Los hechos noticiosos de esta semana nos arrojan luz sobre el futuro del plan de renta global, el costo del aseguramiento para los trabajadores independientes y la agenda del FMI, así como el comportamiento del bloque de oposición.

En renta global, la oposición se muestra reticente a aumentar la cantidad de asalariados que deben pagar impuesto de renta. Actualmente, deben tributar las personas con salarios superiores a ¢842.000 y el proyecto pretende bajar este umbral a ¢683.000.

El cambio implicaría aumentos tributarios para el 30% de la población asalariada. El otro 70% seguiría exento.

Conforme mayor sea el salario, mayor es el tributo. Por ejemplo, para una persona con un sueldo de ¢750.000, el impuesto pasaría de ¢0 a ¢6.700. En tanto, para alguien con un salario de ¢5 millones, el ajuste sería de ¢198.000.

El concepto de renta global implica que las personas tributen impuesto de renta sobre la totalidad de sus ingresos, en vez de hacerlo por separado. Tal es el caso, a manera de ejemplo, de una persona que tenga un salario y, a la vez, una actividad lucrativa por cuenta propia.

La nueva presidenta legislativa, Silvia Hernández, del PLN, considera positivo introducir este esquema. No obstante, señala que el proyecto tiene problemáticas en cuanto a sus alcances y que debe ser transformado.

Si la oposición no está de acuerdo con ampliar la base de asalariados que pagan renta, entonces es muy difícil cumplir con la otra ala del proyecto: reducir el impuesto de renta a los trabajadores independientes.

Al igualar los porcentajes de tributo sobre los ingresos, los cuentapropistas percibirían una considerable reducción en el pago de sus impuestos.

Para un independiente con un ingreso neto promedio de ¢1 millón, el tributo bajaría de ¢107.000 a menos de ¢32.000. Actualmente, el esquema tributario cobra tasas más elevadas a los trabajadores por cuenta propia.

Es evidente que, al equilibrar las tasas, los asalariados pagarán el alivio de los independientes.

Aparte de si el cambio es justo o no, debemos tomar en cuenta el contexto electoral. Difícilmente, los partidos políticos querrán aprobar un incremento tributario para los asalariados antes de las elecciones nacionales.

Aunque resulta lógico pensar que los políticos podrían sacar rédito al beneficiar a los independientes, al argumentar que han sido tratados con más dureza tributaria por años, este es un sector menos organizado y con menos influencia en los partidos.

Lo cierto es que el terreno electoral se torna áspero. El Gobierno, por su parte, fijó una meta de recaudación adicional con este proyecto y la considera indispensable para equilibrar las finanzas públicas.

La jerarca legislativa considera que, en forma paralela, el Gobierno debería ahondar en el otro costo que tiene un gran peso sobre los trabajadores independientes: el costo del aseguramiento social.

En criterio de Silvia Hernández, el Gobierno quiere compensar, con renta global, el alivio que la CCSS no ha otorgado a los trabajadores independientes en el cobro de las cuotas obreras.

“En el momento en que se abra la discusión de renta global, hay que ver cómo, en paralelo, se abre una discusión sobre el tema del costo de la seguridad social en cuanto al aporte de las cuotas de la CCSS”, dijo la presidenta de la Asamblea en entrevista con La Nación.

Presidente Alvarado sube el tono con la CCSS

Esta circunstancia nos lleva al siguiente tema: la inconformidad del presidente Carlos Alvarado con la forma en que la Caja Costarrcense de Seguro Social (CCSS) ha reaccionado ante el fenómeno del empleo informal.

Durante sus primeros años de mandato, Alvarado se mostró muy diplomático y muy esperanzado al referirse a la posibilidad de que la CCSS flexibilizara el aseguramiento para los trabajadores independientes, sobre todo en momentos de alto desempleo y cuando cerca del 45% del empleo del país es informal.

Miles de personas trabajan sin trabajan sin estar asegurados y sin cotizar para una pensión; y el nuevo reglamento de aseguramiento para independientes, que la CCSS sacó a consulta pública en marzo pasado, parece haber colmado la paciencia del presidente.

Al entrar a su cuarto año de labores y conocedor del poco brazo que cualquier gobierno tiene sobre la dirección de la CCSS (solo tiene tres de nueve directivos), el gobernante pasó de la esperanza a la crítica.

Sin dejar de reconocer los beneficios que la Caja le ha traído al país, Alvarado dijo que esta no puede convertirse en una institución que obligue a las personas a entrar en el empleo informal.

