Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso le bajaron el perfil a su plan para reformar la Sala IV.
Un nuevo texto omite puntos planteados en la propuesta inicial que fueron criticados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora; la presidenta de la Sala IV, Ana Virginia Calzada, y el exdiputado José Miguel Corrales (promotor de la creación de esa Sala en 1989).
En este plan los diputados ya no tratarán de eliminar la potestad de la Sala para ordenar a la Administración Pública que cumpla sus sentencias.
Esta disposición cambiaría, y por el contrario, la Administración Pública, es decir, las instituciones del Estado tendrían ocho días para cumplir las disposiciones de los magistrados.
Además, al mantener la propuesta para crear los tribunales de ejecución de la pena, los magistrados se asegurarían que sus sentencias se cumplan.
Además, eliminaron la propuesta para que los medios de comunicación sean corresponsables de publicaciones de artículos de opinión. Este punto había sido cuestionado incluso por la Sociedad Interamericana de Prensa.
La nueva propuesta quedó acogida ayer por votación de cinco contra uno, con el apoyo de los diputados de Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario; solo votó en contra el legislador del Frente Amplio, José María Villalta.
Otros puntos sí se mantienen en el plan de ley, como la eliminación de consultas de constitucionalidad por el fondo de los proyectos que se discuten en el Congreso.
De aprobarse esta modificación, los diputados que tienen interés en presentar una consulta sobre un plan de ley por la forma necesitarán 19 firmas para enviarlo a la Sala, y no 10 como lo señala la ley hoy.
Además, las bancadas que impulsan los cambios a la Sala también pretenden una reforma a la Constitución Política, para crear tribunales especiales que vean recursos de amparo y hábeas corpus, y de esta forma dejar a los magistrados de la Sala solo con consultas constitucionales.
Este texto implica un nuevo proceso de audiencias y consultas en la Comisión de Asuntos jurídicos, por lo que los planteamientos podrían cambiar.
De momento, el proyecto debe ser publicado en el diario oficial