EscucharSan José (Redacción). La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó esta mañana que presentó una solicitud de desestimación de la causa seguida contra Rodrigo Arias Sánchez y otros imputados por el manejo de $2 millones donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante el gobierno anterior.
Según el comunicado, la misiva se realizó el pasado 23 de diciembre y detalla que la Fiscalía dio por finalizada la investigación por falta de pruebas que pudieran reafirmar la hipótesis planteada al inicio del proceso.
La solicitud deberá ser revisada por un juez en una audiencia preliminar.
Por parte, el ex ministro de la Presidencia se mostró satisfecho con la decisión de la Fiscalía. “Desde hace más de tres años y medio he esperado pacientemente, con la serenidad de quien sabe que siempre ha actuado correctamente, tal como ha quedado acreditado. Ahora se reafirma con claridad y contundencia lo que tantas veces expresé a lo largo de este proceso: sin importar cuánto tiempo transcurra, la verdad no se extingue y yo, sobre este caso, dije la verdad desde el primer día.” afirmó Arias.
Arias reafirmó que continúa con sus aspiraciones a una candidatura presidencial por el Partido Liberación Nacional. El exministro añadió que el año entrante se dedicará a visitar varias dirigencias del partido en todo el país y a reunirse con comités que analizan la realidad nacional.
Según declaró, una vez que el partido abra los procesos formales de precandidatura, Arias presentará su nombre.
Rodrigo Arias era investigado por supuestos delitos de peculado, fraude de ley y reconcimiento ilegal de beneficios laborales, cuando contrató varias consultorías pagadas por el dinero que el BCIE puso a disposición del Gobierno de Óscar Arias Sánchez.
El gobierno de Arias optó por no incluir en las cuentas del estado el aporte no reembolsable del banco y usarlas como fondos para apoyar las operaciones de la Presidencia.
Durante el 2007 y el 2008, la oficina del BCIE en Costa Rica se encargó de pagar los honorarios de 84 consultores seleccionados por la Presidencia para labores de comunicación y legal, aunque también se pagaron servicios de secretarias, un mecánico, un mensajero y un músico.
Arias señaló que con la desestimación de la causa “queda de esta manera destruida definitivamente la maledicencia de quienes, sin pruebas, se atrevieron a afirmar que en estos convenios existieron “fondos secretos”, “chequeras ocultas”, “cuentas corrientes de libre disposición”, “pago de sobresueldos a funcionarios” o la “ejecución de fondos públicos fuera de presupuesto”.
Tengo claro que esos ataques y la tozudez irresponsable para reconocer las pruebas que acreditaron desde siempre mi probidad, son instrumentos de una política que algunos hacen con minúscula; una política donde las ideas se sustituyen por las ofensas, los argumentos por los insultos y el respeto por las calumnias; una política que privilegia la mezquindad en el debate y que se niega a levantar la cabeza, mirar al frente y pensar en grande”, indicó Arias.
