EscucharRolando Araya, excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), recuerda las razones atendidas para adelantar la fecha de la convención partidaria en 1980. El país estaba sumido en la peor crisis económica y política de la segunda mitad del siglo XX y el partido, en la oposición, necesitaba un líder consolidado para fungir como interlocutor del Gobierno y dirigir los esfuerzos de la bancada legislativa.
Fueron circunstancias extraordinarias y la fecha de la convención no se ha vuelto a adelantar desde entonces. Hoy, el PLN está en el Gobierno y los problemas del país, si bien urgentes, no revisten la gravedad de 1980. Un candidato prematuro se constituiría en un poder en sí mismo. Serían muchas las oportunidades de interferencia con la administración de la presidenta Laura Chinchilla.
El alineamiento de las fuerzas partidarias con el precandidato ganador sería un fenómeno inevitable, apto para distraer esfuerzos de la labor gubernamental. Peor aun, implicaría el riesgo de crear un gobierno paralelo, orientado por las exigencias de la política electoral y con la vista puesta en los comicios del 2014.
El país no puede darse el lujo de incorporar al manejo de la cosa pública nuevos elementos de confusión ni multiplicar la atomización política existente, en buena parte responsable de la parálisis institucional. Cuando el PLN llevó a la actual administración al poder, adquirió un compromiso con Costa Rica. Está obligado a cumplirlo a cabalidad, dedicándole todas sus capacidades y esfuerzos.
No siempre lo ha hecho. Durante los primeros 18 meses de esta administración fuimos testigos del ensayo de lo que podría ocurrir si el PLN adelanta la selección de su candidato. La desunión de las facciones liberacionistas se manifestó con fuerza en el Congreso y otros escenarios de la vida política, sembrando confusión y discordia, en detrimento de la labor gubernamental.
El argumento público a favor del adelanto de fecha es estrictamente económico. Celebrar la elección del candidato en conjunto con las asambleas distritales le daría al Partido la oportunidad de economizar recursos, pero el ahorro es poco en relación con los riesgos políticos implícitos en la propuesta.
La pugna interna se desataría prácticamente al instante, adelantando el ciclo político contra la tendencia, afianzada en los últimos años, de acortar los procesos electorales. A fin de cuentas, estaría por verse si el resultado para el país, no solo para el PLN, es realmente un ahorro. El ejemplo liberacionista podría precipitar acontecimientos en otras agrupaciones políticas, temerosas de quedar atrás, sin una cara visible para representarlas ante el electorado mientras el PLN exhibe a su flamante candidato.
No hay más argumentos. El PLN está en el poder; sería irresponsable si asumiera una actitud antagónica frente al Gobierno salido de sus filas y no enfrenta un reto inmediato de la oposición, donde nadie plantea la posibilidad de adelantar la selección de candidatos. Tras los desencuentros del inicio, provocados precisamente por la prematura manifestación de las tendencias internas, la bancada legislativa liberacionista ha conseguido una convivencia, tal vez incómoda, pero suficiente para procurar objetivos comunes.
Las decisiones del Comité Ejecutivo y la Asamblea General del Partido sobre esta materia son graves y trascienden el cerrado círculo de los órganos de dirección internos. Bien podrían afectar el desempeño del Gobierno y, con él, el bienestar del país.
Si el deseo de ahorrar es sincero, no serán pocas las oportunidades de demostrarlo en los meses venideros. En algunas ocasiones, lo barato sale caro, dice con razón el refranero.
