Pese al decreto que el Gobierno anunció ayer como remedio para los temores de quienes fotocopian textos con fines educativos, la discordia persiste alrededor del tema.
El decreto lo firmó la presidenta de la República, Laura Chinchilla junto con el ministro de Justicia, Fernando Ferraro, y contó como testigos con Isamer Sáenz, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el cineasta Esteban Ramírez.
Chinchilla salió al paso de quienes adversan el veto que dictó contra una ley para despenalizar el fotocopiado únicamente con propósitos académicos y promulgó el decreto que a su criterio soluciona las dudas sobre el tema.
Sin embargo, tanto para el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, promotor de la ley vetada por la mandataria, como para el movimiento estudiantil “Fotocopiando para estudiar”, la medida del Gobierno es insuficiente.
Por el contrario, la decisión más bien los impulsa a seguir la lucha para que la enmienda se haga mediante una ley.
“Por un lado me alegra que el Gobierno reconozca que hay un problema en la legislación que pone en peligro las fotocopias, porque si no existiera ese problema no hubieran hecho ese decreto. Pero creo que el decreto es insuficiente porque el problema está en la ley”, sostuvo Villalta.
Para Josué Aguirre, presidente del grupo que organizó una marcha de universitarios el 9 de octubre, la norma “no es funcional”.
“Hay dos leyes de protección intelectual, una de derechos de autor y otra, la ley de observancia. Nosotros peleamos por resellar la ley de observancia y el decreto del Gobierno regula la ley de derechos de autor y derechos conexos”, expresó el dirigente.
Aguirre insistió en que el decreto emitido ayer no responde a sus intereses y están considerando las medidas por seguir para hacer valer su posición sobre el tema.
La reforma firmada por Laura Chinchilla amplía un artículo del Reglamento a la ley de derechos de autor y establece que “por aplicación del principio de excepción académica es permitida la compilación, la utilización y la reproducción de obras, incluyendo antologías, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales en la medida para cumplir fines ilustrativos para la enseñanza”.
En la norma quedan excluidos de la excepción académica los programas de cómputo.
Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro, justificó el veto en defensa de la producción creativa y dijo que el decreto “es una reafirmación que aclara el derecho que ya existe en la legislación”.