Gobierno insiste en desterrar huelgas que afecten servicios públicos esenciales

San José (Redacción). Gobierno y sindicatos vuelven a discrepar sobre la propuesta del primero que busca desterrar las huelgas en el sector público generadas por sectores que afectan servicios esenciales.

Desde octubre del 2012 el Ejecutivo afirmó que no se puede permitir que las huelgas en el sector público puedan llegar a afectar los aspectos esenciales de la población, particularmente que pudiera ponerse en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas, como lo permitía el código que fue vetado por esta administración.

Aunque el Gobierno afirma en un comunicado que elaboró la propuesta escuchando a las distintas organizaciones laborales, la Asociación Nacional de Empleados Públicos no apoya la propuesta.

En ella se prohíbe totalmente la huelga en servicios de salud como hospitales y clínicas y sus servicios de emergencias, las huelgas en los servicios de electricidad, agua y servicios; en todas las fuerzas de policías, incluyendo la civil, de tránsito, naval, aérea, de fronteras y aviación; en servicios de atención a la población infantil y adulta mayor, en la Cruz Roja, bomberos y en oficians de control sanitario y fitosanitario.

Tampoco podrán hacerlo del todo las instituciones de carga y descarga de muelles y atracaderos.

El ministro de la Presidencia Carlos Ricardo Benavides, afirmó que en muelles no podrán ir a huelga los empleados que atiendan naves de seguridad, naves de medicamentos, cruceros o barcos que traen combustible.

Los funcionarios que atienden barcos que traen graneles o perecederos se pueden ir a huelga  siempre y cuando dejen funcionando un plan de servicios mínimos.

Las instituciones o empresas que prestan servicios de suministro y distribución de combustibles también tienen ciertas restricciones. De ninguna manera se pueden ir a huelga los que suministran el combustible que requieren las instituciones que velan por la vida, la salud o la seguridad de las personas, incluyendo al ICE, que al producir electricidad entra en el primer grupo de servicios esenciales.

La iniciativa del Ejecutivo busca regular protestas en servicios de transporte público de personas, donde se pide que quede operando un plan; lo mismo en servicios bancarios y financieros; servicios de expedición y entrega de pasaportes, así como de documentos de identificación a personas extranjeras y servicios que presta el Tribunal Supremo de Elecciones.

De manera parcial, es decir siempre y cuando se garantice el cumplimiento de un plan de servicios mínimos de funcionamiento, también pueden ir a huelga los administrativos de la Caja Costarricense del Seguro Social; servicios jurisdiccionales en materia constitucional, contravencional, penal, contencioso administrativo, pensiones alimentarias, violencia doméstica y tránsito; y servicios de alimentación a la niñez.

La propuesta del Gobierno le permite al Ejecutivo que en caso de huelgas en servicios esenciales se pueda sustituir inmediatamente a los huelguistas e incluso se pueda despedir a los funcionarios que falten a la regla establecida de no abandonar su puesto en los mismos.

También establece un procedimiento abreviado para que los tribunales resuelvan en un término de tres días la legalidad o no de una huelga y no como sucede en la actualidad que duran meses sin resolver.

Esta propuesta ingresó a la corriente legislativa el martes.

“No apoyamos esa propuesta en los términos en que está en este momento, por eso buscamos alternativas, pero ellos (el Gobierno) cerraron todos los espacios para poder negociar, dijo Wálter Quesada, secretario adjunto de la ANEP.

Sostuvo que la Organización Internacional del Trabajo OIT reafirma que en servicios esenciales no pueden haber huelgas y en eso coinciden, pero exigen activar otros mecanismos alternativos de negociación como por ejemplo los laudos arbitrales y las convenciones colectivas.

Esta nota fue actualizada a las 6:55 p. m. con pormenores suministrados por el Ministro de la Presidencia.