EscucharLa violencia sexual contra la mujer, de cualquier edad es un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. Las Naciones Unidas la definen como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito”.
En 2001, la actual viceministra de Salud, Dra. Sisy Castillo, publicó los resultados del seguimiento a los delitos sexuales que son “atendidos para valoración médica clínica y psiquiátrica-psicológica” en el Consejo Médico Forense: el 74% correspondió a víctimas femeninas; en el 69% de los casos el rango de edad para ambos sexos fue entre 6 y 14 años.
Los delitos sexuales que se apelaron en un 87,15% correspondieron a violación y abusos deshonestos. La duración del abuso denunciado fue clasificado como “crónico” en el 66,08% de los casos. Las víctimas presentan síntomas emocionales y de conducta en el 69% de los casos, y físicos en un 28%. En la mayoría de los casos, los ofensores fueron de sexo masculino, mentalmente sanos, mayormente miembros de la familia o amigos de ella, lo que ubica al agresor en una posición de poder o autoridad en relación con la víctima.
De 2002 a 2003, en Costa Rica, el rubro de delitos sexuales, estipulado como abuso sexual contra menores o incapacitados denunciados pasó de 805 a 1407 denuncias. No obstante, el aumento puede corresponder a mayores denuncias y no necesariamente a aumentos en la incidencia.
En 2009, un trabajo interdisciplinario –en el que participé– analizó la violencia sexual y mecanismos de denuncia en estudiantes de sexto grado en una escuela de la provincia de Heredia. Concluimos que el conocimiento de la población sobre las herramientas para combatir la violencia sexual es superficial. Nuestras propuestas resultan obvias: educar a la población menor de edad para que reconozca una situación de riesgo o se reconozca en una situación de abuso o violencia sexual, y pueda expresar y denunciar tal situación. La meta debe ser, en primera instancia, que se rompa el silencio: ¡que la tasa de denuncia no siga siendo inferior a la incidencia!
Violación a menores. En 2012, un reportaje periodístico de La Nación (10 de julio) muestra un caso de una menor de 11 años que resultó embarazada, y a los 12 ya era madre. De paso muestra otra de nuestras realidades: el incumplimiento reiterado del obligado deber de denunciar la violación, delito tipificado.
Existe violación sexual si el acto es cometido contra un niño o niña menor de trece años de edad; existe obligación de denuncia por parte de los familiares, de las maestras que se enteran del hecho, de los funcionarios que atienden el embarazo y el parto.
La prensa debe ayudar a crear conciencia sobre el deber de denuncia contra el “delito de silencio”.
Es deseable que en las guías de educación sexual promovidas por el Ministerio de Educación, cuyo contenido aún ignora la opinión pública, se incluyan prioritariamente los temas de pudor, intimidad, respeto al cuerpo, detección de situaciones de riesgo y ¡hablar!: sí, que los niños y las niñas se atrevan a contar cuando alguien ha roto su pudor y su intimidad, violentando su cuerpo y cometiendo el delito de abuso sexual o violación en su contra.
La denuncia de la violencia sexual, la intolerancia a todo vejamen sufrido por una persona menor de edad, fortalece la calidad de vida y la salud, y contribuye a restituir los derechos humanos de las víctimas.