Incluso, calificó de “justas” las críticas que recibió la nueva propuesta de aseguramiento para trabajadores independientes, la cual fue calificada por algunas organizaciones como “confiscatoria”.

El presidente pronunció frases como las siguientes:

-”Nuestro modelo de aseguramiento se vuelve muy pesado para empleos que son de baja calificación, que eso también lo que hace es arrojarlos a la informalidad”.

-”Es mejor gravar la riqueza una vez generada que gravar el costo del empleo”.

-”El financiamiento de la Caja no puede ser un fin en sí mismo (...). La Caja no se puede constituir, por un modelo inflexible, en un ente que haga informal el trabajo, cuando es la misma Caja a la que le interesa que sea formal y hay un problema que es severo.

El presidente visualiza tres medidas para mejorar el nivel trabajo formal, las cuales han recibido poco impulso de la CCSS.

-La primera es una amnistía con la Caja para pequeñas y medianas empresas, “para ayudar a flexibilizar que se puedan poner al día y no estén asfixiadas”.

-La segunda es una flexibilización del reglamento de aseguramiento para los trabajadores independientes. “Yo esperaría también que se tome nota de toda la crítica, justa creo yo, que ha salido sobre esa propuesta”, dijo el gobernante sobre el reglamento que sacó la CCSS, el cual mantiene, por ejemplo, las cuotas hasta en un 18,5% de los ingresos netos, en comparación con el 10,5% que pagan los asalariados.

Estas dos medidas requieren de la voluntad de la CCSS y el mandatario dice estar consciente de la gran independencia que esta entidad tiene para tomar decisiones:

“Yo creo que, si hablamos de autonomía institucional, la Caja es la institución más autónoma que tiene Costa Rica. La Caja, si bien el presidente de la República nombra a su presidente ejecutivo y tiene una representación de dos directivos (en la Junta Directiva), no solo por la conformación tripartita de nueve directivos, sino por complejidades internas, la Caja no acciona, creo yo, tan ágilmente. La Caja ha hecho cosas maravillosas por este país, pero hay veces que no actúa de manera tan ágil, este es uno de esos casos”.

-La tercera medida sería, sobre todo para empleos de baja calificación, cambiar la forma en que se financian instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Actualmente, estas instituciones se nutren de un 7,25% de cuota patronal que aportan los patronos sobre el salario de cada empleado.

Alvarado pide “considerar que, como la ha recomendado la OCDE, sea la Hacienda Pública, a través de otros ingresos, la que financie esas instituciones y permitir que eso no sea un coste en el aseguramiento”.

No obstante, el presidente advierte que es muy difícil lograr este último cambio con unas finanzas públicas maltrechas, urgidas de un saneamiento y de oxigenación.

“Para arreglar ese punto, ese tema de las cargas sociales, tenemos que arreglar los temas de las finanzas públicas y, ¿cómo se puede financiar eso?, bueno, con solidaridad, con ingresos solidarios”, dijo.

La apuesta de Alvarado para ello es el paquete de proyectos de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional y esto nos lleva al tercer tema.

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¿Punto de quiebre para el bloque opositor?

El presidente advirtió que mantendrá a los diputados concentrados en discutir la agenda del FMI durante los meses en que controlará la agenda legislativa, de mayo a julio y de noviembre a enero.

La oposición, por su parte, firmó el 1.° de mayo un acuerdo sobre proyectos de ley que no incluye la mayoría de la agenda del FMI, ni siquiera el crédito de $1.778 millones concedido por el Fondo.

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El documento dio pie a la conformación de un Directorio legislativo que excluyera al Partido Acción Ciudadana (PAC).

El único plan incluido es la reforma al empleo público, el más avanzando de todos los proyectos y que podría culminar su trámite en este primer semestre.

En adelante, la oposición no incluyó renta global, impuesto a premios de lotería, aportes de empresas públicas a la deuda o eliminación de exoneraciones fiscales.

Sin embargo, este acuerdo opositor no implica un rechazo de la agenda del FMI ni un condicionamiento.

La oposición lo que dice es ‘estos son los proyectos que me interesan’. Se trata, principalmente, de iniciativas de reactivación económica, como los siguientes:

-Amnistía para deudores de la CCSS

-Ley general de contratación pública

-Un plan para regular las plataformas de transporte como Uber y DiDi

-La regulación de la actividad minera metálica

-El plan para establecer el pago electrónico en el transporte público

-Una iniciativa de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia de la covid-19

Algunas de estas iniciativas claramente coinciden con la agenda del Gobierno, como la amnistía con la CCSS, la regulación de plataformas y la ley de contratación pública.

