EscucharEn artículo intitulado “¿Seguirán las notables omisiones?” en esta página, el 10 de julio pasado, escribí: “Es en este contexto tan errático... que se crea una Junta... para marcarle camino al Gobierno cuando dicho camino está, jurídica y sociopolíticamente, marcado. Si los conocidos profesionales de esa Junta –abogados incluidos– no reconocen de manera plena... el marco constitucional y legal que regula lo pertinente a la dirección y planificación de todos los procesos gubernativos... estarán contribuyendo a que se siga manteniendo oculto lo que constituye un mayúsculo e integral incumplimiento de deberes por parte del Gobierno... o bien proponer temas o esquemas ‘nuevos’ que inevitablemente enfrentarían los mismos factores de rigidez y fragmentación que hoy nos hacen tan ingobernables”. Me temo que esto ocurrió con este informe.
El editorial de La Nación el viernes 18 de enero: “La Comisión produjo sugerencias de interés para resolver algunos problemas que atentan contra la gobernabilidad, pero planteó otras que podrían conspirar contra ella”. El informe, a mi juicio, está lleno de sugerencias de este segundo tipo.
Por supuesto que el que yo disienta de quienes vean el informe como “adecuado” y útil, no constituye una catástrofe nacional.
Catastrófico es que, alentados por los insuficientes diagnósticos en el informe, se empiece a asumir que “las” juntas directivas de entes autónomos salen sobrando pues “no juegan en equipo” con el Gobierno y que sería bueno sustituirlas por presidentes ejecutivos de nombramiento de la Presidencia. Claro: el informe no retroalimenta para nada sobre cómo la beligerancia partidista de muchos funcionarios públicos (cosa que no ocurre en Europa pues allá sí practican la noción correcta de “burocracia pública” y rige el más elemental deber de probidad) mas el régimen de presidencias ejecutivas desde 1974 ha sido causa inconfundible de malas, muy malas prácticas que han acrecentado la corrupcióny ninguna “coordinación interinstitucional”.
Imagínese el lector el festín político que habría, sin tales juntas, en poderosos entes. Proponer “rigurosos” cambios en el empleo público para “contener” el gasto, tantas prebendas y “elevar la honestidad del funcionario” sin considerar explícitamente estos factores, es imprudente... e ingenuo.
Paralelamente, el informe no reconoce cómo tal “descoordinación y desobediencia” se dan, precisamente, por no ejercitar los presidentes el claro régimen de dirección vía directrices y ministros “rectores”, normado en la LGAP de 1978 con mucha más claridad y contundencia que como proponen hoy los notables, tímida y escuetamente, que “podría hacerse”.
También ningunea este informe, inexplicablemente, el extraordinario andamiaje de planificación articuladora, participativa, concertadora y sistémica por sectores y regiones, bajo el liderazgo de Mideplan y en apoyo directo del presidente, instaurado por Ley N.° 5525 de 1974 (una de las mejores leyes de planificación en el mundo que ha estado llamada a bajar el modelo constitucional de país, a tierra).
Los principios en el informe, además, responden a la buena intención propositiva de cada uno de los notables, pero dan la espalda al modelo país, claramente enunciado en nuestra Constitución, vía los derechos de los habitantes debidamente sistematizados y jerarquizados, más unas pocas normas explícitas sobre conducción gubernativa y rendición-exigencia de cuentas.
Esto, a la vez, los llevó inevitablemente a omitir cómo un sinnúmero de excelentes leyes son un verdadero patrimonio para el desarrollo nacional pues en todo campo –dígase pobreza, ambiente, educación, salud, industria, etc.– no solo proporcionan las fuentes superiores de toda política pública, sino que reglamentan esos derechos constitucionales para llevarlos a nivel de prestaciones reales al habitante... siempre y cuando se comprenda, paralelamente –cosa que el informe ni insinúa–, cuán indispensable es, para lograrlo, no obviar el obligado manejo integrado de aquella LGAP, así como de la Ley N.° 5525 más la N.° 8131, y aún más las de Control Interno, Lucha contra la Corrupción y Simplificación de Trámites, y todas estas vistas articuladamente con las de la misma Contraloría de la República y la de la Defensoría de los Habitantes. Al obviar este “detallito”, el informe incurre en inexcusables simplismos en muchos aspectos.
