Corrillos Políticos

Diputados planean un apagón legislativo

Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación.

Después de años de reclamar reactivación económica, los diputados planean irse de vacaciones durante todo el mes de enero, en un momento crucial para el país.

La población asalariada debe seguir trabajando, las empresas también, así como el Estado y los trabajadores informales, pero un grupo de congresistas se abstrae de esa realidad y prepara un apagón legislativo.

Como ha sido la práctica en esta Asamblea Legislativa, cuando el río suena, piedras trae. En corrillos empiezan a sonar propuestas cuestionables y, en un santiamén, se convierten en realidad. Así ocurrió cuando eximieron a las municipalidades de la regla fiscal en el 2020 y, recientemente, cuando eximieron a la CCSS del pago quincenal establecido en la reforma fiscal.

Ya existe la moción para el receso de enero, pero a los asesores legislativos les prohibieron fotografiarla.

Antes de que surgiera esta idea, los diputados tenían previsto trabajar hasta el jueves 23 de diciembre para regresar el lunes 3 de enero.

El motivo del receso de enero está en las elecciones nacionales del 6 de febrero. Algunos querrán irse de lleno a trabajar a las campañas de sus candidatos, sin perder el salario del Congreso.

Para otros, resulta más estratégico suspender labores para evadir decisiones sobre los proyectos tributarios del acuerdo con el FMI convocados por el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien afirmó que los diputados le harían un daño al país si se van a receso.

El apagón legislativo se produciría justo cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI), las calificadoras de riesgo y el mercado internacional siguen de cerca las señales de recuperación del país, las cuales van estrechamente ligadas con el saneamiento de las finanzas públicas.

Para acceder al segundo desembolso del crédito del FMI, lo único que el Congreso dejará listo es la aprobación en primer debate de la reforma al empleo público, proyecto que ya acumula dos consultas de constitucionalidad ante la Sala IV: una de la Corte y una de 13 diputados.

La consulta de los legisladores fue liderada por cinco diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los cuales acogieron un argumento del candidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, para decir que el plan no se puede aprobar en elecciones, un alegato rechazado por el departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

Los socialcristianos pidieron a los magistrados declarar inconstitucional la votación.

La candidata presidencial del PUSC, Lineth Saborío, abogó por la aprobación de esta reforma para enviar un mensaje positivo a los mercados internacionales, en el sentido de que vamos por la “dirección correcta”, pero afirmó que los diputados de su partido no coordinaron con ella esta consulta, la cual no habría sido posible sin el apoyo de la Unidad.

De lo que sí le informaron los diputados del PUSC a Saborío fue del receso, según sus palabras, aunque ella evitó tomar posición.

Pese a las palabras claras de su candidata presidencial sobre la negociación del receso, el jefe de fracción de la Unidad, Pablo Heriberto Abarca, negó que se conversara sobre esta idea.

En tanto, el candidato presidencial de Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, argumentó que el receso legislativo de enero, antes de elecciones, es una costumbre porque los diputados se integran a las campañas y es muy difícil sostener el cuórum. Justificó la idea, pero a la vez evitó decir si está a favor o en contra.

La jefa del PAC, Laura Guido, se pronunció en contra al decir que la Asamblea debe dar señales positivas si el país pretende materializar los siguientes desembolsos del FMI. Agregó que es poco respetuoso irse a hacer campaña pagados con los ingresos de la ciudadanía.

Eduardo Cruickshank, candidato de Restauración, evadió tomar posición, mientras que Welmer Ramos y Villalta, candidatos del PAC y del FA, se pronunciaron en contra.

De concretarse, el receso sería una mala noticia después de que la calificadora de riesgo, Moody’s, mejoró la perspectiva de crédito de Costa Rica por un menor déficit fiscal y la recuperación económica.

Según escribió el economista Luis Mesalles, Moody’s condiciona la mejora a que Costa Rica mantenga la disciplina fiscal y supone que la próxima administración continuará la ejecución del acuerdo con el FMI y se apegará a la regla fiscal.

Con un receso, los diputados podrían evitar tener que dar segundo debate a la reforma del empleo público. Algunos hacen mal sus cálculos, opinó el presidente Alvarado, porque la mayoría de los trabajadores está fuera del Estado y sostiene, con sus impuestos, al empleo público.

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