EscucharLima, 15 ago (EFE).- El primer vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, afirmó hoy que la aplicación de la pena capital para castigar a los pederastas asesinos, propuesta esta semana por el presidente Alan García, es un "acto extremo".
"Yo soy católico y creo que la pena de muerte es un acto extremo", manifestó Giampietri a la emisora CPN Radio.
La propuesta de García, que aún debe ser debatida por el Congreso, ha sido rechazada también por varios ministros, representantes de Iglesia Católica y grupos defensores de derechos humanos, aunque es respaldada por el 82 por ciento de los peruanos, según los sondeos.
Giampietri, vicealmirante retirado, instó a debatir "en todo su contexto" la aplicación de la pena capital en Perú, que hasta el momento sólo se aplica para castigar delitos de "traición a la patria" en caso de guerra externa.
El militar retirado advirtió, por otra parte, que los remanentes de la banda armada Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) siguen siendo un "riesgo" para Perú.
Manifestó que las autoridades peruanas "por lo menos" deber estar vigilantes ante cualquier eventualidad, al considerar que la banda armada aún está activa y que los sediciosos actúan "con total sigilo y sorpresa".
Recordó que los peruanos creían "que el MRTA ya estaba volteado (desarticulado)", poco antes de que esa banda tomara la residencia del embajador japonés en Lima en 1996, durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
Giampietri fue uno de los 72 secuestrados durante cuatro meses en la residencia de Japón y se convirtió en el enlace secreto entre las autoridades y los rehenes mediante un micrófono que introdujo en la sede diplomática de forma clandestina.
El vicealmirante también criticó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que determinó en el 2003 que los grupos subversivos y terroristas fueron causantes de poco más de la mitad de las 69.000 muertes y las fuerzas del orden y los paramilitares del resto.
En este sentido, indicó que la reconciliación en Perú "va a ser difícil si se mantienen esos parámetros" debido a que, según él, la CVR no hizo un informe que fuera el "justo medio".
Asimismo, denunció supuestos "ataques" contra los militares que lucharon en el conflicto, al considerar que han sido acusados sin fundamentos.
El ministro peruano de Defensa, Allan Wagner, afirmó la semana pasada que unos 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas tienen procesos abiertos por presuntas violaciones de los derechos humanos y que muchos de los juicios se basan en "elementos que no son realmente probatorios". EFE
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