En el 2000, la Universidad de Costa Rica (UCR) creó el Comité Ético Científico (CEC) con el propósito de “...promover el respeto a la dignidad de la población, ejercer control en las investigaciones con personas y asegurar la rigurosidad científica”. Como se desprende de la cita precedente, el CEC es un órgano fundamentalmente controlador, pero no únicamente en lo que atañe a la ética de la investigación, sino también en lo que se refiere a su calidad científica.
Esto último fue reafirmado en un documento publicado en junio del 2012, titulado “Lecciones aprendidas” y suscrito por la Dra. Jacqueline García Fallas, en su condición de coordinadora del CEC.
De lo ético a lo académico. En el documento referido, explícitamente se manifiesta que el CEC se encargará de garantizar que las investigaciones realizadas puedan “culminar con el aporte científico y académico esperado”, y que aprobará las propuestas de investigación siempre que cumplan “con todos los aspectos académicos y éticos”.
Curiosamente, en el Reglamento Ético Científico, aprobado por el Consejo Universitario en mayo del 2000, no se indica, al definir las funciones del CEC (capítulo IV), que tal instancia deba ejercer control sobre los aspectos académicos o científicos de las investigaciones.
De esta manera, en su afán por velar por la dimensión ética de la investigación, la UCR ha establecido una instancia que va más allá de lo ético y ha adquirido una posición de tanto poder que le permite pronunciarse sobre la dimensión académica y científica de toda investigación que involucre a seres humanos, por encima de lo que hayan acordado los consejos científicos de los centros e institutos de investigación, las comisiones de los distintos programas de posgrado y las comisiones de trabajos finales de graduación.
Si bien en el reglamento mencionado el campo de acción del CEC se circunscribe a las investigaciones realizadas por académicos de la UCR, en la práctica el CEC ha extendido su cobertura para incluir también a estudiantes de licenciatura y de posgrado.
Desincentivos. Igual de grave es el hecho de que, al crear el CEC y al aprobar el reglamento correspondiente, la UCR dejó de lado los diferentes niveles de participación que los seres humanos pueden tener en las investigaciones académicas y científicas.
Al elaborar un solo protocolo, diseñado en función de las investigaciones biomédicas, la UCR ha fomentado una burocratización innecesaria de la investigación y, en el campo de las Ciencias Sociales en particular, ha creado requisitos que podrían desincentivar ciertas investigaciones con seres humanos.
De hecho, numerosas investigaciones que los periodistas costarricenses realizan hoy como parte de su trabajo cotidiano, ya no podrían ser realizadas por investigadores y estudiantes de la UCR sin el visto bueno del CEC, que exige que por cada ser humano participante se complete un extenso documento llamado “Fórmula de consentimiento informado”. Además, el CEC, como se indicó anteriormente, se arroga la potestad de intervenir también en los aspectos académicos de las investigaciones.
Reformas. En razón de lo expuesto, sería oportuno que la Rectoría y el Consejo Universitario tomen medidas inmediatas para ajustar las competencias del CEC a lo que específicamente establece el Reglamento Ético Científico.
Igualmente, dicho reglamento debería ser reformado para introducir protocolos diferenciados y permitir a consejos científicos y comisiones de posgrado y de trabajos finales de graduación velar por la dimensión ética de los proyectos de investigación que se les presentan, de acuerdo con las particularidades de las distintas disciplinas. Una descentralización de este tipo permitiría llevar a cabo las funciones de control ético de manera más eficiente y precisa, y haría innecesaria la existencia del CEC.
Con un poco de sentido común, y menos impulsos burocratizantes y controladores, el asunto de la ética en las investigaciones se podría resolver de mejor manera para los investigadores involucrados y para los seres humanos participantes.
Empezar a debatir reformas como las aquí planteadas es urgente porque, al asumir la tutela de personas mayores de edad que están en pleno uso de sus facultades y de sus derechos civiles, la UCR ha abierto un peligroso espacio en el que la defensa de la ética podría conducir a prácticas lesivas para la libertad de cátedra, colindantes con la censura previa y emparentadas con la ahora extinta “ley mordaza”.