Esteban Oviedo. 9 octubre
Plenario legislativo. Foto: Rafael Pacheco
Plenario legislativo. Foto: Rafael Pacheco

Frankenstein, la novela de Mary Shelley (1816), relata la historia ficticia de cómo el doctor Víctor Frankenstein creó una criatura a partir de partes de cadáveres, la cual tomó vida y luego sufrió una crisis existencial y deseos de venganza al sentir el rechazo de la gente.

Aunque el transfondo del libro es otro (el temor a cómo el ser humano manejaría los avances de la ciencia), la imagen utilizada por Shelley se ha tornado universal cuando se habla del surgimiento de algo informe o inconsecuente.

El espíritu de Frankenstein parece rondar los pasillos de la Asamblea Legislativa en la elaboración de leyes en los últimos meses. Sin embargo, siempre surgen intenciones de enmendar.

Deformando el sistema de pensiones

El diputado Eduardo Cruickshank, jefe de Restauración Nacional (PRN), impulsó un tentador proyecto de ley para que los trabajadores puedan obtener, en un solo desembolso, la totalidad del dinero de su pensión complementaria cuando se retiren.

El plan recibió amplios criterios negativos de parte de las instituciones encargadas de manejar los sistemas de pensiones, incluyendo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), advirtiendo de que terminaría por desproteger aún más a la población durante la vejez.

El régimen obligatorio de pensiones (ROP) fue ideado como un complemento para la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Nació en el año 2000 con el giro de aportes de patronos y asalariados, por lo que todavía está en época de maduración. Es decir, las personas que hoy se pensionan no tienen ni 20 años de haber cotizado para este régimen.

Cruickshank justifica su proyecto en que hoy solo se permite retirar la totalidad del ROP si la pensión complementaria no representa más del 10% de la jubilación básica.

La jubilación básica es la pensión principal de la persona, la del IVM para la mayoría de las personas.

Cruickshank alega, entonces, que el sistema crea ciudadanos de primera y segunda categoría porque a unas sí se les permite retirar la totalidad y a otros no.

Las razones por las que la pensión del ROP puede superar o no el 10% de la pensión básica son variadas. Una es la cantidad de años de cotizar, por ejemplo, pero Cruickshank apunta a otra: que a los pensionados de lujo sí se les permite el retiro total porque, al recibir montos tan altos en su pensión básica del Magisterio, Gobierno o Corte, evidentemente que la del ROP equivale a un porcentaje bajo.

Con ese argumento, en vez de corregir el problema de las pensiones de lujo, los diputados quieren debilitar el sistema de pensiones de la mayoría. Precisamente, un proyecto sobre pensiones de lujo es el siguiente muñeco del doctor Frankenstein.

Volviendo al proyecto de Cruickshank, el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, advirtió de que la experiencia indica que un desembolso total, en el momento del retiro, termina por gastarse en consumo.

Ante la oposición del presidente Carlos Alvarado y de algunas voces del Congreso, los diputados de la Comisión de Hacendarios empezaron a cambiar el proyecto.

Primero, aprobaron un segundo texto en el que establecen que se permitiría el retiro total del ROP hasta el año 2035, con el argumento de que, para esa época, el sistema ya estará maduro.

Entonces, la CCSS llegó con un acuerdo de oposición de su Junta Directiva, en el que señaló que el plan reduciría el porcentaje de dinero que reciben los pensionados con respecto al último salario que recibieron en la vida laboral, lo que se denomina como tasa de reemplazo.

Después del pronunciamiento de la CCSS, los diputados de la Comisión de Hacendarios aprobaron este martes 8 de octubre un nuevo texto sustitutivo que permitiría el retiro total del ROP hasta febrero del 2023.

¿Cuál es el criterio técnico para definir esa fecha? Ninguno. Según las palabras del propio Cruickshank, fue lo políticamente posible para que el PAC no se opusiera y para que el presidente Alvarado no vetara la reforma.

"Yo personalmente no le veo ningún criterio técnico, digamos que fue producto de una negociación política. No sé quién fue la gente genuina de esa fecha", dijo.

¿Qué sentido tiene un proyecto en esas condiciones? Al final, se trata de pellizcarle un poquito a una idea que fue rechazada por los expertos en pensiones.

Adicionalmente, el nuevo texto introduce un artículo que cambia la edad de referencia para calcular el monto que recibe mensualmente cada pensionado.

Hoy, el sistema de pensiones complementarias prevé la posibilidad de que las personas vivan hasta los 115 años y, así, distribuye el dinero. Si la persona fallece antes, el beneficio le queda a un heredero

Con el objetivo de aumentar el monto que cada pensionado recibiría por mes, el nuevo texto establece que la edad de referencia sería fijada con base en la tabla de mortalidad vigente.

¿Qué significa eso? Significa que el monto mensual de la pensión se calcularía según la esperanza de vida del año en que nació la persona.

Por ejemplo, una mujer que nació en 1985 se estima que viviría hasta los 89 años. Si nació en otra época, la expectativa es distinta. Consulte aquí la suya.

Entonces, la operadora de pensiones tendría que distribuirle a esa mujer el dinero de su pensión hasta los 89 años, en vez de hasta los 115 años. Sin embargo, esa expectativa de vida es un promedio. ¿Qué pasa si esa persona vive hasta los 100 años? La respuesta es simple: el dinero se acabará y vivirá 11 años más sin pensión, en su época más vulnerable.