No obstante, la advertencia de Alvarado de que mantendrá convocada la agenda del FMI puede marcar un punto de quiebre para el bloque opositor.

Nótese que el presidente controlará la agenda legislativa en el periodo más álgido de la campaña electoral, antes de la primera vuelta, de noviembre a enero.

Los partidos con vocación de Gobierno saben que el acuerdo con el FMI es necesario y que sería mejor que Alvarado y el PAC se lleven el principal costo político de los ajustes tributarios, para entrar a un nuevo Gobierno con la casa más ordenada y sin tener que pasar de nuevo por estos traumas fiscales.

El punto es que algunos de los partidos del bloque opositor se opondrán del todo a los ajustes en impuestos, posiblemente para ganar votos en las elecciones de febrero del 2022.

Los proyectos de impuestos se aprueban con mayoría simple, 29 votos si están los 57 diputados presentes. El Gobierno no necesita conformar un amplio bloque. Bastaría, por ejemplo, con el apoyo del PLN, el PAC y un partido como Restauración Nacional, por ejemplo.

El punto es: ¿Los opositores que saben que se debe solucionar las finanzas públicas qué actitud tendrán con los partidos que, por sacar votos, se opongan a los planes que toquen impuestos? ¿Los dejarán tan fácilmente sacar provecho a costa de otros?

¿Qué tan sólido será el bloque opositor en ese momento?

Para la presidenta legislativa, el Gobierno debe cumplir con su rol de negociación y tratar cada plan del FMI por aparte.

Cabe claramente la posibilidad de que las partes readapten el impacto de cada plan, como en el caso de renta global.

Alvarado, por su parte, sostiene que esta es una agenda más potable para sanear las finanzas públicas, que no incluye, por ejemplo, despidos o ventas de instituciones como el INS o Kölbi.

Él exige que si algún opositor a impuestos tiene estas últimas alternativas en mente que lo diga en campaña.

El presidente, a su vez, subió el tono y dijo que es vergonzoso y populista hablar de reactivación ignorando la necesidad de sanear las finanzas públicas.

En su discurso anual del 4 de mayo, sostuvo que detener la agenda del FMI es el riesgo más inminente y grave para el país, pues al enviarse una señal de desconfianza para los mercados internacionales se afectaría directamente el empleo, los programas sociales, las tasas de interés y el costo de recibir dinero prestado productivamente.

“Cualquier persona que quiera llegar o cualquier administración que venga de cualquier partido, necesita que esto esté arreglado porque, si no está arreglado, va a entrar perdiendo”.

“Yo veo muchos, los menos más bien, pero algunos muy preocupados más por la campaña electoral que por el bienestar de Costa Rica y esto basta ver declaraciones para entender quiénes son”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la jefa de fracción del PLN, María José Corrales, invitó al PAC a firmar la agenda de proyectos de la oposición.

En un ejercicio hecho por La Nación, se identificó 16 proyectos que coinciden entre la agenda opositora y la agenda del Gobierno, los cuales podrían avanzar:

-Ley de empleo público

-Amnistía de deudas con CCSS

-Ley General de Contratación Pública, que obliga a todas las instituciones a adquirir sus bienes y servicios mediante un único sistema

-Fondo de Avales para ayudar a empresas golpeadas por la pandemia a obtener créditos bancarios y mantener su nivel de empleo

-Fomento e incentivos a las microempresas

-Impulso a la economía de cultura y creatividad, que tiene dos versiones diferentes en expedientes legislativos aparte

-Plan para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible medianto el uso de valores de oferta pública temáticos

-Ingreso de inversionistas, rentistas y pensionados

-Plan para mejorar las condiciones de trabajo a los nómadas digitales

-Atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica

-Ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

-Plan para promover la construcción de un hospital en Sarapiquí

-Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano Frente al Exceso de Trámites y Requisitos con el fin de ajustar sanciones y mejorar las herramientas para aplicarla

-La Ley de Derecho de Utilidad Ambiental, que busca facilitar la vida a personas que habitan en áreas silvestres protegidas y registrar quiénes están en dicha condición

-Plan que impulsa el desarrollo de la industria de hidrógeno verde en el país, para generar créditos blandos, bonos verdes y otras herramientas para ese impulso