Me resulta muy extraño que en el complejo campo de “pobreza”, el informe postergue todo al “diseño” de nuevos “organismos rectores”, ignorando que ya el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con la presidenta constituyen el órgano rector en este campo. Igual es en todos los demás “campos sectoriales”.
Reconocer esto y urgir su aplicación sería la gran revolución “operativa” que devolvería algo de fe al pueblo.
Varias propuestas inviables. Sobre descentralización y fortalecimiento municipal, el informe no proporciona nada asible ni viable, menos sugerir nuevas normas para que el Poder Ejecutivo “pueda” emitirles directrices a las municipalidades en “ciertos casos” cuando yo, que no soy abogado, sé que por decreto ejecutivo dicho Poder ya puede ordenarles todo lo que quiera en competencias que le han sido asignadas por ley. Pero querer utilizar este visionario concepto costarricense que implica dirección política o gubernativa, sobre gobiernos locales constitucionalmente autónomos, me parece legalmente absurdo... e innecesario. Otras propuestas, inclusive sobre reelecciones y revocatorias de mandato, puede el lector confrontarlas con mi trabajo de un nuevo sistema político que elaboré en el IICE de la UCR en el 2010, más integral aunque tan inviable como el Informe de Notables.
Otra: ¿someter al ministro de la Presidencia a aprobación legislativa, y que una censura a este lleve al despido del gabinete en su conjunto? Aparte de la mala emulación del modelo parlamentario europeo, tal propuesta no se motiva en ningún diagnóstico; solo apareció de la nada, y creo que es muy ingenuo pensar que los legisladores aplicarían tal tipo de voto de censura sabiendo que podría acarrear, por mera “venganza” del presi, su disolución. La censura legislativa a ministros con cesación de nombramiento, más la dinamización reglamentaria de la Asamblea sí son deseables, pero dentro de un contexto que el informe no descubre.
Otra: afirmar que la Asamblea Legislativa no ha dispuesto de concretos y eficaces instrumentos de control político, es errado y distorsionador pues sí existen... si solo se reconociera que los ministros y el presidente ya tienen que responder ante dicha Asamblea por el desempeño y resultados de conjuntos de entes en “cada sector”, y cómo esta sí puede contar para ello con el auxilio inmediato de la Contraloría. Pero los partidos nunca lo han intentado.
En cuanto a participación social, es una lástima que los notables no valoraron documentos y experiencias de relevancia histórica e institucional, como los asociados a las experiencias y decretos ejecutivos de Mideplan sobre sectores y regiones de 1976, 1979, 1983, 1984 y 1991 respectivamente. Hubieran descubierto que la idea de un Consejo Consultivo de las fuerzas “vivas nacionales” adscrito al presidente, y comisiones Económica y Social constituidas por solo ministros “rectores”, más comisiones consultivas en cada sector de actividad más los otrora exitosos consejos regionales de desarrollo, todos amparados en la Ley N.° 5525, representaron mucho mejores y más eficaces “instrumentos” de participación civil que el desteñido e intrascendente Consejo Económico y Social que se propone ahora.
Las “cosas” se analizaron, según mi lectura del informe, de manera selectiva o interesada y ello invisibilizó los verdaderos y grandes factores históricos que nos seguirán manteniendo en un estado de aleatoriedad e improvisación sociopolítica y jurídica que no permitirá al país levantar el vuelo que dicha Constitución vigente enuncia... aun hoy día y aun si todas las 100 propuestas se ejecutaran.
Vaticino que igual de intrascendente y enclochada será la “discusión nacional” sobre el informe, si quienes entran a valorar y opinar no reconocen esos factores de origen de nuestras penurias sociopolíticas colectivas que aquel expresamente omite.
