La doble nacionalidad de José Manuel Urbina Lara, quien en 1993 ocupó la Embajada nicaragüense en Costa Rica y retuvo a varios diplomáticos, sería uno de los principales escollos para extraditarlo desde Nicaragua, según fuentes del Poder Judicial costarricense.

El escepticismo trascendió al mismo tiempo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Guillermo Vargas Sandino, afirmó que la solicitud tica será tramitada por su despacho "de la forma más rápida" para determinar si es aceptada o no.
El Departamento de Información y Relaciones Públicas del Poder Judicial, tras consultar con el Juzgado Tercero de Instrucción de San José, admitió ayer la dificultad que significa para la extradición que Urbina Lara mantenga su nacionalidad nicaragüense.
Urbina Lara nació en Nicaragua, pero se naturalizó costarricense. Sin embargo, la legislación nicaragüense admite la doble ciudadanía.
Según aquella dependencia, Costa Rica pidió la extradición del sospechoso amparado en el hecho de que es naturalizado costarricense.
Carlos Arroyo Ugarte, defensor de Urbina Lara, confirmó a una emisora nicaragüense que prepara un escrito para demostrar que las disposiciones constitucionales de Nicaragua prohíben la extradición de ciudadanos nacionales por "índole política".
En una polémica decisión, un jurado de conciencia de Managua absolvió a Urbina --el 12 de junio--.
José Manuel Urbina Lara fue acusado de cometer varios delitos en el asalto a la Embajada de Nicaragua, que se prolongó durante casi dos semanas, en marzo de 1993. Al concluir el plagio huyó a República Dominicana con $250.000.
Mientras en Nicaragua se le absolvió por los delitos de plagio, exposición de personas al peligro, asociación para delinquir y daños a la propiedad pública, en Costa Rica tiene pendientes cargos por secuestro extorsivo, actos de terrorismo, asociación ilícita y tenencia de armas prohibidas en perjuicio de la tranquilidad pública y los derechos humanos.
Para el abogado penalista, Luis Fernando Burgos, los delitos atribuidos a Urbina en Costa Rica no fueron juzgados en Nicaragua, en primer lugar porque los ofendidos aquí no fueron a declarar al vecino país.
Tanto Burgos como la directora legal de la Cancillería, Gioconda Ubeda, coincidieron en que en Managua se le juzgó por perjudicar la propiedad pública, pero en Costa Rica se le acusa por el perjuicio causado a la tranquilidad y a los derechos humanos.
La solicitud de extradición fue planteada a Nicaragua desde el 3 de febrero, tres días después de que Urbina Lara fue capturado en Nicaragua.