17 mayo, 2011

Años atrás escribí en este mismo medio periodístico un artículo titulado “Defender culpables” (La Nación, 20/07/00), en el cual señalé que “la labor del defensor consiste –honorablemente– en velar incondicionalmente y ante cualquier situación por que las garantías del proceso se cumplan para cualquier ciudadano (') quien tiene a cargo una defensa penal debe tener muy claro que su labor consiste en procurar la legalidad del proceso y no la justicia del hecho”.

Aún hoy día algunos “colegas” se rasgan las vestiduras y se dan el tupé de emitir críticas destructivas contra quienes –en el ejercicio privado de la abogacía– hemos decidido asumir como defensores técnicos en casos penales que, según estos críticos, no deberíamos llevar los abogados litigantes.

Sin ningún fundamento válido afirman que quienes están siendo acusados por ciertos delitos (ej. de narcotráfico o sexuales) solo deberían ser defendidos por defensores públicos, atropellándose con semejante afirmación el sagrado derecho fundamental que toda persona tiene de contar (en todos los casos sin excepción) con un abogado de su total confianza para que ejerza la defensa técnica.

El razonamiento es tan absurdo que prácticamente convierten a los abogados defensores en partícipes del hecho por el cual se incrimina al imputado. Es comprensible que algunos ciudadanos no sepan cuál es el rol del abogado defensor en el proceso penal, pero es el colmo que “colegas” critiquen sin conocimiento e ignoren los fundamentos básicos del ejercicio profesional.

Ética profesional. No es antiético ejercer como abogado defensor de una persona acusada en un proceso cualquiera, ya que si a esta se le llegara a demostrar su culpabilidad –más allá de toda duda razonable– inevitablemente tendrá que asumir su responsabilidad y las consecuencias derivadas de su error.

Por el contrario, sí es antiético recurrir a las mentiras para engañar a las autoridades judiciales o ejercer presiones “desde fuera” para lograr los objetivos de una denuncia. Algunos “abogados” recurren –con preocupante frecuencia– a ejercer incesantes presiones –a través de la prensa– contra los jueces que juzgan sus casos, irrespetándose con dicha “estrategia” la independencia judicial.

La única intención de estos “abogados” es ganar a toda costa lo que –por sus propias limitaciones profesionales– no pueden lograr ante los estrados judiciales.

Cuando los abogados defensores ejercemos nuestra función con honestidad y transparencia dentro del proceso penal, sin lugar a dudas podemos dormir en paz; y esto es totalmente independiente a la eventual responsabilidad que –como se dijo antes– le tocará asumir a la persona cuando las pruebas la señalen como autor(a) de un hecho punible y, consecuentemente, se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

Así fueron establecidas las reglas del proceso penal por el legislador conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos (y otras normas internacionales); entonces, cualquier cuestionamiento ético habría que hacérselo a quienes aprobaron estas leyes y no a los abogados que trabajamos apegados a dichos lineamientos jurídicos preestablecidos.

Afirmar que personas acusadas por ciertos delitos no merecen ser defendidas por abogados particulares significa menospreciar la dignidad humana y la libertad de autodeterminación; y refleja la ignorancia absoluta de las garantías judiciales contenidas en todos esos instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que ninguna normativa alrededor del mundo hace la exclusión de estas (ni siquiera las legislaciones más represivas).

Juego limpio. El “juego limpio” ( fair play ) –que se reconoce en el fútbol– también aplica en los procesos penales. En estos también hay “jugadores sucios” que recurren a los engaños y a las mentiras (fraude procesal) para lograr sus objetivos; sin embargo, gracias a la experiencia y la alta preparación académica que poseen hoy día la mayoría de jueces y juezas del poder judicial, se aplacan muchos intentos de “juego sucio” que pretenden estos embusteros de la mala fe.

De todos modos, estos “abogados” mañosos están bien detectados dentro del aparato judicial y, dichosamente, su credibilidad ha venido en detrimento con el paso de los años. Creen, como quizá sí les funcionaba hace más de una década con triquiñuelas y habladurías ayunas de todo contenido jurídico, que pueden manipular a los funcionarios judiciales e imponer sus falsedades como antes; sin embargo, hoy día sus fracasos profesionales son cada vez más evidentes porque muchos jueces y juezas ya “no tragan cuento”.

Es prudente que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica dé un “jalón de orejas” a los “abogados” que convierten en charlatanerías y circos mediáticos los casos en que intervienen, ya que ese síndrome de actor, la mala actitud y la altanería, desprestigian nuestra digna profesión.