnerable” a incumplir sus compromisos financieros.
El 29 de mayo, unos días antes del anuncio de la calificadora de riesgo, ocho diputados presentaron un segundo proyecto de ley para extender totalmente la eliminación de la regla fiscal en las municipalidades.
Ellos fueron Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Aracelly Salas y Shirley Díaz, del PUSC; José María Villalta, del Frente Amplio; los fabricistas Carmen Chan e Ignacio Alpízar; y el independiente Dragos Donalescu.
Si bien este nuevo proyecto fue rechazado, lo impresionante es que haya llegado a la corriente legislativa.
La Contraloría General de la República estimó que el proyecto parecía desconocer el contexto actual de vulnerabilidad financiera, “al dejar de lado los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia en la administración del gasto público, lo cual podría provocar incluso su inconstitucionalidad”.
Y todavía hay más. Además de eliminar la regla fiscal, el plan pretendía excluir a las municipalidades de la regulación del incentivo de anualidades a los empleados públicos, la cual pasó a pagarse de forma nominal en vez de porcentajes con la reforma fiscal del 2018.
Al mismo tiempo, el texto pedía restituir el pago bisemanal a los empleados de las alcaldías, en vez de quincenal como lo estableció la reforma fiscal. También, liberaba a los trabajadores de las evaluaciones por desempeño, las cuales se utilizan para otorgar la anualidad.
Así como quisieron liberar a las municipalidades de la regla fiscal, podrían surgir iniciativas para liberar a otros sectores. Así como existió voluntad para liberar a los empleados municipales de los controles de la reforma fiscal, podría surgir oposición a contener el gasto mediante la reforma al empleo público dictaminada esta semana y aún susceptible de mejoras.
Al final, los congresistas de la Comisión de Asuntos Municipales acogieron un informe de subcomisión que recomendaba, precisamente, votar negativamente el proyecto.
Ese documento, firmado por los diputados Roberto Thompson, Luis Ramón Carranza y Carmen Chan; tomó en cuenta las advertencias de la Contraloría y del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal que generaría el texto.
El camino largo
La tentación del camino corto puede traer serias consecuencias. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones.
Al menos en estos tres casos, los actores políticos parecen resistir la tentación, pero vendrán muchos otros casos.
El camino largo y seguro conlleva contención del gasto, reordenamiento del gasto, ataque a la evasión de impuestos y evaluación de nuevos ingresos.
Se trata de medidas que incomodarán a sectores que están acomodados a un status quo que ya es insostenible.
Además de resistir las tentaciones, la crisis demanda decisión política, pero decisión política apoyada en datos certeros, y paciencia. Tardamos muchos años en acumular esta crisis. Sería iluso pensar que saldríamos de ella en un santiamén.