Pensiones de lujo, ¿por qué no más drásticos?

La diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, presentó un proyecto de ley bien intencionado para cobrarle contribución solidaria a una mayor cantidad de pensionados de lujo, en vista de que muy pocos pagan este gravamen y el ahorro que se genera es ínfimo frente el gigantesco gasto en este rubro.

La idea original de la legisladora es que pagaran contribución solidaria todos los pensionados de lujo que reciben más de ¢2,2 millones mensuales, pues hoy existe mucha disparidad: en el régimen de Gobierno pagan a partir de los ¢2,7 millones, en el Magisterio a partir de los ¢3,9 millones y, en la Corte, a partir de los ¢4,4 millones. La equiparación permitiría gravar unas 3.700 jubilaciones de lujo.

Para los regímenes del Magisterio y de Gobierno, el ahorro se elevaría apenas de un 1,2% a un 3,6% del gasto total, mientras que en la Corte subiría de un 1,1% a un 8,9%.

Existen otros escenarios en los que ahorro podría ser mucho mayor, por ejemplo cobrando la cotización a partir de los ¢1,6 millones, que es el tope máximo en el IVM.

Escenarios de recorte a las pensiones de lujo

Los siguientes ejercicios muestran cómo bajaría el gasto en pensiones de lujo, en los distintos regímenes y con diversas escalas de aplicación de contribuciones solidarias a partir del proyecto de ley impulsado por la diputada Xiomara Rodríguez.

FUENTE: BASES DE DATOS DE PENSIONESDEL 2018, PROYECTO DE XIOMARA RODRÍGUEZ Y CÁLCULOS DE LA NACIÓN    || CARLOS FONSECA / LA NACIÓN.

No obstante, en el proceso de aprobación de mociones, el proyecto empeoró y el ahorro proyectado se redujo.

Los diputados aprobaron un conjunto de mociones que protegerían a los pensionados de lujo.

Se introdujeron artículos que les reduciría el pago por cotización obligatoria a los beneficiarios que devengan montos millonarios.

Por ejemplo, en el Magisterio, hoy los pensionados deben cotizar entre un 8,75% y un 16% de su monto mensual, en forma escalonada, hasta por un monto de ¢3,9 millones.

Con solo ese cambio, el Estado perdería ¢5.400 millones de los ¢14.100 millones que se podría ahorrar con el proyecto.

El panorama sería peor en el régimen de Gobierno con las mociones aprobadas al restringir el pago de la cotización a ¢2,2 millones, aunque hay beneficiarios que reciben más de ¢10 millones mensuales.

Este miércoles, en la discusión del segundo día de mociones, los diputados enmendaron esos errores y dejaron el proyecto muy similar al texto original, aunque establecieron que la cotización en la Corte se cobraría a partir de ¢2,6 millones, como recomendó un estudio actuarial.

En suma, enderezaron el barco, pero no se atrevieron a ser más agresivos para generarle un mayor ahorro a los contribuyentes y reducir esta desigualdad.

Más bien, decidieron ser más suaves con el régimen del Poder Judicial.

Un plan apurado

Diputados de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), encabezados por el liberacionista Daniel Ulate, impulsan un proyecto de ley para obligar al Ministerio de Hacienda a implementar un registro de control de bebidas alcohólicas, el cual en otros países se ha hecho mediante el etiquetado de cada una de las botellas en el mercado.

El proyecto recibió numerosos criterios negativos, incluido el del Ministerio de Hacienda, el cual advierte de que el costo de la implementación es demasiado alto, de decenas de millones de dólares, en relación con el beneficio.

Daniel Ulate y el socialcristiano Erwen Masís alegan que el proyecto ha sido un éxito contra el contrabando en países como Ecuador y República Dominicana, aunque otros estudios dicen lo contrario.

Se refieren a países en donde el sistema fue contratado a una empresa de la cual es presidente para América Latina el exmandatario José María Figueres Olsen, quien también figura como lobbista de la compañía en el registro de gestores de intereses de Chile.

La firma es de origen suizo y se denomina SICPA. Entró a países como Chile luego de que una ley estableciera la obligatoriedad del sistema.

En setiembre del 2018, poco después de presentar el proyecto, el diputado Ulate se reunió con el representante de SICPA para América Central, el exministro de Transportes y de Seguridad del gobierno de Figueres, Bernardo Arce.

El legislador alega que lo recibió por ser un copartidario liberacionista y dijo que hablaron sobre este tipo de tecnología de control.

Por otra parte, la contratación de SICPA en Brasil se vio envuelta en un escándalo.

En el gigante suramericano, fue condenado a prisión el ex vicepresidente de la filial de SICPA al encontrársele culpable de pagar un soborno de $15 millones a un alto funcionario de la Casa de la Moneda de Brasil a cambio de que contaminara la licitación desde su origen, a fin de que el contrato fuese otorgado a la empresa suiza.

El expresidente Figueres salió en defensa de la firma y dijo que la compañía no fue condenada, sino que el acto lo cometió un consultor que fue removido en el acto.

Los diputados pretenden, en el último día de mociones de fondo, agregarle al proyecto un párrafo que diga que no podrán participar empresas que posean antecedentes de corrupción.

¿Es esa una buena salida política?

El proyecto fue frenado ante las dudas por los jefes de fracción, pero Liberación está en ebullición con este tema.