La Superintendencia de Pensiones (Supen), mediante un proyecto de ley, plantea liberar a las operadoras de pensiones de capital público de la obligación de distribuir el 50% de sus utilidades anuales.
Para el ente supervisor, las sumas que en promedio se han acreditado desde el 2004 representan “un monto insignificante”. Sin embargo, Supen añadió que tal erogación sí puede afectar la capitalización de las operadoras.
La reforma es parte de un proyecto de ley presentado por Supen ante la Asamblea Legislativa, el pasado 28 de setiembre, y que actualmente se estudia en la Comisión de Asuntos Económicos.
Las administradoras de pensiones que aplicarían esa reforma son Popular Pensiones, BCR Pensiones, BN Vital y CCSS OPC.
Según datos de la Supen, los montos distribuidos nunca han superado los ¢6.600, y ninguna operadora ha generado ganancias de manera continua desde el 2004.
“Al obligar únicamente a las operadoras de capital público, se crea una discriminación entre los participantes de la industria, situación que se ha utilizado para hacer publicidad engañosa que ha requerido ajustes regulatorios”, dijo Édgar Robles, jerarca de Supen.
Según el regulador, el costo de varias de estas campañas de publicidad ha sido mayor que el monto distribuido al afiliado.
“Ante la evidencia del nulo impacto en la cuenta individual, comparado con los aspectos operativos, se considera derogar la disposición”, dijo Robles.
Marvin Rodríguez, gerente de Popular Pensiones, aseguró que la iniciativa de Supen beneficia al afiliado, pues le permite a la operadora dirigir los recursos a mejorar el servicio y desarrollar productos.
BCR Pensiones, por medio de su oficina de prensa, declinó referirse al proyecto de ley, y BN Vital no respondió las consultas enviadas.