Un tema de discusión que últimamente se ha dejado de lado entre los ciudadanos costarricenses es el de la conformación de un Estado laico en nuestro país. Algunos, desinteresados, consideran el tema como trillado e incluso aburrido y poco importante. Otros llegan al extremo de decir que hay que concentrarse en problemas “más serios”. Pero considero que este es un asunto que defiende la igualdad de derechos, la justicia y la creación de una patria mejor, y por ello es de vital importancia y actualidad. Pienso que es necesario recordar las “virtudes de un Estado laico”, en palabras de la filósofa Laurencia Sáenz en su opinión del 27 de junio del 2011, para este periódico. Como costarricenses, debemos comprender que un estado laico no traerá sino beneficios y libertad, sin preferencias azarosas basadas en prejuicios religiosos.
Neutralidad del Estado. Muchos no tienen claro qué es un Estado laico. Entendemos este concepto tan discutido como un proyecto esencialmente político que propone la neutralidad religiosa del Estado, en aras de salvaguardar la libertad de conciencia, para así adoptar los parámetros de una república democrática que alberga todo tipo de personas con distintas creencias y religiones.
No es, por lo tanto, una propuesta para crear un Estado “ateo”, ni mucho menos, sino que plantea una serie de modificaciones políticas que ayudarán a conservar la universalidad del Estado, y, por ende, a no ser discriminatorio ni preferencial. El laicismo en ningún momento pretende negar a Dios ni a ninguna religión en particular; en cambio, se da a la tarea de ser neutral para defender la libertad de todos los ciudadanos que alberga. Tampoco pretende el laicismo ser anticlerical, sino más bien anticlericalista, es decir, opuesto al clericalismo, entendido como la influencia excesiva del clero en asuntos políticos.
Costa Rica es uno de los pocos Estados confesionales que hay en América, junto con Haití y Panamá. Todos los demás países americanos han entendido, por lo menos en este aspecto, que la única manera de ejercer una libertad real de pensamiento es no imponer una religión en la Constitución, sino más bien proteger a todos sin brindar beneficios o preferencias solamente por su escogencia religiosa.
Con lo anterior, resulta bastante inverosímil pensar cómo la Conferencia Episcopal, en el artículo “¿Por qué nos oponemos a un Estado laico?” publicado en este periódico el 19 de setiembre del 2009, se opone a dicho proyecto, aludiendo a la “identidad cultural” del ser costarricense y a que la Constitución Política ya defiende la libertad religiosa, entre otros argumentos. ¿Qué clase de libertad religiosa real hay en el artículo 75 de nuestra Constitución, en el que se impone la religión católica como la del Estado, y el mantenimiento económico de esta?
Irracional oposición. Sobre todo, resulta aún más inverosímil la irracional oposición de la Conferencia Episcopal, cuando se lee la encíclica papal Deus caritas est, promulgada en el 2006, en la que se afirma que “el Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones”. Esto evidencia que en el seno mismo del Vaticano se acepta y se acoge la idea de un Estado laico, que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Basta entender que no se trata de un asunto de odio religioso, sino más bien de respeto por la diversidad de pensamiento de todos los ciudadanos, una preocupación genuina por defender la base ideológica esencial del Estado y la Constitución: abrigar a todos sus ciudadanos sin preferencias ni discriminación.
El tema del Estado laico debe interesar a todo ciudadano que comprenda la multiculturalidad del mundo en que vivimos, y lo incorrecto de brindar beneficios políticos y económicos a una religión en particular. En cambio, hay que preguntarse qué clase de intereses hay detrás de aquellos que no desean que ningún cambio ocurra.
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