Margarita Bolaños, secretaria general del PAC, negó ayer en la Asamblea Legislativa que su partido le haya cobrado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) trabajo voluntario de sus partidarios durante la campaña del 2010.
La dirigente política reaccionó así cuando el diputado socialcristiano, Wálter Céspedes, le preguntó por qué el Partido Acción Ciudadana (PAC) facturó como contratos de servicios especiales la colaboración de personas que participaron en forma honoraria.
Céspedes se refería a contratos por ¢1.150 millones por los cuales el TSE denunció al Partido Acción Ciudadana (PAC) ante el Ministerio Público. En criterio del Tribunal, el PAC cobró en la deuda política servicios especiales que nunca pagó, pues los canceló con bonos que no entregó a los activistas.
El TSE además halló firmas aparentemente falsas y recolectó testimonios de contratistas que dijeron que su trabajo fue voluntario, sin pretender cobrar algo.
En ese punto del voluntariado es donde hay que hacer la diferencia, dijo ayer Bolaños a los diputados de la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos.
La secretaria general aseguró que estos contratos no se hicieron para pagar labores voluntarias, sino para sufragar necesidades reales de organización del Partido, sin que ello significara que esos partidarios no pudiesen hacer trabajo voluntario adicional.
La dirigente agregó que su partido pudo haber cometido errores, pero nunca con mala intención.
Incluso afirmó que contactaron a tres personas que habían dicho al TSE que las firmas que aparecen en sus contratos no les pertenecen y les demostraron que sí lo eran.
Bolaños agregó que no tiene miedo de enfrentar un proceso judicial, incluso sobre la decisión de no haber entregado los bonos.
Señalan errores. Por su parte, la diputada Annie Saborío, del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó haber obtenido en el TSE copia de más de 200 contratos que el PAC cobró con errores, como firmas no coincidentes o espacios en blanco.
Otros, dijo Saborío, fueron firmados en una fecha posterior a las elecciones nacionales.
Al mostrársele uno de esos contratos, Bolaños admitió que la firma del contratista no se asemejaba a la de la cédula, pero insistió en que necesita acceder a la documentación porque entregaron la original al TSE y no han obtenido copia.
Saborío sostuvo que los contratos obedecen a servicios especiales y de transportes y que algunos de ellos fueron pagados por el TSE.
Bolaños dijo que eso hay que investigarlo “a muerte” porque ella fue rigurosa con los contratos.
La diputada Agnes Gómez cuestionó la veracidad de un contrato de transporte, por cuanto existía un documento en el que el contratista cedía el pago al Partido. La dirigente del PAC dijo que no podía referirse al asunto porque no sabía si ese convenio fue cobrado.