¡Merece celebración!

El tener que sentarnos en dos años con la OCDE para acceder a la membrecía de esta organización es ya de por sí un mérito, pero, más que esto, es un compromiso.

Con razón, nuestro empresariado recibe con parabienes la noticia, así como los que nos dedicamos a procurar la certeza del ambiente de negocios para nuestros clientes, en oferta de imparcialidad jurídica en materia tributaria, mejora en la competitividad, y lo más supremo de un Estado de derecho: la seguridad jurídica.

Pero, al igual que estar invitados a una fiesta de gala implica tener que aprender de etiqueta propia, código de vestimenta y conducta, esto necesariamente compromete a una política de Estado –más allá que una de gobierno– que integre una agenda de consenso entre los sectores productivos y las profundas reformas que requerimos se hagan al tamaño y eficiencia del Estado, la calidad y cantidad del gasto público, la mejora de las condiciones de competitividad en gestiones que van desde la excesiva e innecesaria tramitología hasta la modernización y mejora de la infraestructura, como puertos, aeropuertos y carreteras.

Debemos también modernizar nuestro sistema legal en su conjunto, hacer una integración normativa a los tiempos que corren, esto desde las normas de protección efectiva del consumidor, hasta la correspondiente a la normativa de transparencia de rendición de cuentas tanto en el sector público como privado.

Debe velarse por tener un sistema sustentable de manejo de las finanzas públicas haciendo decisiones valientes en materia de la estructura fiscal y tributaria del país, ya que no podemos mantener una ley de renta basada en la realidad económica de los años 40 del siglo pasado, ni una ley de impuesto de ventas que sea un imperfecto IVA.

Como dijimos, un eventual ingreso a la organización de los países más desarrollados de la Tierra no convierte en ricos a los pobres, ni en eficientes a los ineficientes, ni en ordenados a los desordenados, ni en seguros a los carentes de seguridad jurídica.