EscucharFollow @jchidalgo Otto Pérez Molina, de Guatemala, se ha convertido en el primer presidente en ejercicio en proponer la legalización de las drogas como mecanismo para combatir el narcotráfico. De tal forma, ha abierto el debate sobre un tema que ha sido ampliamente discutido en círculos académicos, pero rara vez se menciona a nivel político. Su propuesta merece el apoyo de los demás presidentes latinoamericanos.
No queda duda de que la prohibición de las drogas ha sido un fracaso. En EE. UU., el porcentaje de la población mayor de 12 años que consume estupefacientes ha aumentado de 5,8% en 1991-93 a 8,9% en el 2008 (equivalente a 21,8 millones de individuos). Según la última Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas 2011 del Departamento de Justicia, “el abuso de varias de las principales drogas ilícitas, incluyendo la heroína, la marihuana y la metanfetamina, parece estar aumentando, especialmente entre los jóvenes”. No hay duda de que la prohibición no ha detenido el consumo de sustancias ilícitas en el principal mercado mundial.
Efectos nefastos de la prohibición. Y en el tanto haya demanda por drogas en EE. UU., habrá oferta. La pregunta es si dicho negocio debería estar en manos de empresarios legales –como con el alcohol y el tabaco– o en las manos de criminales violentos. La prohibición ha optado por el segundo escenario, con las consecuencias por todos conocidas: en México la guerra contra las drogas ha costado la vida de más de 50.000 personas en los últimos 5 años. En Centroamérica, el narcotráfico es responsable por alrededor del 60% del crimen, y ha colocado a países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice entre los más violentos del mundo. En Sudamérica, los recursos del narcotráfico han servido para financiar a grupos terroristas como las FARC en Colombia o el Sendero Luminoso en Perú. Es claro que en América Latina la guerra contra las drogas impone un enorme costo en términos de vidas, dinero y deterioro de las instituciones.
La prohibición de las drogas ha hecho del narcotráfico un negocio extremadamente lucrativo. Esto se debe a que el precio de una sustancia ilegal se determina más por el costo de la distribución que por el costo de la producción. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, el precio de la hoja de coca en el campo y lo que paga un consumidor en las calles estadounidenses por el polvo blanco aumenta en más 100 veces. Dependiendo de la droga, el 90% o más del precio minorista del estupefaciente corresponde a la prima generada por la prohibición. Por esta razón, los márgenes de ganancia de los carteles de la droga son enormes. Según cifras de las Naciones Unidas, el comercio mundial de estupefacientes alcanza los $320.000 millones al año.
A pesar del claro fracaso de la prohibición, muchos malentendidos abundan sobre la legalización de las drogas. Por lo tanto, es importante enmarcar el debate dejando claro lo siguiente:
•Primero. La legalización no implica aprobar o incentivar el consumo de drogas. El consumo de estupefacientes es una realidad histórica de la humanidad con la que debemos aprender a convivir.
•Segundo. Hay una diferencia muy importante entre consumo de drogas y el abuso de ellas, tal y como existe una enorme diferencia entre consumo de alcohol y alcoholismo. No todo consumo de drogas se convierte en drogadicción.
•Tercero. También existe una diferencia crítica entre las consecuencias negativas de la drogadicción – como la desintegración familiar, problemas de salud, pérdida de productividad, etc.– y las consecuencias negativas de la prohibición de las drogas, tales como el crimen, la violencia, la corrupción y altos niveles de mortalidad por consumo. Mucha gente, al argumentar contra la legalización, trae a colación imágenes de violencia y crimen, cuando en realidad estos son flagelos causados por la prohibición y más bien disminuirían significativamente una vez que el mercado negro de las drogas desaparezca con la legalización.
•Finalmente, es importante aclarar que la legalización no pretende resolver el problema de la drogadicción ni los males sociales asociados a este fenómeno, los cuales es mejor abordar desde un enfoque de salud pública y no criminal. Lo que la legalización pretende es eliminar los efectos negativos de la prohibición antes señalados.
Temores infundados. El principal argumento contra la legalización radica en el temor de que haya un aumento significativo en el consumo de drogas. Para eso es importante repasar la experiencia de Portugal, que en el 2001 se convirtió en el primer país en despenalizar oficialmente el consumo de todas las drogas, incluyendo la cocaína y la heroína. Un estudio del Glenn Greenwald publicado por el Cato Institute encontró que “la despenalización no había tenido efectos adversos en las tasas de consumo de drogas en Portugal”, las cuales “en muchas ocasiones se encuentran ahora entre las más bajas de la Unión Europea”.
Cabe señalar que, si bien el consumo no aumentó como muchos temían, el número de adictos registrados en clínicas de rehabilitación se triplicó entre 1999 y el 2008. Es decir, la despenalización permitió enfrentar de mejor manera el flagelo de la drogadicción al remover el estigma criminal de los adictos y tratarlos como pacientes.
La experiencia de Portugal es valiosa. Sin embargo, la despenalización del consumo, a pesar de ser un paso en la dirección correcta, no elimina el mercado negro del narcotráfico. Cabe señalar que el fallido experimento de la prohibición del alcohol en EE. UU. de 1920 a 1933 fue de hecho un régimen de despenalización: el consumo de licor era permitido, pero no su producción y comercialización.
Al legalizar las drogas, como propone el presidente guatemalteco, los Gobiernos obtienen más control sobre el mercado de estupefacientes al poder regular y gravar la producción y venta de los narcóticos, como actualmente ocurre con el tabaco y el alcohol. El dinero derivado de los impuestos sobre las drogas les permitiría a los Gobiernos brindarles tratamiento a los adictos. Sin embargo, la mayor ventaja de la legalización es que ahuyentaría en gran medida a los elementos criminales del negocio de las drogas, disminuyendo, si no eliminando del todo, la violencia, el crimen y la corrupción asociados con el narcotráfico.
Ningún proponente de la legalización ha dicho que esta sea una panacea. Sin embargo, sí es substancialmente mejor que el fracaso patente de la prohibición. La legalización no es una solución al “problema de las drogas” ya que la drogadicción continuará siendo un flagelo. Pero así como la prohibición del alcohol resultó ser un enfoque equivocado al problema del alcoholismo, de igual forma la guerra contra las drogas ha sido un enfoque errado al problema del abuso de las drogas.
Otto Pérez Molina ha puesto el dedo sobre la llaga con su propuesta de legalización.
Ya era hora que un presidente latinoamericano alzara la voz ante una guerra contra las drogas cuyos costos caen desproporcionadamente en la región.
La hora, pues, del debate ha llegado.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas para América Latina en el Cato Institute- . Twitter: @jchidalgo
