EscucharJusto en medio de sucesivos escándalos relacionados con la construcción de la trocha paralela al río San Juan, el Ing. José Luis Salas Quesada, director ejecutivo a. í. del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), recuerda a los funcionarios de la institución un supuesto deber de confidencialidad y las sanciones aplicables al infidente. Es una decisión desafortunada, como tantas relacionadas con la trocha.
El país tiene derecho a saber lo sucedido en esa y otras obras donde interviene el Conavi, y bastan diez segundos de razonamiento para concluir que tirios y troyanos asumirían, con vista en la circular, la intención de sustraer del conocimiento público hechos trascendentales. Hechos, sí, relacionados con la trocha, aunque el titular de la Dirección Ejecutiva, José Luis Salas, insista en atribuir a la circular, exclusivamente, el propósito de proteger datos “técnicos o estratégicos”.
“El documento no tiene la intención de amordazar a nadie. Es confidencialidad sobre estrategias constructivas, diseños o costos de las empresas concursantes. No tiene nada que ver con un proyecto en particular”, dice el funcionario. En las circunstancias, es difícil creerlo. El documento, de tres páginas, en ningún momento se refiere a esas materias, y quien lo lea entenderá el propósito de abarcar mucho más.
La administración pública costarricense debe comprender, de una vez por todas, los alcances del libre acceso a la información, consagrado en la Constitución Política y desarrollado por una larga serie de fallos de la Sala IV. Desde la óptica política, a los Gobiernos también les falta comprender el dañino efecto del ocultamiento, a menudo tan grave como las anomalías cuya comisión se intenta disimular.
Conavi no es la primera institución en ensayar una circular de este tipo en tiempos de crisis. Es una reacción que la prensa ha aprendido a esperar para luego derrotarla, casi sin falta, mediante el recurso de los tribunales o esfuerzos adicionales de investigación. A la verdad incómoda se suma, entonces, la indignación por el ocultamiento.
En esta oportunidad, la Casa Presidencial no se dejó llevar por la inoportuna actuación del Conavi. El ministro de Información, Francisco Chacón, se mostró confundido por el comunicado: “Realmente no entendí el alcance de esta circular. Todos tenemos derecho a acceder a la información pública. En las circunstancias actuales, se debe ayudar a esclarecer los hechos. Todos tenemos el deber de ser transparentes”.
El ministro solicitará explicaciones a Conavi, y ese hecho, sumado a la contundencia de sus declaraciones sobre lo que se puede entender de la circular, pone en entredicho la versión defendida por Conavi cuando el comunicado se hizo público. Si el ministro no entendió los alcances del documento, no puede esperarse más de los funcionarios de la institución, quienes tendrían todo el derecho a asumir la intención de imponer el silencio generalizado. También es mucho pedir que los subalternos de la Dirección Ejecutiva y el público en general se abstengan de establecer el vínculo con la trocha, “en las circunstancias actuales”, para utilizar la frase del ministro.
Al menos tres funcionarios del Conavi están bajo investigación por las anomalías detectadas. La presidenta de la República se ha referido al caso en los términos más severos, asimilando las irregularidades a una “traición a la patria”, dada la importancia de la trocha en la tensa relación con Nicaragua.
El acuerdo del Consejo de Administración de Conavi data del 29 de mayo, cuando el escándalo estaba en su apogeo. Esas son las “circunstancias”, a cuya luz aparece como especialmente odioso cualquier intento de sumir los hechos en el silencio.
Si el Conavi no actuó siguiendo esos propósitos, lo hizo sin sentido de la oportunidad y con flagrante insensibilidad frente a la justa aspiración de la opinión pública, interesada en conocer todos los detalles del caso.
