7 diciembre, 2011
 Quienes buscan y cotizan para un plan voluntario de pensiones, deben saber que el beneficio fiscal corresponde a una exención del aporte que realice a su fondo, siempre y cuando no supere el 10% de su salario. | ARCHIVO
Quienes buscan y cotizan para un plan voluntario de pensiones, deben saber que el beneficio fiscal corresponde a una exención del aporte que realice a su fondo, siempre y cuando no supere el 10% de su salario. | ARCHIVO

El Ministerio de Hacienda y las operadoras de pensiones acordaron eliminar el beneficio fiscal que se aplica a los fondos voluntarios y que consiste en la exención del impuesto sobre la renta de los aportes que haga el afiliado.

A cambio, las partes introdujeron una aclaración sobre la exención de los retiros de los regímenes de pensiones de capitalización individual en el plan fiscal.

Las operadoras, representadas por Popular Pensiones, también negociaron que quede explícita en el Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria una exención a los rendimientos por ganancias de capital y que se disminuya el impuesto al valor agregado (IVA) de sus comisiones de administración a un 2%.

En la normativa actual, el beneficio fiscal que se da a los cotizantes de un fondo voluntario no puede sobrepasar el 10% de su salario.

Según las operadoras de pensiones, son pocas las personas que aplican ese incentivo pese a que cotizan a un plan voluntario.

“Con la decisión se afecta a la minoría, aunque hubiéramos preferido mantenerlo”, indicó Marvin Rodríguez, gerente de Popular Pensiones, quien participó en la negociación con Hacienda.

Según Rodríguez, los resultados de la negociación fueron consensuados con la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (Acop) .

Dudas. Para José Manuel Arias, gerente de BAC Pensiones, el acuerdo todavía debe revisarse con calma, para evitar que queden cabos sueltos que puedan prestarse para interpretaciones disímiles.

“Por ejemplo, si el patrono hace un aporte, esa contribución se sumará al ingreso gravable del trabajador. Entonces, no queda claro si al perder la deducción fiscal del 10% actual, el trabajador tiene que asumir el impuesto sobre su aporte y el de su patrono”, afirmó Arias.

Consultado sobre lo pactado, Édgar Robles, superintendente de Pensiones, indicó que la materia tributaria no es campo de acción de la Superintendencia de Pensiones (Supen). No obstante, tiene reservas sobre los acuerdos logrados.

“Las operadoras mantenían la posición de que si se gravaban los beneficios, muchas personas iban a retirar los recursos; pero la posición de Supen es que si sucede esto es porque esas personas están en un plan para aprovechar un arbitraje tributario y no para una pensión”, dijo Robles.

La Supen además señala que el resultado de esa negociación dista de la práctica internacional.

“Es una decisión de política fiscal, pero no responde a un criterio técnico en materia de pensiones”, aclaró Robles.

Ahora, corresponde a los diputados evaluar si lo negociado procede para incorporarse al plan fiscal. También, está en sus manos la interpretación auténtica de la Ley de Protección al Trabajador que presentó Supen, con el apoyo del diputado Wálter Céspedes (PUSC).