Un error cometido hace 10 años y medio, mantiene al Congreso en suspenso sobre la vigencia o no del convenio de patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos, firmado en 1998.
Ayer el plenario fue escenario de un encendido debate, cuando el diputado Luis Fishman, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó la validez del permiso otorgado el jueves para que 46 buques de guerra y 53 de guardacostas de Estados Unidos ingresen a aguas ticas, entre el 1.° de julio y el 31 de diciembre de este año.
Fishman alegó que la vigencia del acuerdo (que él mismo aprobó en 1999 siendo diputado) expiró en octubre de 2009, pues según dijo, la misma ley lo señala.
La tesis de Fishman encontró el apoyo de José María Villalta, del Frente Amplio, y el Partido Acción Ciudadana (PAC), cuyo jefe, Juan Carlos Mendoza, exigió una revisión del acuerdo de cooperación.
El congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Chacón, defendió la validez del convenio y refutó la tesis de Fishman. Advirtió que un protocolo de junio de 1999 señalaba que el convenio no tenía plazo de vencimiento alguno.
Esta posición ya había sido exteriorizada en 2008 por el Ministerio de Seguridad Pública.
Al dar cuentas del error a la embajada de Estados Unidos, la entonces ministra Janina del Vecchio señaló que, “por razones que se desconocen, no se cita textualmente en la ley de aprobación” del convenio ese protocolo y negó que hubiere plazo de finalización.
Fishman y Villalta objetaron esa tesis al alegar que dicho protocolo no había sido incluido en la Ley N.° 7929, que le da validez al convenio, y que, por lo tanto, lo vigente era el texto publicado.
Chacón recalcó que si bien ese plazo de 10 años se suscribió en un principio, al objetarlo la Sala, tanto EE. UU. como Costa Rica firmaron el protocolo para ajustar el texto a lo señalado por los magistrados.
Ante las dudas, el presidente legislativo, Luis Gerardo Villanueva, suspendió ayer la discusión del tema. Sin embargo, aclaró que el permiso para los barcos sigue vigente.
Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre las Drogas, quien fue miembro del equipo negociador del acuerdo, dijo que el convenio de patrullaje conjunto no implica plazos, y que esa voluntad se había expresado en el protocolo, que por error, no se incluyó en el texto de la ley en 1999.