EscucharDesde el punto de vista político– y, además, democrático– se entiende que quien ejerce el poder público lo hace legítimamente. Esto quiere decir que posee facultad, indiscutible autoridad.
El ejercicio de ese poder se manifiesta por el derecho que tiene el funcionario para imponer su mandato a un particular o a una colectividad. Esto tiene relación directa con la soberanía, como concepto político-jurídico. O sea, con el poder de mando en una sociedad política.
El poder implica fuerza, y al ser impuesta por los órganos burocráticos, la legitimiza. Así, el poder de hecho se transforma en poder de derecho.
La política tiene, como exclusivo sujeto, el poder. Quien participa en la política solo necesita y quiere el poder, es decir, autoridad para imponer un cambio en beneficio de la sociedad. En eso consiste el Gobierno democrático.
Acepto como buena la afirmación del jurista Bodín quien declara que “la esencia de la soberanía es el poder de hacer y de abolir las leyes”, que absorbe todos los otros poderes y que, en definitiva, se convierte en “la fuerza cohesiva que mantiene unida a toda la sociedad”.
Concepto que fortalece Hobbes al afirmar que el monopolio de ese poder derivado de la ley solo lo tiene el poder legislativo.
Es bueno entender este elemental mecanismo democrático para analizar serenamente la reciente declaración de la Sala Cuarta al resolver la acción de inconstitucionalidad que planteó la señora Maureen Ballestero Vargas. Entre lo ordenado, la Sala manifiesta: “Se le da un plazo de treinta y seis meses a la Asamblea Legislativa para que dicte la reforma parcial a la Constitución Política y la reforma a su Reglamento para incorporar el deber de probidad como una causal de cancelación de credencial y otras sanciones”.
En cuanto al ejercicio del poder, el superior impone, ordena, al de menor rango. ¿Tiene esa autoridad la Sala Constitucional con relación a la Asamblea Legislativa? Para eso tendría que tener el poder soberano y la sala constitucional carece totalmente de él. La soberanía reside en el pueblo y este la delega en la asamblea popular, en Costa Rica, en la Asamblea Legislativa. Esta es la única verdad política, jurídica y filosófica aceptable si estamos hablando de democracia.
Para que lo ordenado por la Sala Constitucional tenga alguna validez se requiere que la sede del poder se hubiera trasladado de la Asamblea Legislativa al Poder Judicial. Pero esto no ha sucedido porque esa sede no es trasladable. La Asamblea no puede ceder ni renunciar a su poder soberano. Sencillamente no puede. Es el único poder del cual carece. Por eso, cualquier supuesta renuncia, es nula. Y así debió haberlo resuelto la Sala Constitucional con relación al artículo 88 de su ley constitutiva, artículo que es totalmente inconstitucional. Pero, por una de esas raras contradicciones de la filosofía política y del ordenamiento jurídico, esa ley es la única que no puede declarar inconstitucional la Sala Cuarta porque, de hacerlo, estaría admitiendo su inexistencia. Y a este suicidio no está obligada esa instancia jurisdiccional.
¿Qué hacer? Primero , no aceptar la orden que pretende darle la Sala Constitucional, y segundo, poner a discusión de inmediato –en condición de prioridad– un proyecto que reforme la Ley número 7128 para suprimir toda supuesta cesión de poder soberano. La Asamblea no es súbdita de la Sala. El poder judicial no da órdenes al poder legislativo. Este es lenguaje democrático puro; el que debemos entender y respetar para mantener ese necesario equilibrio entre la fuerza y el derecho.
