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Óscar Arias inauguró en 2007 obras en la planta de Cariblanco, estratégica en la generación eléctrica nacional. La política energética del Gobierno anterior fue en parte equivocada, opinó la presidenta Laura Chinchilla. | ARCHIVO.
Los propósitos de año nuevo de la presidenta Laura Chinchilla están marcados en buena parte por el éxito del proyecto sobre
Presentado ya al Congreso, instalado de manera preliminar en una comisión especial y con el sello de “urgente” puesto por el Ejecutivo, el proyecto está a la espera de viabilidad política, tras varios años de vaivenes agravados por la lucha de intereses entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el sector de la generación privada.
“El proyecto de
“Los gobernantes debemos estar abiertos a la crítica, sin importar de dónde provenga y quién la formule, siempre y cuando se haga en un tono de respeto. No es correcto creer que solo lo que uno hace o propone es lo bueno o lo conveniente para el país, y que los demás no puedan tener iguales o mejores propuestas”, agregó la Presidenta, a quien Arias culpó de estar al frente de un proyecto que “desincentivará” las inversiones del sector.
El gobierno de Chinchilla decidió replantear el proyecto durante sus primeros 100 días de gestión, y pretende potenciarlo en el Congreso para aprovechar los cuatro meses de sesiones extraordinarias, de control del Ejecutivo.
Ella calificó la propuesta de “una base para la discusión y el debate nacional”, pero señaló la necesidad de un marco de respeto entre los actores políticos y del sector.
La mandataria advirtió, sin embargo, que los esfuerzos por crear un mercado eléctrico basado en energías limpias no dependen solo de este proyecto, pues enumeró varias acciones que corresponden solo del Ejecutivo y que no se aplicaron durante las administraciones pasadas. “Llegar a este 30% (de generación privada permitida en la ley vigente) no requiere legislación adicional, sino voluntad de los gobernantes, la cual no ha existido sino hasta a la fecha”, añadió.
“El aprovechamiento máximo de las leyes 7.200 y 7.508 no se ha dado, y es objetivo del presente Gobierno asegurar que no continúe esta política, a nuestro criterio errónea”, agregó la Presidenta.
